Los jueces migratorios se rebelan contra políticas de Trump, pero enfrentan dura revancha

El Departamento de Justicia busca restarles beneficios
Los jueces migratorios se rebelan contra políticas de Trump, pero enfrentan dura revancha
Los jueces migratorios dependen del Departamento de Justicia.
Foto: Alex Wong/Getty Images

Los jueces migratorios se han rebelado contra las políticas del presidente Donald Trump, pero son objetivo de una campaña por parte del Departamento de Justicia (DOJ), institución a la que pertenecen.

La semana pasada el DOJ, liderado por William Barr, pidió la descertificación del sindicato que representa a cientos de jueces a la Autoridad de Relaciones Laborales Federales (NAIJ, en inglés).

“Esto no es más que un intento desesperado del Departamento de Justicia de evadir transparencia y rendición de cuentas, y socavan la decisión  independencia de los 440 jueces de inmigración de la nación”, expresó la jueza Ashley Tabaddor, presidenta de la NAIJ. “Somos un tribunal de primera instancia, jueces que toman decisiones sobre la base de hechos específicos del caso y la leyes de inmigración de la nación. No establecemos políticas y no gestionamos personal”.

La organización ha estado en desacuerdo con varias políticas del presidente Trump sobre la administración de jueces migratorios, quienes buscan ser separados del DOJ, para funcionar como tribunal independiente.

Estos problemas no son recientes, ya que el año pasado, el entonces fiscal general Jeff Sessions buscó reducir la acumulación de cientos de miles de casos pendientes, que actualmente ya alcanzan casi el millón.

Sin embargo, una de esas acciones fue la orden a los jueces de remover temporalmente casos de sus expedientes sin emitir decisiones, un movimiento conocido como “cierre administrativo”, además de imponer un sistema de cuotas para que atendieran cientos en un año.

Un juez dio a NPR que la intención del DOJ es seguir la política del presidente Trump de aumentar las deportaciones sin el debido proceso.

“Claramente quieren usar a los jueces para aumentar deportación independientemente de cualquier defecto del debido proceso que tengan sus políticas”, dijo un juez bajo el anonimato. Sin el sindicato, los jueces estarían desprotegidos, a la merced del DOJ.