A contrarreloj para salvar parte de la deuda de Puerto Rico
La juez niega ampliar el plazo para recuperar pagos presuntamente inválidos
Cada día, cada vista en un tribunal y cada decisión dan forma al futuro de un Puerto Rico nublado por su pasado y presente económico. Es algo que sigue llevando a personas en todo el país a la calle para protestar la legalidad de una deuda de $72,000 millones en un territorio ahora bajo supervisión y que continúa su lenta recuperación tras el huracán María.
Coincidiendo con la sesión mantenida por la juez del distrito Sur de Nueva York en Manhattan, Laura Taylor Swain, hubo manifestaciones ayer en esta ciudad en San Juan pero también en Hartford (Connecticut), Orlando (Florida), Allentown (Pensilvania), Los Ángeles (California) y Las Vegas. Los convocantes, entre ellos el Center For Popular Democracy Action, Diáspora en Resistencia, VAMOS4PR, Hedge Clippers y New York Communities for Change pedían a la juez que cancelara la deuda que ha llevado a este territorio a la bancarrota.
La queja inmediata de estos grupos se refería a $6,000 millones de la deuda total emitida desde el año 2012 y que han sido declaradas por la Junta de Supervisión Fiscal de inválida y en contra de la constitución de Puerto Rico. Los activistas quieren que la Junta vaya contra las instituciones que se beneficiaron de la emisión de esa deuda antes del 2 de mayo, fecha en la que caduca la posible acción judicial por ello.
Pero la juez no ha fallado a favor de la moción de la Junta de tener más tiempo para demandar a los bonistas que recibieron pagos que no deberían haber cobrado. Este organismo tiene apenas ahora ocho días, y ha de trabajar contrarreloj para compilar la lista de bonistas que presuntamente se han beneficiado de estos pagos. Es altamente probable que la lista sea incompleta y el objetivo de dinero a recuperar se tenga que ver reducido a apenas mil millones.
Muchos de los bonistas que podrían estar en esa lista son jubilados que invirtieron en la deuda municipal de la isla.
La juez no ha desestimado el caso de conceder más tiempo sino que ha explicado que no le convencen los motivos por los que se pide más tiempo, eso permite que los abogados de la Junta de Supervisión puedan volver antes de la fecha final con unos argumentos que sean más concluyentes para ella.
El revés que se registró ayer en la Corte llega en un momento crucial para el futuro de la deuda y de la propia Junta. Este organismo está revisando en estos momentos el presupuesto propuesto por el ejecutivo del gobernador Ricardo Roselló que es de $9,520 millones que es deficitario a pesar de que incluye grandes recortes en distintos municipios y organizaciones como la Universidad de la isla.