Alcaldía hace un llamado a la calma tras anuncio de posibles cambios en regla de “carga pública”

Un mes después de que la administración Trump anunciara que aquellos inmigrantes que usan legalmente asistencia pública como ayuda alimentaria y vales de vivienda de la Sección 8, podría negárseles la obtención de una “Green Card” o residencia permanente, algunos funcionarios de la Ciudad se reunieron para hacer un llamado a la calma.

En un encuentro con la prensa realizado este martes, el vicealcalde de Iniciativas de Política Estratégica, Phillip Thompson; Bita Mostofi, comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes (MOIA); Steven Banks, comisionado del Departamento de Servicios Sociales y Grace Bonilla, administradora en la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad, analizaron el impacto que podrían llegar a tener estos cambios en la regla de “Carga Pública”  para más de 470,000 neoyorquinos, sin embargo, enfatizaron en que esto aún no está en vigencia.

“Es importante aclarar que la regla está en un proceso de recepción de comentarios hasta el 10 de diciembre, por lo que aún no está en vigencia”, dijo Mostofi. “Además, luego de esto, el Gobierno Federal deberá revisar estos comentarios y en caso de que sea establecida, habrá un periodo de gracia de 60 días, antes de que sea puesta en funcionamiento”.

Mostofi recordó a la ciudadanía que “nada ha cambiado”, e indicó que la Alcaldía continuará su compromiso con la comunidad inmigrante para pelear en contra de esta regla. “Vamos a seguir compartiendo información con todos a medida que sepamos más sobre este proceso pero que no quepa duda de que estamos listos para pelear con todas nuestras fuerzas contra esta política que atenta contra nuestros amigos, vecinos y familiares”.

Banks, por su parte, recalcó la importancia de comunicarse con un abogado de la ciudad para recibir asesoría directa sobre cada caso específico.

“No sabemos quiénes serán afectados, por lo tanto, el mensaje que queremos enviar es que nada ha cambiado. No queremos que la gente deje de usar los servicios”, dijo Banks, quien reiteró que esta propuesta no cambiaría los requisitos de elegibilidad para los programas de beneficios públicos en NYC.

Debido a lo confuso que puede llegar a ser el tema, la administración De Blasio ha puesto a disposición de los neoyorquinos una página de internet, con toda la guía sobre los posibles cambios. En ella, los visitantes también pueden enviar sus comentarios al Gobierno Federal hasta el 10 de diciembre. Además, la línea 311 es otra alternativa para contactar gratuitamente a un abogado de inmigración que podrá aclarar la situación para cada persona.

MOIA indica que “Los refugiados, asilados, solicitantes de visas U o T, auto-solicitantes de VAWA, Jóvenes Inmigrantes Especiales y aquellos con ciertos otros estados no están sujetos a una prueba de ‘carga pública’. Además, esto no afecta la solicitud de ciudadanía”.

Servicio para todos

Israel Rocha Jr., CEO del Hospital de Elmhurst, que sirve un área de aproximadamente un millón de personas en Elmhurst, Queens, una de las comunidades con mayor diversidad étnica en el mundo, con 20,000 inmigrantes recientes de 112 países diferentes, destacó que los servicios continúan brindándose a todos los residentes, sin importar su estatus migratorio y que no cambiará en el futuro.

“Queremos que sepan que pueden venir porque no habido ningún cambio y en el futuro buscaremos la manera de trabajar para que todos puedan continuar recibiendo estos servicios médicos en NYC”, apuntó Rocha Jr.

Censo 2020

El encuentro también sirvió de escenario para analizar la realización del Censo de 2020, un análisis estadístico que ha sido criticado por muchas organizaciónes, debido, en parte, a la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía, sobre todo, en comunidades de inmigrantes.

Para Thompson, participar del censo es clave para que la ciudad continúe recibiendo los fondos federales, que ascienden a unos $50,000 millones.

“Lo primero es decirles que es completamente seguro participar de este censo”, explicó. “Llenar el censo es también una forma de decir: estamos aquí, y vamos a pelear por nuestros derechos”.

Mostofi, por su parte, indicó que los inmigrantes pueden participar del censo de manera segura, debido a las leyes federales que protegen esta información.

“Es un proceso completmente confidencial bajo la ley”, concluyó.