Carteros neoyorquinos advierten que intenciones de privatizar el correo son una afrenta a la clase trabajadora

Actualmente enviar una carta a cualquier rincón de Estados Unidos cuesta 49 centavos y por ordenes legislativas, el correo debe llegar bajo las mismas condiciones a las grandes ciudades y los pueblitos más recónditos, pero eso pronto pudiera cambiar considerablemente si el Gobierno federal aprueba una nueva iniciativa que pretende privatizar el servicio postal.

Así lo denunciaron este lunes líderes políticos y decenas de carteros de Queens, quienes se reunieron en una jornada de protesta en Flushing, para manifestar su total oposición a la iniciativa federal. Con carteles, en los que se leía la frase: “el correo de Estados Unidos no está a la venta”, los manifestantes advirtieron que semejante decisión tendría efectos gravísimos.

“Vender el servicio del correo a corporaciones privadas sería desastroso para nuestro país, y por eso quisimos sumarnos en este día a varios grupos a nivel nacional para decirle claro y duro al Presidente, y de la manera más fuerte, que el correo no se vende”, aseguró la congresista Grace Meng.

La líder política de Flushing dijo que “una vez más” la Administración Trump quiere quitarle las protecciones a las comunidades trabajadoras e inmigrantes, y beneficiar solamente a los ricos, pues advirtió que los costos del servicios aumentarían drásticamente y los beneficios de los empleados quedarían como cartas tiradas al aire.

“Este presidente cada día busca nuevas maneras de atacar a la comunidad inmigrante, y este plan va a dañar directamente a adultos mayores, (el 25 por ciento de los empleados son veteranos), dueños de pequeños negocios, que son mayormente inmigrantes, y gente que vive en ciertas áreas, que ya no van a tener acceso al servicio”, dijo la legisladora, agregando que el plan hasta ahora había sido mantenido en las sombras. “Es importante que le digamos a la gente lo que está pasando, porque mucha gente no conoce estas intenciones”.

La política de Queens destacó que junto a otros legisladores, presentó en el Congreso un proyecto de ley para proteger el servicio postal de la privatización, que cuenta con el respaldo de 223 congresistas demócratas y republicanos, en la Cámara baja, y 42 legisladores en el Senado y de paso le recordó a Trump que para la mayoría de los cambios que pretende hacer, tendrá que vérselas con el Congreso.

La dominicana Yvelis Medina, quien trabaja como repartidora de correspondencia desde hace 13 años, calificó de “aterradora” la propuesta y dijo que generaría caos en los ingresos de familias de carteros como ella.

“Si esa iniciativa se aprueba, yo puedo perder mi trabajo porque ellos van a tener que hacer recortes o van a querer dejar a alguna gente pagándoles menos, acabando con los beneficios que tenemos y olvidándose de nuestra antigüedad”, dijo la madre de tres hijos, advirtiendo que el plan no piensa en los trabajadores ni en su calidad de vida. “Nosotros ganamos hasta 64,000 dólares al año y tenemos un muy buen seguro de salud donde pagamos un porcentaje mínimo. Yo tengo cinco semanas de vacaciones al año, me pagan días festivos y días de enfermedad. Puedo pagarle la universidad a mi nena mayor pero, nuestro dinero lo reducirían. Trump está jugando con nuestro futuro con una agenda que es solo para los ricos, no para los pobres ni los de clase media”.

Rosalina Fontanera, quien está casada con el cartero Andrew Fontanera, hace 16 años, también se mostró contra la propuesta y dijo que “es un ataque” a las familias.

“Mi esposo lleva 31 años trabajando en el correo. Gracias a su trabajo pudo comprar nuestra casa y terminarla de pagar ya. Siempre salimos de viaje porque tiene un muy buen sueldo y estábamos tranquilos de pensar que podíamos pagarle la universidad al niño cuando salga de la escuela, pero si eso se aprueba nos destruiría a todos”, dijo la peruana. “Los empelados tienen beneficios tan buenos, como por ejemplo que los días de enfermedad son acumulables si no se usan y mis esposo, que es un hombre fuerte, ya lleva dos años casi acumulados, es un ahorro que perderíamos si privatizan el correo”.

En abril pasado el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para crear un grupo de trabajo especial que analizara el impacto de una reforma del sistema postal si se privatiza, pero según los manifestantes, aun no se han presentado las conclusiones y el plan de privatizarlo ya está armado desde junio.

George Mangold, presidente de la Asociación de Carteros del Estado de Nueva York dijo que detrás del plan de privatización solo hay interese económicos ya que la industria de correo mueve unos $70,000 millones anualmente. “El servicio de correo es un servicio para la gente, que está contenido en la Constitución. Nunca ha sido un negocio pensado para hacer dinero y ahora quieren sacar provecho”, dijo el activista. “La privatización destruiría ese derecho, pero no vamos a dejar que se venda al sector privado”.

Tony Paolillo, presidente de la sucursal de Flushing de la Asociación Nacional de Carteros, se sumó a las quejas y destacó que además de poner en riesgo más de 7 millones de trabajos a nivel nacional y afectar a los pequeños negocios que dependen del correo para sus envíos y compras, sería un golpe bajo directo a los clientes y a la economía.

“Más de 5% de todos los trabajos a nivel nacional están conectados con el correo y se verían afectados”, dijo, agregando que aquellos habitantes de regiones donde no es rentable llevar correo por las distancias, quedarían sin el servicio o tendrían que pagar precios muy altos.

Los manifestantes también destacaron que al privatizar el correo se pone en riesgo el envió de decenas de votos de quienes ejercen su derecho en ausencia en cada proceso electoral.

El Gobierno federal no ha hecho un pronunciamiento oficial ante las protestas que tuvieron lugar no solo en Flushing sino en diferentes regiones del país.