Urgen a inmigrantes hacer un plan ante norma de “carga pública”

A pesar de la oposición y rechazo que ha generado la llamada norma de “carga pública”de la Administración Trump, que pretende negar la residencia a aquellos inmigrantes que reciban beneficios públicos federales, como cupones de alimento, vivienda y salud, el próximo 15 de octubre la regla entrará en vigencia, pero la Ciudad de Nueva York no desamparará a quienes se vean afectados.

Ese fue el mensaje que envió este lunes el presidente del Concejo Municipal, Corey Johnson, quien en una conversación con medios étnicos, aseguró que la Ciudad está lista para tender la mano a aquellos inmigrantes que tengan que renunciar a programas de ayuda pública para evitar problemas con el ajuste de estatus migratorio. El líder político destacó que el primer paso que aquellos inmigrantes que califiquen o eventualmente puedan calificar para solicitar su residencia deben tomar, es consultar a un abogado sus casos particulares antes de renunciar a los programas públicos, pues advirtió que la norma no afecta a todos por igual.

“Queremos decirle a la comunidad inmigrante que Nueva York está preparada ante el nuevo ataque de odio y racismo que la Administración Trump quiere promover con este cambio en las normas de carga pública, y por eso pedimos a la gente que llame a pedir asesoría legal gratuita para estar seguro de cómo puede afectar a cada uno y cuáles son los pasos a seguir”, aseguró Johnson, al tiempo que destacó que en el presupuesto de este año se asignaron más recursos para abogados gratis ($16 millones en total), a fin de que todos puedan acceder a esa ayuda.

El líder del organismo legislativo de la Gran Manzana agregó que previendo el impacto que tendrá la implementación de la nueva norma, que solo pudiera suspenderse si las cortes así lo ordenan tras las demandas que se han presentado contra la nueva regla, las agencias están listas para hacer frente a las necesidades que haya en la comunidad inmigrante.

Johnson destacó el paquete de cuatro leyes que fue aprobado por el Concejo Municipal hace un par de días, que entre otras cosas ordena que se suministre información sobre sitios donde los neoyorquinos afectados puedan acceder a alimentos, se desarrolle y distribuya información sobre el plan de la Administración Trump a los potenciales afectados, se eduque sobre las opciones que hay para tomar otros programas y que los inmigrantes que están en proceso de recibir su residencia reciban asesoramiento legal gratuito y confiable.

El presidente del Comité de Inmigración del Concejo, Carlos Menchaca, insistió en que lo más importante por ahora es que los inmigrantes hagan un plan y sepan cómo actuar.

“Esta Administración ha querido generar mucho miedo y confusión con esta norma, pero lo que menos queremos es que la gente pase hambre o que no tenga acceso a salud, pues hay que aclarar que aunque una persona deje de recibir cupones SNAP, puede acceder a las despensas de comida de la Ciudad y seguir recibiendo atención médica en cualquiera de los hospitales NYC Hospitals + Health”, dijo el político de Brooklyn. “No los vamos a dejar desamparados. Pero primero hay que saber exactamente cómo la norma afecta a cada uno, porque Trump está jugando a desinformar y desde la Ciudad queremos que todos estén informados sobre sus opciones y sobre donde recibir ayuda”.

El concejal Ydanis Rodríguez, quien describió la nueva regla de “carga pública” como “una acción criminal por parte de la Administración Trump”, destinada esta vez a atacar a los inmigrantes con papeles legales para evitar que sean parte del país, advirtió que Nueva york no cederá ante las presiones de Washington.

“La gente debe saber que estamos listos para pelear y que vamos a defenderlos no solamente con leyes municipales sino con ayuda real como abogados y programas de comida y salud”, aseguró el político dominicano. “En momentos como estos le digo a los inmigrantes que deben sentirse afortunados de que están en Nueva York y no en otros lugares donde el mensaje de odio y anti-inmigrante de Trump es acogido. Nueva York reconoce el valor de los inmigrantes”.

El concejal Francisco Moya, quien representa a Corona, uno de los distritos más diversos de la ciudad y donde hay amplia presencia inmigrante, admitió que las cosas no van a ser fáciles, porque algunos de los programas federales que quienes estén buscando su residencia deberán abandonar debido a la nueva norma, no podrán ser equiparados por la Ciudad, pero advirtió que hay ayuda disponible para hacer contrapeso.

“Este es un claro ataque de Trump a la inmigración legal, tratando de evitar que más personas se vuelvan residentes y aunque hay programas federales que no cuadran con programas municipales, queremos decir que estamos haciendo lo posible para aliviar un poco ese vacío que quedará y vamos a tratar de encontrar maneras para que nadie quede sin protecciones”, aseguró el concejal de origen ecuatoriano. “Nueva York buscará las maneras de seguir luchando contra los efectos terribles de esa norma hasta que ese señor ya no esté más en la Presidencia”.

El concejal Stephen Levine, presidente del Comité de Bienestar, manifestó que es imposible reemplazar en la Ciudad programas como Medicaid, creado para ayudar a los más pobres, pero insistió en que aquellos inmigrantes que deban renunciar a programas de salud federales visiten los hospitales de la Ciudad para recibir atención médica.

Los líderes del Concejo Municipal agregaron que por ahora no se puede tener una idea plena de cuántos neoyorquinos se verán afectados ante el impacto real de la nueva norma, y aunque dijeron que algunas cifras hablan de 75,000 inmigrantes inicialmente y 4,000 adicionales por efectos colaterales, el verdadero impacto solo se sabrá después de la implementación de la ley.

“Reiteramos que en esta etapa lo que estamos pidiendo a la gente es que consulte con un abogado para saber cómo debe actuar cada inmigrante que sienta que puede verse afectado con la nueva norma de carga pública, pero además reiteramos el compromiso de ayudar a quienes se vean afectados con recursos”, dijo el presidente del Concejo Municipal. “Si escuchamos de las organizaciones que hacen falta fondos para que los programas de la ciudad cubran a quienes se vean afectados, vamos a evaluar la urgencia de esas necesidades y si no dan espera hasta que discutamos el próximo presupuesto, vamos a buscar los recursos necesarios”, concluyó Johnson.

El primer paso: llamar para pedir asesoría legal

• Cualquier neoyorquino que aplique para la residencia, o que tenga residencia temporal o que eventualmente califique para hacer su ajuste de estatus y esté recibiendo beneficios públicos, debe pedir una cita con un experto. La Ciudad ofrece este servicio en más de 200 idiomas y ha dado la orden de que el tema de “carga pública” es prioridad. Para hacer una cita puede llamar a la línea 311 y decir “carga pública”.
• Asimismo, puede llamar al 1 (800) 354-0365 De lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.

Puntos de la nueva norma de carga pública

• A partir del 15 de octubre de este año los oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplicarán la regla de “carga pública” a prácticamente todas las peticiones de beneficios migratorios, como Residencia Permanente y extensión de estancia en los Estados Unidos
• La regla propuesta define una carga pública como un extranjero que recibe uno o más públicos beneficios. El Gobierno establece que un inmigrante considerado “carga pública” es aquel inmigrante que recibe una o más ayudas sociales durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses (tres años).
• La autoridad divide en dos los beneficios públicos que afectan: los monetizables, como cupones de comida (SNAP), apoyos de vivienda y asistencia de alquiler; y los no monetizables, como Medicaid, Parte de Medicare, vivienda subsidiada. Hay una larga lista de ayudas que se integran y afectarán la petición de visa de un inmigrante. Entre los programas que serán un problema están SNAP, Medicaid en casi todos sus casos, Asistencia de Vivienda bajo el Voucher de Elección de Vivienda (HCV), asistencia de alquiler basada en proyectos, y otras formas de vivienda subsidiada, SSI, TANF, asistencia general, entre otros
• La norma no aplicará a seis grupos: refugiados; asilados; peticionarios de Visa T, es decir, víctimas de trata protegidas; protegidos con Visa U, o sea víctimas del crimen protegidas bajo este permiso de estancia, considerado de no inmigrante; víctimas de violencia doméstica, bajo el programa VAWA, y los Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, en inglés), es decir, aquellos menores que han sido maltratados o abandonados por sus padres y podrían recibir la Residencia Permanente
• Cuando un extranjero solicite su extensión de estancia en el país o su “green card”, si el funcionario de USCIS considera que es una “carga pública” y le niega la petición, esa determinación pondrá al inmigrante en proceso de deportación
• Es importante destacar que ninguna aplicación presentada antes del 15 de octubre de 2019 será revisada bajo la nueva regla de “carga pública”, aunque ya existen criterios sobre “carga pública” que los oficiales aplican.