Enlace: AMLO, obligado a defender a mexicanos en EEUU

Las redadas y deportaciones masivas de indocumentados han sido una práctica constante en Estados Unidos. En mayor o menor grado, todos los gobiernos de este país han recurrido a esas medidas principalmente por razones de índole política.

Los ejemplos sobran. Basta recordar que en la década de 1930, durante la Gran Depresión, autoridades federales, estatales y locales expulsaron del país a más de 1 millón de personas, el 60% de ellas nacidas aquí, por el solo hecho de ser de origen mexicano. En años recientes, es bien sabido que la administración de Barack Obama despertó un gran recelo entre los defensores de los inmigrantes porque rompió todas las marcas al deportar a más de 2.5 millones de indocumentados, muchos de ellos sin antecedentes penales.

Pero desde que Trump llegó al poder, la incertidumbre y el temor que de manera permanente persiguen a los indocumentados han crecido de manera exponencial por la escandalosa retórica antiinmigrante del mandatario. Hace unos días, debido a que se avecinan las elecciones de 2020, Trump anunció, como un obsequio especial para su base, que pronto comenzarán las redadas masivas. El objetivo principal, subrayó, serán los migrantes que tengan una orden de deportación, cuyo número se estima en alrededor de un millón.

Aunque muchos consideran que el gobierno actual enfocará sus recursos en detener a los centroamericanos recién llegados, el terror se ha apoderado de la comunidad inmigrante. Debido a que muchos de los posibles afectados son mexicanos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha señalado que el gobierno mexicano está listo para defender a sus connacionales, en el entendido de que aun si están indocumentados tienen derechos bajo la Constitución de Estados Unidos.

La defensa, según el planteamiento de Julián Escutia, director general de Protección de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se dará a través de los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos. De acuerdo con Escutia, se han contratado ya 300 abogados que estarán dispuestos a ofrecer consultorías gratuitas a quienes enfrenten el riesgo de ser deportados.

El anuncio de Ebrard refleja la importancia que tiene para la administración de López Obrador la comunidad mexicana en Estados Unidos. El gobierno del país vecino no puede darse el lujo de permitir que los mexicanos que ya están establecidos en la Unión Americana sean repatriados. Esta posibilidad crearía un escenario caótico que complicaría la ya de por sí difícil situación que enfrenta la economía mexicana. No solo se les tendrían que ofrecer trabajos y servicios básicos de salud y educación sino que se podrían reducir de manera considerable las remesas que tanto ayudan a la economía de las familias y que tan solo el año pasado ascendieron a 33,500 millones de dólares.

En ese sentido, cualquier esfuerzo que haga el gobierno mexicano para evitar esa debacle vale la pena.