Claves para entender los mitos de la Administración Trump sobre la caravana  migrante

La caravana migrante continúa su travesía por México.

La caravana migrante continúa su travesía por México. Crédito: EFE

WASHINGTON—El presidente Donald Trump ha aparcado su agenda económica y, en vez,  ha advertido de una amenazante “invasión” de inmigrantes indocumentados en la frontera sur, como parte de su estrategia para movilizar a su base a las urnas el próximo martes.

Pese a que la caravana de inmigrantes centroamericanos viene desarmada, ha bajado en número y aún está a cerca de mil millas de distancia de la frontera sur, en las últimas dos semanas Trump ha querido mantener la atención mediática sobre la puesta “invasión” que amenaza la seguridad fronteriza y la seguridad nacional.

La caravana, iniciada en Honduras el pasado 12 de octubre –principalmente a través de las redes sociales-, está compuesta en su mayoría por gente pobre y que huye de la violencia en Honduras, El Salvador y Guatemala.

Trump ha insistido en que su Administración no los dejará pasar y ayer mismo dijo en la Casa Blanca que firmará una orden ejecutiva para detenerlos en “ciudades de carpa”, además de otras medidas de “mano dura” contra la inmigración ilegal, aún si éstas contravienen el derecho internacional.

“Si no quieren que EEUU sea embestida por masas de extranjeros ilegales y gigantes caravanas, más les vale votar por los republicanos”, dijo Trump anoche durante un mitin político en Columbia (Missouri).

A continuación, las cinco principales mentiras e imprecisiones más frecuentes que ha utilizado Trump en los últimos días contra la inmigración ilegal para sumar puntos políticos y movilizar a su base a las urnas:

Administración Obama también separó familias.

Aunque la administración del presidente Barack Obama separó a algunos niños de sus padres en la frontera, eso sucedió en casos excepcionales y no había una política deliberada para separar familias.

La Administración Obama sí envió a albergues del gobierno a centenares de niños no acompañados centroamericanos durante la crisis migratoria de 2014, y envió a unidades familiares a centros de detención para familias mientras esperaban respuesta a sus casos.

En cambio, la Administración Trump implementó en abril pasado una política de “tolerancia cero” en la frontera sur que permitió el procesamiento judicial de familias que cruzan ilegalmente la zona, y de esta forma los separó de sus hijos.

Pero el DHS no ha publicado cifras sobre cuántos niños fueron separados debido al enjuiciamiento de sus padres, ni bajo esta Administración ni bajo la anterior.

La Administración Trump separó a poco más de 2,500 menores de edad y los mandó a albergues del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) pero, bajo presiones políticas, Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 20 de junio que frenó la separación de familias pero mantiene en pie la política de “tolerancia cero” y la detención de familias.

HHS todavía tiene bajo su custodia a unos 250 niños que fueron separados de sus padres, y la Administración argumenta que no los puede reunificar porque sus padres ya fueron deportados, tienen antecedentes criminales, o no se puede establecer su parentesco.

Demócratas alientan ingreso de criminales.

Trump ha rechazado que su retórica incendiaria esté contribuyendo a la violencia política en EEUU, y continúa acusando a los demócratas de promover leyes que, a su juicio, alientan la inmigración ilegal y el ingreso de extranjeros criminales.

En su cuenta en Twitter, difundió un controvertido anuncio electoral que mezcla imágenes de la caravana migrante con las del mexicano Luis Bracamontes, quien fue condenado a la pena de muerte por el asesinato en 2014 de dos policías en California.

“Los demócratas le permitieron entraron, los demócratas le permitieron quedarse”, asegura el video de casi un minuto, que ha obtenido casi tres millones de vistas pero ha sido condenado por la oposición y grupos cívicos en todo el país.

Trump dijo a sus seguidores que “es indignante lo que están haciendo los demócratas a nuestro país. Voten republicanos ahora!”.

Pero ni Trump ni el video explican que Bracamontes reingresó ilegalmente a EEUU bajo la Administración Bush, entre 2001 y 2002.

Tampoco señalan que, antes de su último reingreso ilegal, Bracamontes había sido arrestado por drogas en Phoenix (Arizona) en 1997, y puesto en libertad por el entonces alguacil del Condado de Maricopa, Joe Arpaio, según el diario “The Sacramento Bee”.

Caravana tiene criminales, pandilleros y posibles terroristas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dicho que “más de 270” miembros de la caravana migrante tienen antecedentes penales, incluyendo pertenencia a pandillas, pero no ha explicado cómo dio con esa cifra. Tampoco ha demostrado que presuntos terroristas en suelo estadounidense se han colado por la frontera sur.

Según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), miembros de grupos extremistas blancos estuvieron implicados en 49 asesinatos en 26 ataques entre 2000 y 2016, más que ningún otro grupo radicalizado en este país.

Tanto grupos humanitarios como los medios de prensa desplegados en la vía de la caravana han dado testimonio de que la mayoría de los integrantes son personas pobres que cargan sus pocas pertenencias con la esperanza de llegar hasta la frontera sur y solicitar asilo.

Las leyes de EEUU y el derecho internacional permiten que toda persona pueda solicitar asilo en cualquier punto de la frontera sur. En la actualidad, hay un atasco de hasta 800,000 casos de asilo a la espera de resolución en los tribunales de Inmigración.

Hay más de 25 millones de inmigrantes indocumentados y la mayoría no se presenta a citas en las cortes.

El mandatario afirmó esta semana que cesará la práctica de “atrapar y soltar” a los inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera, y culpó a esa práctica por la presencia de entre 25 millones y 30 millones de inmigrantes “sin papeles”.

Sin embargo, el Centro de Investigación Pew ha dicho que para 2016, había alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados.

Trump también ha reiterado el argumento de grupos anti-inmigrantes de que la mayoría de los detenidos en la frontera no se presenta a las citas judiciales y “se pierden en el país” para nunca más ser vistos.

Sin embargo, datos del Departamento de Justicia muestran que, en realidad, en los últimos 5 años, hasta el 75% de los inmigrantes indocumentados se presentan a las citas judiciales, y el porcentaje es mayor entre los que reciben acceso a un abogado.

Despliegue militar es para resguardar la frontera.

El Pentágono tiene previsto completar este fin de semana el desplazamiento de 5,200 soldados del Ejército en la frontera, por encima de los 2,100 miembros de la Guardia Nacional desplegados allí desde abril pasado.

Ahora Trump ha dicho que enviará a hasta 15,000 soldados para resguardar la seguridad fronteriza, a un costo que podría ascender a $100 millones.  El nuevo número de soldados representa más del de soldados enviados a Irak y Afganistán, donde sí luchan contra terroristas reales.

Pero el mandatario no explica a sus votantes que, bajo una ley federal de 1878, conocida como “posse comitatus”, las Fuerzas Armadas no pueden hacer cumplir leyes dentro del territorio estadounidense.

Por lo tanto, no podrán detener o arrestar a inmigrantes indocumentados y su labor se limitará a apoyo logístico de la Patrulla Fronteriza.

Fuentes: DHS, USCIS, Departamento de Justicia/FBI, Casa Blanca, “Politifact”, Centro de Investigación Pew y “Migration Policy Institute”.

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