“Fue un milagro muy grande”, madre liberada tras 15 meses de detención migratoria
Un artículo de La Opinión logra que el Consulado de México en Santa Ana le proporcione asistencia legal
Después de 15 meses de permanecer detenida por el Servicio de Migración y Aduanas (ICE), Flor Estela García Flores salió libre bajo fianza con un grillete de monitoreo electrónico atado al tobillo. En libertad, deberá ahora librar una batalla legal para permanecer en el país al lado de su esposo y sus tres hijos.
Un artículo publicado en La Opinión en mayo pasado en el que Flor contaba su tragedia migratoria fue determinante para que el Consulado de México en Santa Ana le asignara a la abogada en migración, Mercedes Victoria Castillo, quien logró sacarla bajo fianza, en un caso que parecía casi imposible revertirlo.
“Ha sido un milagro muy grande. Estoy muy agradecida con Dios”, dice Flor bañada en lágrimas.
Apenas el viernes 9 de agosto salió libre tras pasar 13 meses en la cárcel James A. Musick del condado de Orange, y casi dos meses en el Centro de Detención de Adelanto.
“Estos primeros días han sido difíciles. No me atrevo a llevar a mis hijos a la escuela. Estoy muy nerviosa. Siento que no puedo manejar. Me da miedo que me puedan arrestar otra vez. Cuando me detuvo Migración el 2 de marzo de 2018, yo iba a llevar a mis hijos a la escuela”, recuerda.
De 45 años de edad, inmigrante de Chihuahua, México, Flor Esthela fue detenida cuando los agentes de migración ejecutaron una orden de captura de la Interpol en su contra. Ella y su esposo José Luis Silva habían emigrado a los Estados Unidos en 2006 en busca de una mejor vida.
“Días después de que me detuvieron, durante una audiencia en la corte para pedir una fianza y salir libre, me dijeron que tenía una orden de arresto del gobierno de México. Me sorprendí tanto que quise morirme, no podía creer que esto me estuviera pasando. No tengo un récord criminal ni siquiera una multa de tránsito”.
En México, a Flor le pusieron una acusación de robo en una empresa para la que trabajó más de nueve años como cajera, pero una vez que la imputación fue desechada por un juez, vino otro señalamiento por abuso de confianza que no procedió.
De ese incidente había pasado más de una década cuando fue detenida por los agentes de migración al salir de su casa en Fontana, California.
Tuvo que esperar a que hubiera un cambio de gobierno en México para que un magistrado determinara que la acusación debió cerrarse desde 2016, y no tenía porque haberse girado una orden a la Interpol en 2017.
Al borde de la desesperación
Desesperada, desde la cárcel de Orange donde estaba detenida, Flor envió una carta a La Opinión en abril pasado en la que contaba su drama y sus frustrados intentos por comunicarse con el Consulado de México en Santa Ana. Su caso ya estaba en el Noveno Circuito.
“Para esta lucha ya no tengo abogado. Ya no tenemos dinero. Los días se agotan para apelar esta decisión. Yo solo envié una solicitud al Noveno Circuito para que se parara mi deportación, se revise mi caso y no se me cobre el costo de la aplicación”, explica en dicha carta.
Días después de que La Opinión publicó la historia de Flor, la abogada en migración, Mercedes Victoria Castillo fue enviada por el Consulado de México en Santa Ana a la cárcel de Musick con la encomienda de apoyarla.
La abogada con oficinas en Montebello logró liberar a Flor, el 9 de agosto tras conseguir que el juez de migración le aprobara el pago de una fianza por 1,500 dólares.
“Logramos que le fijaran la fianza más baja. El juez de migración – Peñaloza – que la aprobó fue muy justo y razonable”, dijo la abogada quien agregó estar extremadamente agradecida por toda la gente que apoyó a Flor en su caso de migración. “Más que nunca, los abogados de migración, necesitamos el apoyo de la comunidad entera”, indicó.
A Flor ya le habían negado dos veces antes la fianza. “La fianza fue pagada por una abogada retirada de la Red de Respuesta Rápida de Inland Empire que se conmovió con su historia”, explica.
Castillo comenta que el caso de Flor es muy complicado sobre todo porque bajo el gobierno del presidente Trump, cada semana se pone más trabas a los inmigrantes. Sin embargo, confía en que aportando las evidencias del daño psicológico postraumático causado a los hijos de Flor tras la separación de su madre, puedan conseguir que el caso se congele.
Jasmin Castellanos Argüelles, encargada de Protección del Consulado de México en Santa Ana, dice que están muy contentos de haber asistido a Flor para que se reuniera con su familia.
Castillo tuvo el apoyo del experto en leyes mexicanas, Jesús Eduardo Arias, quien se especializa en casos de la Convención Hague, y es un mediador independiente para varias cortes en California, para la interpretación y opinión de documentos legales complicados de México.
Regreso al hogar
Aunque esta inmigrante mexicana está muy feliz de regresar a su casa con su familia, no puede dejar de pensar en todas sus compañeras que se quedaron detenidas en Adelanto y Musick.
Al salir de Adelanto, su esposo José Luis la invitó a un restaurante y le preguntó qué quería comer.
“Yo le pedí que me llevara a comer pescado. Tenía ganas de comer algo fresco, pero no he podido disfrutar los alimentos. La comida se me atora pensando en mis compañeras que comen muy mal, arroz y sopa maruchan. Todos queremos comer algo diferente”, afirma.
Al llegar a su casa, Flor se emocionó mucho porque su esposo tapizó su recámara con los dibujos y cartas que ella les mandó a sus hijos durante su detención: Sebastián de 16 años, Isabella de 9 años y MaryPaz de 6 años. Las dos menores nacieron en el país.
“Yo no los vi por muchos meses porque no quería que me vieran con el uniforme de la cárcel. Solo que el 30 de mayo, cuando tenía una audiencia para la fianza, la abogada sugirió que toda la familia estuviera presente. Fue muy doloroso que me vieran llegar encadenada de pies y manos. Para ellos fue muy traumático, más cuando el juez de Los Ángeles, me negó la fianza”, recuerda sollozando.
Ya mis hijos estaban pasando por mucho. “Cuando Migración me detuvo, ellos estaban conmigo. Por lo menos me dieron la oportunidad de llamar a una amiga para que viniera a recogerlos. Me dijeron que si nadie iba por ellos, se los iba a llevar el Estado. Mi esposo andaba trabajando”, dice.
La primera noche que pasó en su casa, Flor no pudo dormir. “Dormí como dos horas. La cama se me hacia muy blanda. Luego veía a mis hijos. Estaba muy emocionada”, sostiene.
Lo único que lamenta es que le hayan colocado un grillete de monitoreo electrónico en el tobillo. “Me lo pusieron que porque represento un peligro de fuga”, agrega.
Esta madre aún se siente muy dolida por la separación familiar y por el tiempo perdido al lado de sus hijos.
“Me consolaba hablar por teléfono a diario con mis hijos. Mi dolor en la detención migratoria era mucho, pero no lo podía comparar con el sufrimiento que ellos estaban sintiendo y con el trabajo que mi esposo estaba pasando. Por los horarios, él tuvo que dejar su trabajo en una compañía de tapicería. Tuvo que empezar su propio negocio para organizarse y darse tiempo de atender a los hijos”, dice Flor.
Necesitan más voluntarios
Jennaya Dunlap, coordinadora de la Red de Respuesta Rápida de Inland Empire, dice que ojalá más personas se animen a ayudar a los inmigrantes pagando sus fianzas o colaborando de algún otro modo.
“El día de la audiencia de la fianza, nosotros mandamos un correo electrónico un día antes, invitando a varios voluntarios para que llegaran. Una de las voluntarias se sentó a mi lado. Al salir de la audiencia, dijo que ella iba a pagar la fianza. Se conmovió mucho con la historia de Flor. La voluntaria pasó cinco horas en espera de pagar la fianza, y no pudo hacerlo porque ese día cerraron el Centro de Detención de Adelanto por una protesta que hicimos. Al día siguiente, el viernes 9 de agosto, regresó a Los Ángeles a pagarla. Ese día por la tarde, Flor salió libre”, dice.
Jennaya precisa que por semana en Inland Empire, les reportan entre dos o tres casos de detenciones de inmigrantes. “A veces son más. La semana que iniciaron las redadas masivas de Trump tuvimos 18 arrestos”, detalla. La Red de Repuesta Rápida de Inland Empire tiene 70 voluntarios.