Repartidor de pizza “siente temor” por apelación de ‘La Migra’ a su caso

En julio pasado, y luego de permanecer en poder de ‘La Migra’ durante casi dos meses, el repartidor de pizza Pablo Villavicencio sintió que la pesadilla del encierro y la separación de su familia había terminado, luego que el juez Paul Crotty ordenó que mientras el ecuatoriano peleaba su caso de inmigración para permanecer en el país, debía estar libre y no podría ser deportado.

Pero este miércoles la angustia regresó para la familia del inmigrante, pues sus abogados recibieron una notificación en la que el Gobierno federal les anunciaba que apelará la orden judicial que evitó la deportación de Villavicencio, incluso ignorando que en agosto pasado la Oficina de Inmigración (USCIS) aprobó su solicitud de ajuste de estatus por estar casado con la ciudadana Sandra Chica y tener dos hijas también ciudadanas.

Funcionarios de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York notificaron a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito su intención de apelar el fallo judicial que lo liberó.

Adriene Holder, abogada de la asociación The Legal Aid Society, que representa al ecuatoriano, manifestó su molestia con la decisión de la Administración Trump, pero advirtió que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias, dando una fuerte batalla.

“Estamos decepcionados, pero no sorprendidos, de que el Gobierno haya decidido apelar. Continuaremos representando vigorosamente al Señor. Villavicencio y luchando para mantener a su familia unida”, aseguró la defensora. “El Juez Crotty del Tribunal de Distrito de Estados Unidos emitió el verano pasado de manera decisiva una sentencia a favor del Señor Villavicencio, un hombre de familia descrito por el Tribunal de Distrito como un ‘ciudadano modelo’”.

“No puedo negar que siento temor”

Tras conocer las nuevas intenciones del Gobierno federal sobre su caso, Villavicencio, quien tiene una orden de deportación pendiente tras no cumplir una salida voluntaria del país de 2010 cuando tuvo una solicitud fallida de asilo, calificó la nueva movida del Gobierno federal como un claro acto de “retaliación”, por exigir sus derechos. Incluso sus abogados exigen que el gobierno asuma el costo financiero de su defensa, (unos $190,000) como corresponde a cualquier acción legal que “no esté sustancialmente justificada”.

“Justo en el momento en que todos pensábamos que esta pesadilla había terminado y que podíamos estar tranquilos peleando mi caso para que lo reabran en la corte de Inmigración, nos llega este nuevo golpe que es un acto injusto contra mi familia y contra mí, por parte de una Administración llena de intolerancia que no se cansa de faltarle el respeto a las comunidades minoritarias de las que cree que no tenemos voz ni poder”, dijo el ecuatoriano, quien se mostró confiado de que sorteará este revés.

“Mis abogados están preparando la defensa de este caso, pero sé que con la ayuda de ellos y de Dios, vamos a salir victoriosos, pues hemos demostrado que aunque la Administración crea que está por encima de la ley, hay una Constitución que es muy clara y está por encima de ellos”, agregó el inmigrante, quien destacó que esta vez está tratando de asumir las cosas con más calma por el bienestar de sus hijas de 5 y 3 años.

“No puedo negar que uno siente temor, no porque hayamos hecho nada malo, sino porque ellos son personas muy poderosas que han promovido la intolerancia, pero somos gente de bien y estamos optimistas de que eso prevalecerá”, concluyó el ecuatoriano, quien hizo un llamado a los votantes para que sepan elegir en los comicios de noviembre a candidatos que logren cambiar la composición del Congreso federal a fin de promover agendas más progresistas que amparen a los inmigrantes ante el clima de “Ataques de la actual administración”.

Villavicencio fue detenido por ‘La Migra’ el 1 de junio pasado cuando llevaba un ‘delivery’ de pizza a la unidad militar Fort Hamilton, en Brooklyn. Allí, el uniformado que lo recibió, le pidió una identificación, y como había hecho ya en otras ocasiones, en ese mismo lugar, el inmigrante presentó el ID Municipal (IDNYC), pero como no pudo mostrar otro documento, sin ningún mérito adicional, el militar llamó a ‘La Migra’ con el parte de tener en sus manos a “un indocumentado” y se lo llevaron.

El presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, también rechazó las intenciones del Gobierno federal en el caso del inmigrante.
“Pablo Villavicencio no merecía ser retirado de su familia y detenido por ICE durante casi dos meses. Ahora el gobierno federal quiere prolongar la pesadilla y apelar su liberación. Esto es cruel, inhumano”, dijo el líder político.