Trump lo hace otra vez, propone cambios migratorios que lo benefician

Nueva polémica desata el nuevo paquete de cambios migratorios que propone el gobierno de Donald Trump.

Los cambios propuestos por el gobierno para la concesión de visas temporales a trabajadores agrícolas han merecido el rechazo activistas y del poderoso sindicato del sector, que temen propicie el abaratamiento de la mano de obra.

“Al igual que muchas otras políticas de Trump, ésta se trata de autocontrol y autoenriquecimiento. Los trabajadores H-2A trabajan en los viñedos de Trump en Virginia y lo que quiere es pagarles menos”, dijo a Efe la presidenta de la Unión de Trabajadores Campesinos (UFW), Teresa Romero.

El Departamento de Trabajo (DOL, en inglés) presentó esta semana una serie de propuestas para modificar el programa que permite contratar a extranjeros para labores agrícolas temporales bajo el programa de visas H-2A.

En un comunicado, la agencia federal advirtió que las propuestas pretenden “agilizar y simplificar el proceso de solicitud H-2A, fortalecer las protecciones para los trabajadores estadounidenses y extranjeros, y aliviar las cargas innecesarias para los empleadores”.

Pero antes de que sean sometidos a comentarios públicos el sindicato de la Unión de Trabajadores Campesinos (UFW), fundado por el fallecido líder César Chávez y la activista Dolores Huerta, advierte que los cambios sugeridos reducirán los salarios de los extranjeros y que el plan va en contra de los propios trabajadores estadounidenses.

“Los empleadores van a optar por contratar mano de obra barata extranjera a la que pueden controlar a su antojo”, manifestó Romero, la primera mujer elegida presidenta de este sindicato.

La directora ejecutiva de Voces de la Frontera, Christine Neumann-Ortiz, se sumó a las protestas y recalcó que “el presidente Trump tiene una larga historia de explotación de los trabajadores inmigrantes en sus negocios”.

“El programa H-2A les priva a los trabajadores el derecho de cambiar de trabajo, pone barreras contra reclamos a un trabajo digno y mantiene bajos salarios, empeorando las condiciones para todos los trabajadores”, agregó Neumann-Ortiz, que ha liderado la defensa de inmigrantes que trabajan en la industria láctea de Wisconsin.

Grupos sindicales han alertado ya en el pasado de abusos bajo este programa, que se ha ampliado a más de 240.000 nuevos trabajadores, según datos de 2018, la mayor parte procedentes de México, y que consideran “los más vulnerables”.

El programa H-2A se concede de acuerdo con peticiones hechas por empresas agrícolas, que se comprometen al traslado y al alojamiento temporal de los trabajadores del campo, muchos de ellos inmigrantes procedentes de México y Centroamérica.

DOL advirtió que la propuesta también propone ampliar la definición de trabajo o servicios agrícolas, para así incluir a quienes participan en actividades de reforestación, y actualizaría los procedimientos para trabajos relacionados con la esquila de animales y apicultura, entre otros.

El secretario de Agricultura, Sonny Perdue, indicó en un comunicado que la normativa “aumentará la aplicación contra el fraude y el abuso, todo mientras se mantienen las protecciones para los trabajadores estadounidenses”.

Pero Romero alega que “Donald Trump intenta pintar estos cambios como una manera de proteger a los trabajadores estadounidenses. Sin embargo, Trump está estableciendo un nuevo mínimo de hipocresía, racismo y autocontrol, incluso para él”.

Resaltó la necesidad de que el Congreso impulse más bien el proyecto conocido como la “tarjeta azul”, que permitiría a los indocumentados del sector agrícola obtener un permiso de trabajo, poder salir del país y tener un camino a la ciudadanía.

“No podemos permitir esta nueva clase de esclavitud, todos los trabajadores del campo de Estados Unidos deben estar protegidos de la misma forma”, aseveró.

Las propuestas se dieron a conocer la misma semana en que la Casa Blanca presentó una norma que busca impedir que los migrantes pidan asilo político en la frontera sur del país sin haberlo hecho antes en un “tercer país seguro”, propuesta que ya ha merecido demandas judiciales.