Fiscal James se une a demanda nacional contra plan de ‘carga pública’ de Trump

La fiscal general del estado de Nueva York Letitia Jemes se unió a una coalición de 19 fiscales estatales que apoyan una demanda contra el plan de la Administración Trump que busca frenar el plan de ‘carga pública’, mediante el cual se pretende negar la posibilidad de que un inmigrante que reciba o intente recibir asistencia pública y servicios sociales, pueda solicitar la residencia o la ciudadanía.

La demanda, ‘Alcalde y la Ciudad de Baltimore contra Trump et al.’, cuestiona los abruptos cambios de la Administración de Trump a la guía del antiguo Manual de Asuntos Exteriores (FAM), que ahora permita a los funcionarios consulares considerar la recepción de una amplia gama de beneficios públicos cuando se considera si se debe otorgar permiso a una persona para ingresar al país.

Los fiscales generales argumentan que tienen un gran interés en proteger la salud, el bienestar y la seguridad económica de sus residentes. Esto incluye beneficios públicos diseñados para ayudar a las familias a llegar a fin de mes y asegurar familias sólidas y saludables en todo el país.

“Este es otro intento de la Administración de Trump para restringir la inmigración legal en nuestro país”, dijo la fiscal general James. “Estas nuevas reglas son antiamericanas y obstaculizarán la reunificación familiar y la obtención de la ciudadanía por parte de residentes que han estado aquí por mucho tiempo. Continuaremos luchando por políticas que brinden un camino hacia la ciudadanía y las oportunidades, en lugar de aquellas que las niegan injustamente”.

El 3 de enero de 2018, el Departamento de Estado revisó las secciones de su guía FAM para permitir que los funcionarios consulares consideren el reporte de aquellos que reciben una amplia gama de beneficios públicos. Esto incluye considerar el hogar completo de un solicitante cuando se adjudica la admisión y disminuye el peso que tradicionalmente se otorga a la declaración jurada de respaldo de un patrocinador financiero para determinar si alguien es una “carga pública”. El término carga pública se ha utilizado durante mucho tiempo para describir a las personas que dependen principalmente de Asistencia monetaria financiada por el gobierno o atención a largo plazo. A las personas que podrían convertirse en una carga pública se les puede negar la admisión a los Estados Unidos o el estatus legal permanente.

El 28 de noviembre de 2018, la Ciudad de Baltimore presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito de Maryland, impugnando los cambios de la Administración de Trump a la guía de cargas públicos en la FAM. La Ciudad de Baltimore y su abogado, Democracy Forward, argumentan que la guía de FAM disuade a las familias inmigrantes de aceptar los beneficios públicos de Baltimore, como vivienda, salud, educación y otros programas de asistencia por temor a poner en peligro su futuro estatus legal de inmigración o el estatus de los miembros de su familia. La Ciudad alega además que se verá obligada a gastar recursos para alentar a los inmigrantes a aceptar estos beneficios, y que los cambios en la orientación de la FAM impondrán costos a los programas de Baltimore y a la ciudad en general.