No era abogado de inmigración pero lo ocultó dos veces

Cuesta imaginar que alguien bajo constantes presiones que pueden cambiar el rumbo de una vida pueda mantener la calma. Pero es el caso de Juan. Problemas en su matrimonio, problemas para estar con su hijo, problemas de dinero, con la ley y con inmigración porque Juan, como muchos, es indocumentado.

Pero mantuvo la calma contando cómo el ecuatoriano Ángel Buitrón le convenció de que gracias a sus servicios como abogado de inmigración le iba a ayudar a conseguir regularizar su estatus por la “ley de residencia de 10 años” en el país, una ley que no existe pero que se invoca para describir un proceso para inmigrantes que ya están en vías de deportación y lleva al engaño a muchas personas que desesperadamente precisan esperanza.

También explicó a este diario cómo le terminó pagando $16,500 en metálico, cantidad reflejada en dos recibos genéricos, sin nombre del negocio o dirección, para gestionar su caso y que todavía le demandaba más. Nunca recibió una copia del contrato. Es un dinero que Juan no tenía y que tuvo que pedir a familiares mientras ha vivido en situación extrema por la falta de recursos. En varias conversaciones grabadas en vídeo — que han sido vistos por este diario–, sigue manteniendo la calma pese a las amenazas y los insultos cuando le pregunta qué ha hecho por él cuando le pide más dinero.

El inmigrante, también ecuatoriano, cuestionaba sus servicios porque días antes, cuando ya había estado siguiendo el consejo legal proporcionado por Buitrón, se había enterado de que este no era abogado.

Se lo dijo su novia quien leyó una nota de este diario en la que se informaba que en abril de 2018 el Departamento de Asuntos de Consumidores había llegado a un acuerdo con él para cesar sus actividades y dejar de decir–o dar entender– a sus clientes que era un abogado cuando no está habilitado para ejercer como tal en ninguna jurisdicción. Entonces la ciudad le obligó a restituir $34,050 a inmigrantes que le creyeron y pagar una multa de $150,000.

Reincidir ha llevado a que exactamente un año después, el que ahora se llama Departamento de Protección de Consumidores y Trabajadores (DCWP) de la ciudad de Nueva York a volver con su caso a los tribunales.

Esta vez la demanda presentada por el equipo de la comisionada Lorelei Salas llega a la Corte Suprema del condado de Nueva York y según la funcionaria la intención es abrir un caso “mayor y más en profundidad”.

En abril del año pasado antes de llegar al acuerdo, el departamento dirigido por Salas abrió un procedimiento en el New York City Office of Administrative Trials and Hearings (OATH) que es un tribunal administrativo de la ciudad. Antes de que se llegara a la vista y testificaran los testigos se cerró el acuerdo.

Las 34 páginas de escrito que se han presentado ante el juez, y en las que se pide el cierre de la oficina Buitron Office & Associates en Queens además de restituir el dinero de Juan, describen una trama en la que Buitrón ha vuelto, presuntamente, a llevar a engaño a los miembros de su comunidad muy vulnerables. Para ello contó con la asistencia de la oficina de la abogada Susana T. Abarca, que también es citada en la demanda.

De los testimonios de víctimas como Juan y empleados encubiertos del DCWP se deduce que tras el acuerdo inicial al que llegó con la ciudad, Buitrón fue progresivamente ganando confianza a la hora de volver a presentar sus servicios como los de un abogado. Es lo que se leía en sus tarjetas, es lo que decía sobre sus habilidades (que solo podía ejercer en caso de ser abogado en ejercicio) y de hecho ha firmado un texto como “El Abogado”.

A decir de Juan y su hermano, Buitrón se describía como un profesional que solo aceptaba los casos más complicados. “El mejor para evitar deportaciones”.

Él era el que se encontraba con víctimas como Juan, quien les pedía la documentación con información personal muy delicada y quien tenía todas las conversaciones en español aunque luego les presentaba toda la documentación a firmar en inglés a personas que no entendían del todo este idioma. Como no podía presentarse ante los tribunales era la letrada Abarca quien lo hacía. Ella no entraba en contacto con los clientes, ni en persona ni por teléfono.

Abarca, según su página de medios sociales dice tener vínculos con AILA (American Immigration Lawyers Association), una organización que combate, precisamente, los fraudes migratorios. Esta abogada no tiene un contrato para retener a sus clientes y de hecho estos no saben de su existencia.

Juan habló hace meses con este diario cuando presentó declaración ante el DCWP para iniciar la segunda investigación sobre su compatriota. Reconoció correr riesgos al hacerlo pero también aceptó que era lo correcto.

Cuando Juan envió la nota del El Diario a Buitrón, entre insultos, amenazó a Juan con acudir a su agente de libertad vigilada, a las autoridades de inmigración “si causaba problemas”. Era, según la demanda, una táctica habitual cuando los clientes empezaban a dudar de él.

Salas explicaba a este diario que la jusrisdicción en la que se ha interpuesto la demanda es civil pero están en conversaciones con el fiscal del Distrito de Queens por si se pueden depurar otro tipo de responsabilidades. También se está buscando que termine de pagar la multa que aceptó cuando firmó el acuerdo con la ciudad.

La comisionada lamenta que sea precisamente un miembro de la propia comunidad quien se aproveche de la inquietud, sobre todo de ecuatorianos. Según la demanda Buitrón mostraba su empatía con ellos debido a estas raíces compartidas.

Salas pide a los inmigrantes que ejerzan cautela a la hora de evitar instancias de fraudes que en este caso cuestan más que dinero y aconseja llamar al 311 en caso de problemas o contactar con su departamento si creen haber sido víctimas de fraude.

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