Campaña busca evitar que trabajadores agrícolas temporales paguen por su traslado a EEUU

Las modificaciones perjudicarían a casi 200,000 trabajadores, principalmente mexicanos,

Trabajadores agrícolas.

Trabajadores agrícolas. Crédito: SANDY HUFFAKER | AFP/Getty Images

MÉXICO El gobierno estadounidense pretende cambiar las reglas de operación para la contratación de trabajadores agrícolas temporales con visas H2A.  Las modificaciones perjudicarían a casi 200,000 trabajadores, principalmente mexicanos, que cada año viajan desde pueblos remotos y empobrecidos; muchas veces, endeudados para poder viajar.

A esta conclusión llegó el Centro para los Derechos del Migrante (CDM), una organización civil binacional que arrancó una campaña para evitar que el Departamento del Trabajo consolide sus pretensiones en perjuicio de los empleados H2A.

Los perjuicios serían tres, principalmente: en primer lugar, el trabajador pagaría por su traslado del lugar de origen al consulado estadounidense; actualmente, el patrón reembolsa este gasto. “Los trabajadores estarían pagando por trabajar”, advirtió Evy Peña, directora de comunicaciones del CDM.

En segundo lugar, se modificaría la fórmula para calcular los salarios y éstos se reducirían “significativamente” y, finalmente,  el gobierno de EU supervisaría a los centros de trabajo cada dos años; hoy se hace cada 12 meses. “Las condiciones de vivienda, transporte y alimentos quedaría a la buena voluntad de los empleadores”, alerta Peña.

El Departamento de Estado abrió una pagina en inglés donde los implicados o interesados pueden escribir sus comentarios sobre la nueva reglamentación; para facilitarlo en español, el CDM activó un sitio.

La fecha límite para escribir las inconformidades es el 24 de septiembre próximo.

El CDM tiene un buen precedente sobre este tipo de comunicaciones de protesta ante el Departamento del Trabajo. Fue en 2012 con una campaña de campo y virtual en Contratados.org,  donde los trabajadores H-2B (para oficios como plomeros, carpiteros, mecánicos…) presentaron cientos de observaciones según sus experiencias.

Esas voces, según la organización, “fueron vitales” para asegurar protecciones federales, como el reembolso de los costos de visa y transporte y la prohibición de las tarifas de reclutamiento. Por ello, están optimistas para el caso de H2A.

El Departamento del Trabajo conserva en la redacción del nuevo reglamento detalles específicos de protección al trabajador como las cuotas diarias para las dietas o las condiciones que deben tener las cocinas: gratuitas, equipadas, con estufas y microondas; parrillas comunitarias al aire libre, electrodomésticos, quemadores portátiles, carbón, propano y líquido para encendedores.

También describe las del transporte del lugar donde residen los trabajadores en EEUU a los centros de trabajo, pero, también da cuenta de que los patronesno tienen el control de los costos de traslado desde las comunidades de origen porque “el reclutamiento extranjero no es un proceso oficial sino una red informal de ex trabajadores de H2A, sus amigos, familiares y vecinos”.

Por tanto, sugiere que se exija al empleador considere a los consulados de EEUU como punto de partida del trabajador en lugar de los pueblos de éstos.

“Esto agudizaría los problemas de abusos que hoy tienen los reclutadores”, advirte Peña.

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