Concejo Municipal pasa ley para proteger a inmigrantes de la ‘carga pública’

Cuando falta un mes para que entre en vigor la nueva regla migratoria conocida como ‘carga pública’, el próximo 15 de octubre, la ciudad de Nueva York sigue dando pasos para proteger a la comunidad inmigrante contra esa medida. El jueves el Concejo Municipal aprobó una propuesta de ley que requiere que la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad (HRA), desarrolle y distribuya información sobre el plan de la Administración Trump, a los potenciales afectados en la Gran Manzana.

La legislación, presentada por el concejal Fernando Cabrera, especifica que el HRA debe pasar esa información a los proveedores de servicios que contrata, para que a su vez ellos la transmitan a los inmigrantes que usan sus beneficios públicos, y que potencialmente pueden ser afectados por la ‘carga pública’.

“Muchos de nosotros no estaríamos aquí si nuestros padres, abuelos, o incluso más atrás, no hubieran venido a Estados Unidos“, dijo Cabrera, agregando que por eso es “tan difícil no verse personalmente afectado por la retórica mezquina y las políticas de inmigración peligrosas que nuestro Gobierno federal ha estado implementando”.

Parte de la  ley aprobada por el Concejo garantiza que los inmigrantes que están en proceso de conseguir su residencia permanente o ‘green card’, y que podrían verse afectados por la nueva regla, reciban asesoramiento legal gratuito y confiable.

“La nueva regla de ‘carga pública’ es muy compleja y la gente tiene miedo. Durante este momento crítico, cuando las personas tienen dificultades para comprender si la norma les afecta a ellos o a sus familias, es vital que tengan acceso a servicios legales de inmigración seguros y gratuitos”, dijo Cabrera. “Con este proyecto de ley, estoy montando una defensa para asegurar que existan sistemas eficientes para responder a la nueva norma y el impacto devastador que tendrá en las personas y las familias de nuestra ciudad“.

Además de los requisitos al HRA, la nueva ley establecería una línea telefónica dedicada a este tema en la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde (MOIA), en la cual se responderán preguntas sobre el nuevo plan de la Administración Trump.

Bajo las políticas federales existentes desde hace mucho tiempo, una persona que solicitaba la residencia permanente o la entrada a Estados Unidos podría ser denegada si las autoridades de Inmigración determinaban que podría convertirse en una ‘carga pública’, porque dependería de los beneficios sociales federales. Sin embargo, los beneficios no monetarios como Medicaid, ciertos programas de vivienda y asistencia alimentaria no estaban consideraron en esas políticas.

Pero en agosto, la Administración Trump anunció que la regla se cambiaría para incluir estos beneficios para determinar si alguien se considera una ‘carga pública’, cambio que, según activistas y organizaciones pro inmigrantes, tiene como fin crear miedo y confusión para los inmigrantes, especialmente aquellos que reciben beneficios públicos y piensan que deben darse de baja.