El caso de un fiscal prófugo exhibe deficiencias de la justicia en México

MÉXICO – Jorge Wincker, el ex fiscal de Veracruz que en las últimas horas se sumó a la lista de los más buscados del país, fue hace tres años el hombre “esperanza”. La figura sobre quien recayó la responsabilidad de perseguir y encarcelar al ex gobernador priista de Veracruz Javier Duarte.

Wincker llegó a la fiscalía después de ser el abogado de Miguel Ángel Yunes, el mandatario que emergió del Partido Acción Nacional (PAN), sucesor de Duarte, a quien un fotógrafo captó arrodillado ante su jefe para tomarle una imagen.

El conflicto de las fiscalías en México, señala Ernesto López Portillo, especialista en temas de seguridad y justicia,  es que los procuradores de justicia no llegan por mérito, sino como  “brazos políticos para protegerse a sí mismas y para generar clientelas políticas”.

Al concluir el mandato de Yunez, Wincker continuó en el cargo porque su tiempo legal iba más allá del tiempo de su jefe. Entonces comenzaron los problemas con el nuevo gobernador, Cuitláhuac García, quien se hizo del poder con otro partido: Morena.

García acusó al fiscal, en febrero pasado, de no investigar ninguno de los 366 asesinatos que para ese tiempo se habían acumulado en Veracruz­;  Wincker respondió con una acusación a policías estatales que presuntamente descuartizaron a cuatro personas en el municipio de Maltrata.

El gobernador dijo que Wincker escondió 50 carpetas de investigación y que tenía vínculos con crimen organizado y éste replicó con una averiguación por corrupción mientras el congreso local (con mayoría de Morena) buscaba argumentos legislativos para retirar de su cargo al fiscal.  

Lo logró a principios de este mes tras una matanza de 30 personas en el municipio de Coatzacoalcos. En su lugar nombró a  Verónica Hernández, hija de un notario púbico local que no tenía, hasta entonces, experiencias previa en procesos judiciales, sino como militante de izquierdas cercana al actual senador por Morena, Rafael Hernández, quien la llevó como administrativa en la presidencia municipal.

Hernández dijo en los primeros días al cargo que su antecesor mantenía un rezago del 80% en las carpetas de investigación que sumaban alrededor de 50,000 (no aclaró que la cifra es menor al promedio de impunidad nacional del 96% . En las últimas horas,  giró una orden de aprehensión en contra de Wincker por la presunta privación ilegal de la libertad de un escolta.

Por casos de persecuciones con este perfil (más allá de la culpabilidad o no del implicado), especialistas en seguridad  han propuesto sin éxito dar autonomía a las procuradurías de justicia de México, esto es, que no sean los presidentes o gobernadores en turno quienes propongan a los fiscales.

 “Seguimos enfrentándonos con la idea de que las procuradurías sirven más como una herramienta de control político, para amenazar a tus enemigos. Para aplicar selectivamente la ley”, dijo Ana Laura Magaloni, académica del Centro de Investigación y Docencia Económica.

 El analista López Portillo precisa: “Hemos propuesto incluir ciudadanos con poderes de forzar la rendición de cuentas a las fiscalías y reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública para que los ciudadanos tuvieran poderes legales y se negaron”.

Lo mismo pasó en el sexenio de Felipe Calderón que en el de Enrique Peña. En campañas, López Obrador fue el  único candidato que no prometió una fiscalía independiente.