NYC lanzan frente de lucha contra nueva propuesta migratoria de Trump

La Administración Trump pretende cambiar la ley sobre beneficios migratorios y esta vez su objetivo no son sólo los indocumentados sino aquellas personas que pueden convertirse en residentes o ciudadanos, pues una nueva iniciativa pretende negarle la Green Card a aquellos que hayan recibido algún tipo de asistencia pública, como cupones de alimentos o servicios de salud y vivienda. Sin embargo, las organizaciones pro inmigrantes de la Gran Manzana anunciaron que no se quedarán de brazos cruzados y darán la pelea.

Así lo aseguró este lunes el presidente de la organización New York Immigration Coalition (NYIC), Steven Choi, quien criticó duramente la nueva propuesta de la Administración Trump, que esta vez pone en la mira a los inmigrantes que están tratando de ajustar su estatus migratorio y salir de las sombras, y anunció el lanzamiento de una campaña de 60 días en la que se movilizarán en rechazo a la medida.

“El Departamento de Seguridad Nacional está queriendo que las familias inmigrantes tengan que elegir entre usar programas de salud pública, alimentación y vivienda, y obtener una visa o residencia legal en los Estados Unidos. Tenemos 60 días para convertir el miedo y la intimidación en acciones”, dijo el activista de inmigración, quien anunció que durante los próximos dos meses, tiempo que el Gobierno por ley da para escuchar comentarios y posturas sobre su propuesta, incrementarán el frente de lucha.

El Gobierno federal defiende su postura manifestando que no quiere que los inmigrantes sean una carga, y aunque la amenaza ha generado mucho temor entre la comunidad, desde ya los líderes, activistas y políticos de la Gran Manzana aseguran que la pelea que darán será fuerte, con el fin de evitar que esa iniciativa vea la luz.

Choi calificó la medida del Gobierno como “injusta y muy peligrosa”, no solo contra aquellos solicitantes de residencia sino que afectaría directamente a familias donde varios miembros son ciudadanos. “La regla afecta a los programas para niños, muchos de los cuales son ciudadanos de Estados Unidos en familias de estatus mixto, donde hay personas naturalizadas, nacidas aquí y otros que están tratando de regularizar su situación”, agregó el activista.

Choi describió el plan como una amenaza de Washington que penalizaría directamente a muchos inmigrantes por usar programas de asistencia federal como Medicaid, Medicare Parte D, subsidios de vivienda, y cupones de alimentos, fundamentales en el diario vivir de muchos neoyorquinos.

Afectados alzan la voz

El rechazo a la propuesta también se dejó sentir entre los propios inmigrantes que serán afectados, y empezó con una protesta la tarde este lunes en la esquina de las calles Orchard y Delancey, donde se concentraron varios manifestantes para rechazar la medida, descrita como “una afrenta más” a los inmigrantes.

Blanca, una madre ecuatoriana que recibió beneficios públicos de Medicaid, y quien vive en el país hace 18 años, confesó que la iniciativa le genera temor, pero agregó que la manera de frenarla es protestando en un frente común.

“Cuando llegué acá, recibí Medicaid y me ayudó a ser hoy una persona saludable, y es injusto que ahora quieran penalizar a quienes han necesitado de estas ayudas”, dijo la inmigrante. “Aunque es solo una propuesta, es algo que me preocupa mucho. Aquí en Queens la mayoría somos inmigrantes y si se meten con programas como el Medicaid y los cupones, la gente no vaya a tener salud o alimentos, porque hay muchas familias que dependen de eso”.

Criminalizan a los inmigrantes

Javier H. Valdés, codirector ejecutivo de la organización Make the Road New York (MRNY), se sumó a la campaña contra la medida, y destacó que criminaliza sin ningún ocultamiento a los inmigrantes de bajos recursos. El activista rechazó la iniciativa e hizo un llamado a la movilización para luchar contra la injusticia.

“Los cambios propuestos marcan una dramática escalada en el intento de la Administración Trump de despojar a los inmigrantes de su estatus legal y criminalizar la pobreza en comunidades de color en todo el país”, dijo el líder de MRNY. “Trump se dirige a familias inmigrantes, incluyendo a niños nacidos en Estados Unidos. La propuesta de Trump si se aprueba (…) se usaría como arma contra padres inmigrantes, lo que restringiría el acceso de las familias inmigrantes a lo básico que todos necesitamos para sobrevivir”.

Pero las preocupaciones van más allá del plano migratorio. Y así lo advierte Lisa David, presidenta de la organización Public Health Solutions, quien destacó que aunque la propuesta federal aun es solo un plan, ya ha hecho daños a las necesidades básicas de muchos inmigrantes.

“Nosotros atendemos a un número amplio de familias de bajos ingresos y ya están aterrorizadas. El efecto no es hipotético, es algo que ya está pasando y es inmoral, porque muchos van a dejar de recibir ayuda por no perder sus beneficios migratorios”, comentó David. “¿Cómo van a alimentar a sus hijos? y ¿cómo esos niños van a poder estudiar bien? Es una campaña del miedo contra que la que tenemos que luchar con fuerza”.

¡Qué no cunda el pánico!

Max Hadler, especialista en políticas de Salud de la NYIC, destacó que por ahora no debe cundir el pánico entre quienes usan beneficios y advirtió no solo que los beneficiarios no deben retirarse de esos programas sino que explicó que de aprobarse, la ley solo comenzaría a afectar a quienes reciban ayuda pública desde que se firme la iniciativa y no va a ser un riesgo para quienes hayan usado las ayudas antes ni actualmente.

“Lo más importante es que la gente sepa que el anuncio todavía no marca un cambio en la ley, sino que apenas es un intento de cambio y les digo que sigan usando los beneficios, porque la ley que se está proponiendo no tiene una penalidad retroactiva, es decir que quienes hoy están inscritos en esos planes de ayuda no van a ser castigados por haber usado esos beneficios en un momento en que la ley no era vigente”, explicó el activista. Asimismo, destacó que todo el proceso antes de que se tome una decisión tomará no menos de cuatro meses, en los que hay que ejercer presión.

“Así como el Gobierno tiene la potestad de promover algo, nosotros tenemos el derecho de reaccionar ante eso y la administración tiene la obligación de contemplar esos comentarios y no rechazarlos”, concluyó.

El presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, también anunció que la Ciudad dará la pelea y dijo que “haremos lo que sea humanamente posible para luchar contra esa propuesta”, que calificó de “cruel” y “un ataque más a los inmigrantes”.

Rayza Rodríguez, vicepresidenta de Política y Planeación de la organización WIN, que ofrece servicios de ayuda a mujeres desamparadas y sus familias, rechazó la propuesta federal y dijo que tendría un impacto “abismal” entre la mayoría de personas a las que atienden.

“Tenemos mucho miedo por los niños principalmente, porque sabemos que en muchos de nuestros refugios los niños ciudadanos tienen padres inmigrantes y eso aumenta el susto de sus familias para rechazar la asistencia que necesitan y pueden sufrir hambre y falta de cuidado médico”, dijo la activista. “Por eso tenemos que alzar nuestra voz y poner presión”.