Gobierno fuerza la salida de Planned Parenthood del programa Título X

Esta semana, Planned Parenthood anunció su salida de Título X, el programa federal que provee fondos a nivel nacional para el cuidado de la salud reproductiva. La decisión de la organización, que ha participado en dicho programa desde su creación, 50 años atrás y cuyos centros atienden al 40% de todos los pacientes del Título X, fue resultado de las condiciones y requisitos impuestos por la Administración Trump.

A comienzos de 2019, el Departamento de Servicios Humanos y de Salud, a través de la Ley Mordaza, prohibió que los médicos de clínicas que reciben fondos de Título X refieran o siquiera mencionen la opción de aborto a sus pacientes, salvo en casos de emergencia médica, violación o incesto, interfiriendo de este modo en la relación médico-paciente.

Esta semana Planned Parenthood optó por dejar de recibir fondos federales, si estos están condicionados a la ley mordaza.

“La Administración Trump ha forzado a Planned Parenthood fuera de Título X”, indicó Alexis McGill Johnson Presidenta Interina y Directora Ejecutiva de Planned Parenthood Federation of America, en conferencia de prensa esta semana.

“Nos rehusamos a dejar que la administración Trump-Pence nos amenace para ocultarle información sobre el aborto a nuestros pacientes. La ley mordaza es antiética y peligrosa y no vamos a dejar que nuestros pacientes sean sometidos a ella”, señaló McGill.

El Gobierno también impuso a las clínicas que practican abortos requisitos de separación física. Esto incluye la obligación de que los centros de salud creen entradas y salidas físicamente independientes, construyan centros de salud totalmente nuevos o contraten a todo un segundo personal compuesto por médicos, enfermeros y empleados administrativos.

Por otro lado, Las organizaciones que se oponen al aborto aplaudieron la decisión de la Administración Trump.

“Agradecemos al presidente Trump por las numerosas acciones que esta administración ha tomado para restaurar políticas ´pro-life’. Nos alienta ver que las regulaciones de Título X están volviendo a políticas previas que previenen que los dólares federales sean utilizados para promover directa o indirectamente el aborto”, opinó Carol Tobias, presidente de Derecho a la vida, organización en contra del aborto.

Los fondos de Título X nunca se utilizan para abortos.

‘No ayuda a nadie’

Cristina Gómez, estilista de 37 años de edad y residente de Panorama City, California, contó que desde que llegó a EEUU de su natal El Salvador, siempre se atendió en Planned Parenthood. En entrevista con La Opinión, la estilista confesó no estar al tanto de las noticias, pero se preocupó al enterarse de que las clínicas recibirían menos fondos.

“Planned Parenthood es una buena clínica”, opinó Gómez, quien no tiene cobertura médica en su empleo, y está tratando de regularizar su estatus migratorio. “Mire lo que pasa en mi país (El Salvador), ponen en la cárcel a las mujeres que se hacen un aborto. Pero las mujeres que van a abortar, ellas tienen sus razones y seguirán haciéndolo, pero en malas condiciones. Es peligroso para la mujer”, opinó

La falta de fondos federales impactará principalmente a mujeres latinas y de color y a personas de bajos recursos, que generalmente no tienen empleo, cobertura de salud, o documentos migratorios y quienes tendrán que afrontar mayores costos para el cuidado de salud reproductiva, y mayores tiempos de espera para poder ver a un médico.

“No entiendo por qué el Gobierno siempre nos ataca, siempre trata de quitarnos lo poco que tenemos los inmigrantes. Esta ley no ayuda a nadie”, opinó.

Qué es el Título X

El título X es un programa federal promulgado en 1970, durante la Administración Nixon, como parte de la Ley de Servicio de Salud Pública. El programa fue pensado para proveer servicios de planificación familiar y cuidado a la salud reproductiva a bajo costo, para personas de bajos recursos, sin seguro médico y que no califican para Medicaid (Medi-Cal).

Título X no requiere documentación de migración de sus pacientes, por lo cual, cualquier inmigrante, independientemente de su estatus legal, puede recibir servicios de salud reproductiva y planificación familiar, desde exámenes médicos, a prevención y tratamiento de enfermedades venéreas, a opciones de anticonceptivos, entre muchos otros servicios.

Impacto nacional

“En Arizona, en 2018, tuvimos 19,000 pacientes bajo título X. Por lo menos 19,000 pacientes para los cuales no habrá fondos federales”, explicó Génesis Cubillas, organizadora del programa Raíz, de Planned Parenthood, en entrevista con La Opinión.

Cubillas indicó que las puertas de las clínicas aún están abiertas, no sólo para mujeres, sino también para hombres, que tienen acceso a exámenes de enfermedades venéreas y otros servicios.

La organizadora contó que, en la actualidad, están trabajando con los senadores, pidiéndoles que terminen “el ataque a la salud de la gente pobre y de color”.

Planned Parenthood no es la única organización impactada negativamente por los nuevos requisitos para recibir fondos de Título X.

En el estado de Maine, el único centro que recibe fondos directos a través de Título X, indicó que ya no participará en el programa federal, si la ley mordaza continua siendo un requisito para dichos fondos.

Otros estados que se oponen a los requisitos de la ley mordaza para recibir fondos federales son New York, Hawaii, Illinois, Oregon y Washington. Maryland fue el primer estado en aprobar legislación que rechaza fondos federales, si estos llegan condicionados a la ley mordaza de la Administración Trump.

A su vez, Massachussets aprobó este año de manera bi-partidista 8 millones de dólares en fondos estatales para proveedores de planeamiento familiar, que reemplazan los fondos estatales.

Planned Parenthood cuenta con más de 600 centros de salud en todo el país. La ley mordaza afecta a alrededor de 4 millones de personas, de las cuales alrededor de 1.3 millones son latinas, esto es el 33% de los pacientes.

Asociaciones médicas, como la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Médica Nacional (NMA), la Asociación Nacional Médica Hispana (NHMA), el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, el Colegio Americano de Médicos y otros, expresaron su oposición a la Ley Mordaza. Además, más de 200 miembros del Congreso y 100 organizaciones de salud pública se manifestaron en contra de esta política.