Corey Johnson envía duro cuestionamiento formal a plan federal sobre ‘carga pública’
Presidente del Concejo Corey Johnson. Legisladores de Albany anuncian dura pelea por reformar leyes de rentas en las escalinatas de City Hall. Crédito: Mariela Lombard | El Diario NY
Este lunes 10 de diciembre vence el plazo para emitir comentarios sobre el plan de la Administración Trump de negar beneficios migratorios a aquellas personas que hayan recibido ciertos beneficios públicos. Y aunque el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, ya había manifestado públicamente su oposición a la iniciativa, a través de un duro cuestionamiento formal en representación del organismo legislativo, enviado al gobierno federal, advirtió de los peligros de ese plan.
“Expresamos nuestra fuerte oposición a la regla propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional para expandir drásticamente las circunstancias por las cuales ciertos inmigrantes podrían ser considerados una ‘carga pública’ para fines de inmigración”, dijo el jefe del Concejo. “No solo es una propuesta de odio y de política destructiva con raíces profundamente problemáticas, sino también ataca a Nueva York en sus políticas sobre salud pública, nutrición y otros esfuerzos que ayudan a proporcionar a familias inmigrantes una oportunidad igual de prosperar en nuestra ciudad”.
El líder político le advirtió a la Administración Trump que semejante idea llevará “inequívocamente” a aumentar la pobreza y los costos de salud pública, pues al afectar los programas de nutrición y vivienda se pone en riesgo el bienestar de la ciudad con “un impacto devastador”, en las economías locales, estatales y federales.
El demócrata advirtió que unos 75,000 neoyorquinos de bajos y medianos ingresos, entre ellos beneficiarios de DACA y aquellos inmigrantes que están en el país amparados por el conocimiento y autorización de las autoridades, se verán seriamente afectados. Asimismo unos 420,000 beneficiarios de peticiones de visas basadas en la familia. “Estos individuos necesitarán elegir entre permanecer inscritos en servicios fundamentales y enfrentar adversidades”.
Johnson destacó que la medida afectaría de paso a unas 304,000 personas de bajos y medianos ingresos, entre ellos ciudadanos y residentes, quienes a pesar de no ser afectados por las normas propuestas, preferirían dejar de recibir beneficios públicos por temor a castigos futuros. “Esto incluye un estimado de 72,000 niños ciudadanos y 29,000 individuos con discapacidad”, advirtió el Presidente del Concejo.
