A cinco años de la desaparición de los 43 normalistas, en Iguala todo sigue igual

GUERRERO, México – En Iguala, después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, nada ha cambiado.

Siguen las desapariciones, los asesinatos y la inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno para frenar la violencia que ha marcado el ritmo de vida de sus habitantes.
Sofía Lorena Mendoza, esposa del activista Arturo Hernández Cardona, quien junto con otras tres personas de la organización Unidad Popular fueron asesinados entre el 30 de mayo y el 4 de junio de 2013 –y de cuyos hechos hay una investigación judicial en curso contra el exalcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca–, señala que en esta ciudad existe un clima de tensión porque nadie sabe que puede pasar.

“La inseguridad en Iguala no ha sido frenada por las autoridades, después de las 10 de la noche todos se encierran en sus casas”, dice Mendoza.

La ex regidora perredista advierte que muchos negocios y empresas cerraron y comerciantes que se fueron de Iguala después de los hechos del 26 de septiembre de 2014 no han regresado.

En la zona denominada Ciudad Industrial prácticamente ya no hay actividad comercial.

“Lo de Ayotzinapa marcó de por vida a Iguala, pero nosotros ya lo veíamos venir luego de que mataron a mi esposo y se lo dijimos a Ángel Aguirre (ex Gobernador del estado), pero ni él ni la Procuraduría de Justicia nos quisieron hacer caso”, agrega.

Recuerda aquél viernes 26 de septiembre de 2014 cuando ella estaba en Washington, Estados Unidos, en las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) para interponer la denuncia por el asesinato de su esposo y los otros dos militantes de la UP.

“Me enteré de qué habían asesinado a varios estudiantes de la Normal, pero todavía no se sabía de las desapariciones. Yo me puse a llorar y le dije a alguien que estaba conmigo que ya no regresaría a Iguala, porque tenía mucho miedo”, cuenta la activista.

Tras recibir amenazas de muerte, Lorena Mendoza cuenta con protección que dictó la CIDH al Gobierno mexicano.

“Yo, al igual que la gente de aquí de Iguala, seguimos con mucho miedo porque no existe ninguna garantía de que cuando salgamos a las calles regresemos con vida”, dice.

Lorena indica que la Fiscalía General de la República (FGR) debe abrir una investigación al ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero por lo menos por el delito de omisión, ya que, según la ex regidora, desde el momento en que el ex Mandatario se enteró de lo que pasaba en Iguala, hace cinco años, no ordenó que se detuvieran las acciones de la organización criminal y de los policías municipales involucrados.

“A lo mejor él (Aguirre) no tuvo la culpa, pero eso de hacerse de la vista gorda y no hacer nada, eso es una responsabilidad”, asevera.

Recuerda que cuando su esposo fue hallado muerto tras varios días de estar desaparecido, tuvo una reunión con Aguirre, y le dijo que ella tenía la sospecha de Abarca, “pero nunca hizo nada, ni tampoco la Procuraduría”.

De acuerdo con el Inegi, de 2015 a julio de 2019, en Iguala se han registrado mil 88 homicidios.
Pero este año, Iguala ya no aparece en el ranking de las ciudades más violentas del país.

La ex regidora dice que la detención de Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda no menguó las finanzas de esta familia ya que los negocios que tienen siguen operando como si nada hubiera pasado.

Nadie se explica cómo, hace más de una década, un hombre como Abarca –que se dedicaba a vender sombreros hechos en Tlapehuala– se convirtió en todo un hombre de negocios, dedicado a la venta de oro y plata, con una tienda departamental y varios edificios en Iguala.

“Aquí en Iguala, ya sin Abarca, la situación no ha cambiado”, señala Lorena.

En tanto, el director del Centro de Derechos Humanos “Minerva Bello”, José Filiberto Velázquez, señala que, en el Municipio, lo único que ha cambiado son los colores de los partidos políticos que gobiernan, ya que la violencia sigue a todo lo que da.

Actualmente gobierna la localidad el morenista Antonio Jaimes Herrera, quien ya ocupó este cargo en 2005-2008 bajo las siglas del PRD.

Según el activista, desde 2010 a la fecha, los colectivos Madres Igualtecas y Los Otros Desaparecidos, tienen documentadas mil 500 desapariciones de personas en este Municipio de la región norte de Guerrero.

Indica que, antes y después de Ayotzinapa, las desapariciones no han parado en Iguala.
El activista dice estar de acuerdo con la versión que han dicho algunas autoridades de que después de los hechos del 26 de septiembre de 2014, el grupo de Guerrero Unidos, a los que las autoridades responsabilizan de lo que ocurrió aquella noche, su fuerza se ha visto disminuida.

Pero hay otras organizaciones que lo ha reemplazado. Según fuentes del Gobierno, la organización “Gente Nueva” y una célula de “Los Rojos” disputan la plaza.

Para el presidente del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Manuel Olivares Hernández, en Iguala existen las mismas condiciones para que se repitan hechos como los de hace cinco años.

El activista fundamenta este dicho en que ninguna autoridad de los tres órdenes de Gobierno han establecido nuevas formas de gobernar.

“En Iguala, no hay fuentes de empleo, hay un comercio en quiebra y tampoco existen cuerpos de seguridad suficientes para prevenir los delitos y enfrentar a la delincuencia”, asevera.

“Hay registros de personas desaparecidas y asesinadas en el municipio”, agrega.

Sólo hay 64 policías, 23 armas y 0 patrullas

El síndico procurador, Frumencio Ramírez, justifica la inacción del Gobierno para frenar la violencia por la falta de policías municipales, de patrullas, armamento y videocámaras de vigilancia en las calles.

Tras la detención de más de 100 policías acusados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de trabajar para la organización “Guerreros Unidos”, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada(SEIDO) aseguró más de 100 armas, 19 patrullas y 3 motopatrullas.

Apenas hace dos meses fueron liberadas 24 armas largas que estaban bajo custodia la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Ramírez señala que hay una plantilla de 64 agentes municipales, pero sólo 2 portan armas de cargo porque fueron los únicos que pasaron el examen de control y confianza. En total, la Policía Municipal cuenta con 23 armas y ni una patrulla.

Desde 2014, el cuartel de la Policía Municipal está bajo resguardo de la Policía Federal.

“Los policías no tienen ni siquiera unas instalaciones que sean utilizadas como barandilla”, refiere.
De las 50 videocámaras instaladas en diferentes puntos de Iguala, sólo 10 funcionan medianamente. Y, aunque hay 21 millones de pesos para renovar este equipo, no sabe la fecha en que se va a adquirir.

El C-4, que es el Centro de Control, Comunicación y Cómputo que dirige la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se ha negado a establecer una coordinación con las autoridades de este Municipio.

Cuando ocurrieron los hechos del 26 de septiembre de 2014, el C-4, sólo tenía en buenas condiciones cinco videocámaras de vigilancia.

Una de las videocámaras que nunca ha funcionado es la que esta en el puente “El Chipote”, frente a las instalaciones de Ciudad Judicial y en donde, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes(GIEI), se llevaron a 20 de los 43 normalistas desaparecidos.

Según el síndico, personas cercanas a José Luis Abarca dijeron que escucharon cuando éste dio órdenes a su Secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, de que detuviera a como diera lugar a los normalistas de Ayotzinapa cuando se enteró de que estaban en la ciudad.

Desde que Abarca inició su gobierno, en 2012, la gente se percató de que en las filas de la Policía Municipal había gente que pertenecía a las filas del crimen organizado, mencionó.