Exigen abolir costos y sobrecargos financieros a reclusos en NYC

Vidal Guzmán apenas tiene 27 años, y de ellos 7 los pasó preso, desde que tenía 16, cuando fue enviado por primera vez a la cárcel de Rikers Island. Y por ello el joven sabe muy bien que perder la libertad es una pesadilla para cualquier persona, aunque asegura que la tragedia es todavía peor cuando la gente es pobre.

Aunque hoy está bajo libertad condicional, y tiene un trabajo que le permite sobrevivir, el joven asegura que además del encierro, el otro dolor de cabeza para los reclusos son los costos financieros a los que el sistema judicial de Nueva York somete a quienes enfrentan procesos penales, encarcelamiento e incluso libertad condicional.

“Estar encerrado es terrible, pero lo más duro es que el sistema está diseñado para ahorcar a la gente pobre con todo tipo de costos y cobros que las personas sin recursos o nuestras familias no pueden pagar, desde las llamadas hasta el dinero para comer y los $50 mensuales que le piden a uno cuando va a la cita de supervisión de libertad condicional”, comentó  Guzmán, agregando que hay momentos en que quienes salen libres tienen que decidir entre comer o cumplir con los pagos que les exige el sistema. “Mi pobre mamá tenía que conseguir de donde no tenía para poder pagar costos de la prisión y conozco gente que sale y no puede retomar sus vidas por esos cobros. Es un castigo más para los pobres”.

Historias como la de Vidal son tan comunes, especialmente entre hispanos y afroamericanos que entran al sistema penitenciario y penal del estado, que un informe presentado este martes por la Contraloría de la ciudad de Nueva York, denunció que onerosos recargos obligatorios y tarifas de servicio representan una forma secundaria de castigo. El reporte destaca que de la misma manera, las obligaciones financieras impuestas a lo largo de la etapa antes del juicio, la sentencia, el juzgamiento y el proceso posterior al encarcelamiento, evita la reinserción exitosa de los exreclusos a la sociedad, fomenta la reincidencia, impone por años cargas adicionales a las familias, no solo durante la prisión formal, criminalizando aún más la desigualdad y la pobreza.

‘Pobreza punitiva’

“A estos cargos y su efecto en los individuos, las familias y las comunidades, se le llama pobreza punitiva. Es la otra cárcel y es hora de que pongamos fin a esa manera de discriminar a la gente pobre”, aseguró el contralor Scott Stringer, tras presentar el informe que encontró que solo en el 2017, la Corte Penal y la Corte Suprema de la Ciudad de Nueva York impusieron un total de 139,000 sobrecargos financieros obligatorios, lo que significó la suma de $20 millones de dólares al bolsillo de reclusos y exreclusos.

“Nuestro sistema de justicia penal continúa criminalizando la pobreza a un gran costo para nuestras comunidades e incluso los casos más leves en el sistema de justicia penal pueden tener un alto precio, y eventualmente llevar a consecuencias nefastas para los neoyorquinos”, agregó el funcionario, expresando que al 45% de quienes salen de prisión bajo libertad condicional, les imponen cargos económicos ante los tribunales. “El sistema de justicia penal impone una serie vertiginosa de tarifas y obligaciones financieras que extraen sistemáticamente los pocos recursos de las comunidades de bajos ingresos y las comunidades de color fomentando un ciclo implacable de pobreza y castigo”.

Stringer manifestó que aunque el estado de Nueva York ha avanzado en asuntos penales como la reforma de la fianza y la presentación de pruebas y evidencias, “para desenredar completamente el sistema de pobreza punitiva que alimenta la crisis de encarcelamiento masivo”, es necesario poner fin a los sobrecostos inmediatamente.

“Cualquier agenda integral debe desmantelar el ciclo de tarifas y recargos onerosos que mantienen a los neoyorquinos, sus familias y comunidades encerrados en una espiral de deudas. Estos costos no son solo una cuestión de dólares y centavos, son una cuestión de lo correcto y lo incorrecto”, afirmó el Contralor, destacando además las duras consecuencias colaterales que enfrentan quienes no pueden pagar sus obligaciones financieras con el sistema de justicia. No solamente afecta su historial de crédito y genera problemas para obtener trabajos, sino que incluso puede acarrearles como castigo volver a prisión

De hecho, en 2017 se emitieron más de 100,000 sentencias civiles y 11,000 órdenes de arresto por falta de pagos ante la corte penal, y en 161 casos los acusados fueron encarcelados inmediatamente.

Un ‘negocio’ millonario

Y es tal el millonario “negocio” que se mueve alrededor de estos costos, y la falta de recursos de muchos internos para pagar, que el reporte de la Contraloría encontró que excluyendo la Corte Suprema de la Ciudad, donde se manejan casos de delitos graves, la Corte Penal de la Ciudad de Nueva York recaudó en 2017 alrededor de $5.6 millones de dólares en cobros obligatorios, pese a que había costos impuesto por más de $15 millones. Y casi el 60% de los ingresos recaudados por los tribunales provenían de infracciones no penales y delitos de tránsito no relacionados con DUI.

El informe menciona además que el año pasado parientes de personas encarceladas transfirieron más de $17.5 millones a las cuentas de la cárcel de la ciudad de Nueva York, a través de 331,000 transacciones únicas. El sobrecosto de transferir fondos a dichas cuentas fue de $2 millones adicionales por tarifas de servicio y en las prisiones estatales, el proceso para retirar los fondos sobrantes en las cuentas de la cárcel está sujeto a 15 tarifas diferentes, entre ellas una por cierre de cuenta de tarjeta de liberación de $9.95.

Recomiendan eliminar los sobrecargos

Tras revelar los hallazgos de su investigación, la Contraloría emitió una serie de recomendaciones, entre las que pidió que se eliminen los sobrecargos obligatorios, se perdonen deudas judiciales pendientes, se ponga fin la suspensión de las licencias de conducción a quienes no pagan y se quiten las tarifas de supervisión de libertad condicional, y que sea abolida la práctica del encarcelamiento por deudas judiciales impagas.

La senadora Julia Salazar, quien tiene un proyecto de ley para abolir los costos a los reclusos y a quienes salen bajo libertad condicional, aseguró que espera que en la próxima sesión legislativa se avance en esa reforma y calificó el informe de la Contraloría como una radiografía útil para impulsar las conversaciones en Albany.

“Tomamos medidas en la Legislatura estatal este año para limitar los daños de la fianza de dinero, pero hay más que debemos hacer para abordar la injusticia económica dentro de nuestro sistema de justicia penal. El nuevo informe de la oficina del Contralor revela cómo varias multas y recargos continúan causando más daño a los neoyorquinos encarcelados, atrapando a las personas en ciclos de reincidencia y pobreza”, dijo la legisladora de Brooklyn. “Estamos introduciendo una pieza de legislación para eliminar estas políticas draconianas y multas obligatorias para abordar la inequidad en nuestro sistema de justicia penal”.

Entre tanto, la asambleísta Yuh-Line Niou calificó el impacto de los costos económicos a reclusos como una muestra de prejuicios raciales que afecta predominantemente a las comunidades de color y perpetua la pobreza.

“Los recargos y tarifas obligatorios son otro defecto en nuestro sistema y no hacen avanzar nuestro sistema de justicia penal de manera significativa. Estos costos regresivos afectan desproporcionadamente a las personas que son menos capaces de pagar. Necesitamos trabajar hacia un sistema de justicia penal más equitativo y eso comienza con la eliminación de estos honorarios y recargos”, dijo la asambleísta. “No debería haber un sistema de justicia penal para los ricos y un sistema de justicia penal para los pobres”.

Un esquema punitivo de multas y honorarios

Tina Luongo, de la asociación The Legal Aid Society, manifestó que el informe arroja luces sobre el esquema punitivo de multas y honorarios en el sistema penal que debe ser abolido.

“Estos costos perpetúan y exacerban un ciclo de deuda e impiden la capacidad de los individuos encarcelados anteriormente para rehabilitarse con éxito y reingresar a la sociedad”, dijo la defensora.

Lisa Schreibersdorf, directora ejecutiva de Brooklyn Defender Services, advirtió que el impacto de los costos recae duramente sobre negros y latinos que viven en la pobreza.

“Para aquellos que ya están luchando, simplemente ser arrestado puede ser financieramente desastroso. Francamente, es aborrecible que el Estado y la Ciudad luego intenten exprimirlos aún más con recargos, tarifas y comisarias embargadas, con sanciones por falta de pago que van desde créditos dañados hasta re encarcelamiento”, dijo, advirtiendo que quienes se benefician son las corporaciones privadas.

“Los contratos de explotación con corporaciones que imponen altas tarifas a los usuarios por servicios básicos como llamadas telefónicas a prisiones y depósitos en la tienda, solo aumentan la carga financiera. El informe histórico del Contralor Stringer debería ser un llamado de atención a los responsables políticos en todos los niveles del gobierno para que tomen medidas y pongan fin a esta injusticia”.

Victor Herrera, líder de Campaña #CLOSErikers de JustLeadershipUSA dijo que las multas y tarifas de la corte solo sirven para castigar dos veces a los individuos por el mismo delito.

“Los tribunales ni siquiera consideran si las personas tienen la capacidad de pagar. Por ahora, todos sabemos que nuestro sistema de justicia está hecho para comunidades de bajos ingresos y neoyorquinos negros y latinos”, advirtió el activista. “Es obvio que los recargos obligatorios asociados a los procedimientos judiciales apuntan y criminalizan la pobreza y se centran en recaudar dinero para vigilar más y mantener a nuestras comunidades oprimidas”.

Hallazgos del informe del Contralor:

• 139,000 sobrecargos financieros obligatorios impusieron la Corte Penal y la Corte Suprema de la Ciudad de Nueva York a personas dentro del sistema judicial.
• $20 millones de costos le implica al bolsillo de reclusos y exreclusos.
• 45% de quienes salen de prisión bajo libertad condicional reciben cargos económicos ante los tribunales.
• 100,000 sentencias civiles se emitieron en 2017 por falta de pagos.
• 11,000 órdenes de arresto fueron emitidas contra ex reclusos por falta de pagos.
• 161 acusados fueron encarcelados inmediatamente por falta de pago.
• $5.6 millones recaudaron en 2017 por cobros obligatorios.
• 60% de los ingresos recaudados por los tribunales provenían de infracciones no penales y delitos de tránsito no relacionados con DUI.
• $17.5 millones fueron depositados por parientes de reclusos a las cuentas de la cárcel de la ciudad de Nueva York.
• 331,000 transacciones únicas se realizaron, con sobrecostos de $2 millones adicionales por tarifas de servicio.

Algunos Costos:

• $30 después de la liberación deben pagar cada mes los ex reclusos bajo libertad condicional como tarifa de supervisión.
• $2 y $ 3 por cada transferencia electrónica cobran las compañías privadas autorizadas.
• $0.043 por minuto deben pagar los presos por las llamadas telefónicas desde la prisión.
• $3 vale cada transacción con tarjeta de crédito.
• $2.50 es el costo que deben pagar los reclusos en las llamadas tabletas gratis por descargar una canción y $7.99 por un videojuego.
• $9.95 vale cerrar una cuenta cuando alguien sale de prisión.