Juez federal de NY decidirá esta semana si frena norma de ‘carga pública’

Falta exactamente una semana para que entre en vigor la nueva norma sobre ‘carga pública‘, promovida por la Administración Trump, que pretende negar la ‘Green Card’ (residencia) a aquellos inmigrantes que reciban beneficios públicos federales, como cupones de alimento, vivienda y salud. Y en Nueva York, una demanda interpuesta en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, es vista por muchos inmigrantes que se verían afectados, como la última esperanza para frenar la implementación de la nueva medida que tiene el 15 de octubre como fecha oficial para empezar a aplicarse.

Los demandantes de la norma, a la que califican de “racista”, “discriminatoria” y “un castigo para los inmigrantes más pobres”, tuvieron la oportunidad de defender su postura durante una audiencia este lunes ante el juez federal George B. Daniels, en la cual solicitaron que emita una orden judicial preliminar, para evitar que los cambios propuestos entren en vigencia el martes de la próxima semana.

Durante más de cuatro horas, abogados de la demanda, interpuesta en agosto pasado, conocida como “Make the Road New York vs Cuccinelli”, manifestaron sus argumentos contra los cambios considerados “unilaterales e inconstitucionales” de la Administración Trump. El principal argumento es que la norma debe detenerse hasta que se determine su legalidad.

Discrimina a latinos y asiáticos

“Esta regla discrimina por motivos de raza, discapacidad e ingresos para reducir drásticamente la cantidad de inmigrantes que obtienen el estatus de residente permanente en este país”, aseguró Ghita Schwarz, abogada del Centro de Derechos Constitucionales al presentar sus posiciones, destacando que como ha ocurrido con otros intentos de la Administración Trump de atacar a la comunidad inmigrante, va contra la Constitución.

La abogada destacó que la norma propuesta por el gobierno federal ignora la voluntad del Congreso, y no puede ajustarse a los principios del estatuto de inmigración.

Otro de los puntos de los demandantes es que la norma de carga pública vigente, que tiene más de 120 años, se ha aplicado de manera balanceada, mientras que la nueva toma como centro de ataque directo a inmigrantes de bajos recursos, mayormente latinos y asiáticos.

“Esta norma ilegal anula la inmigración basada en la familia, que ha sido el sello distintivo de la política de inmigración de nuestra nación durante décadas. Va en contra de los valores fundamentales de nuestra nación y busca castigar a los inmigrantes que trabajan duro, enviándoles el mensaje de que si no son ricos no son bienvenidos”, aseguró Susan Welber, abogada de la Unidad de Reforma Jurídica de The Legal Aid Society. “En el tribunal subrayamos la necesidad crítica de proteger a nuestros demandantes y clientes familiares inmigrantes de daños, al impedir que la regla entre en vigencia el 15 de octubre”.

Defensa no logra convencer al juez

El representante del Gobierno federal intentó convencer al juez de que la norma de la Administración Trump es justa porque no solo evita que los inmigrantes se vuelvan una carga para el país a nivel económico, sino que de paso “predice” quienes pudieran convertirse eventualmente en carga pública, punto que no convenció al juez.

“No entiendo la razón para que pretendan cambiar una ley que ha funcionado durante 120 años. Quiero oír la razón racional. Los cambios deben moverse con bases racionales y la predictibilidad no es ninguna razón”, dijo el juez federal, abriendo una esperanza entre inmigrantes que asistieron a la audiencia. “Tampoco veo como pueden decir que una persona de bajos recursos, que trabaje y que según las leyes actuales tenga el derecho para recibir ayudas públicas por qué va a tener que dejar de recibirlas”.

El juez no se mostró del lado de la norma de Trump sobre el punto de que una persona que en un plazo de 36 meses haya recibido beneficios públicos durante 12 sea carga pública.

“Esos tiempos son arbitrarios de dónde los sacan y como pueden predecir que si alguien pasa por un mal momento va a ser una carga 20 años”, dijo el magistrado, agregando que recibir ayuda no está fuera de la ley. “O sea que si yo he vivido en una casa 10 años con mi familia recibiendo ayuda de vivienda y siendo un trabajador, lo que se pretende ahora es que si quiero tener mi residencia, a menos que me gane la lotería me vaya a vivir a la calle”.

Javier H. Valdés, codirector ejecutivo de Make the Road New York, hizo un llamado al tribunal para que tome una decisión basada en la justicia y la ley.

“Los ataques deliberados de la Administración Trump para castigar a los inmigrantes y las personas de color de la clase trabajadora son inhumanos e ilegales. Nuestro sistema de inmigración basado en la familia no debe ser una prueba de riqueza que favorezca desproporcionadamente a los blancos y ricos”, dijo el activista. “Este cambio imprudente de la regla de carga pública conduciría a un daño irreversible a las familias inmigrantes que necesitan servicios y programas de supervivencia si se permite que entre en vigencia el 15 de octubre. Los tribunales deben actuar ahora para proteger nuestro sistema legal de inmigración y evitar el cambio de esta regla”.

Inmigrantes optimistas

El mexicano Martín Gil, quien estuvo durante toda la audiencia, se mostró optimista de que el tribunal frene la implementación de la norma de carga pública.

“Tengo esperanzas de que el juez se ponga del lado de nosotros, pues dijo muchas cosas que nos hacen entender que tampoco está convencido de la legalidad de la norma de Trump”, dijo el inmigrante. “Además, el representante del Gobierno no supo que responder a muchas preguntas. Ni él mismo sabía defender la nueva norma ni cómo responder. Ni siquiera tiene claro a quienes va a afectar, pues a juzgar por lo que dijo, puede afectar a cualquiera que no tenga dinero”.

Al final de la diligencia, las partes acordaron entregar este martes al medio día todas sus presentaciones y el juez se comprometió a emitir una decisión sobre la demanda, a fines de esta semana.

La Fiscal de Nueva York, Letitia James, manifestó que la regla de carga pública de la Administración Trump es “un intento atroz de infringir las leyes y los valores de este país” y destacó sus daños de llegar a aplicarse. “Si la regla se aplica la próxima semana, los neoyorquinos–tanto ciudadanos como no ciudadanos–se verán afectados negativamente. El precio de los seguros médicos aumentará y los niños pasarán hambre innecesariamente. Es por eso que estamos buscando detener inmediatamente la implementación de esta regla errónea y continuaremos usando todas las herramientas legales disponibles para frenarla permanentemente”, dijo.

La demanda está siendo promovida por el Centro de Derechos Constitucionales, The Legal Aid Society y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a nombre de Make the Road New York, el Comité de Servicios Africanos, la Federación Asiática Americana, Catholic Charities Community Services y la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC).

Datos sobre la aplicación de la nueva norma:

• 15 de octubre es la fecha en que entra en vigor la nueva norma de carga pública
• Esta semana la corte federal de Nueva York emitirá su decisión sobre la demanda interpuesta para frenar la implementación de los cambios
• 380,000 personas anualmente en Estados Unidos se estima se verían afectadas con la nueva norma, de ser implementada
• 75,000 neoyorquinos se calcula se verían afectados por la nueva norma
• 4,000 neoyorquinos adicionales se verían afectados por daños colaterales
• Oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplicarán la regla de “carga pública” a prácticamente todas las peticiones de beneficios migratorios, como Residencia Permanente y extensión de estancia en los Estados Unidos
• La regla propuesta define una carga pública como un extranjero que recibe uno o más públicos beneficios. El Gobierno establece que un inmigrante considerado “carga pública” es aquel inmigrante que recibe una o más ayudas sociales durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses (tres años)
• Además basados en otros factores analizarán qué inmigrantes pudieran eventualmente convertirse en carga pública, negando beneficios
• La autoridad divide en dos los beneficios públicos que afectan: los monetizables, como cupones de comida (SNAP), apoyos de vivienda y asistencia de alquiler; y los no monetizables, como Medicaid, Parte de Medicare, vivienda subsidiada. Hay una larga lista de ayudas que se integran y afectarán la petición de visa de un inmigrante. Entre los programas que serán un problema están SNAP, Medicaid en casi todos sus casos, Asistencia de Vivienda bajo el Voucher de Elección de Vivienda (HCV), asistencia de alquiler basada en proyectos, y otras formas de vivienda subsidiada, SSI, TANF, asistencia general, entre otros
• La norma no aplicará a seis grupos: refugiados; asilados; peticionarios de Visa T, es decir, víctimas de trata protegidas; protegidos con Visa U, o sea víctimas del crimen protegidas bajo este permiso de estancia, considerado de no inmigrante; víctimas de violencia doméstica, bajo el programa VAWA, y los Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, en inglés), es decir, aquellos menores que han sido maltratados o abandonados por sus padres y podrían recibir la Residencia Permanente. Recientemente también se hizo una corrección y se excluyó a los familiares de militares desplegados en el extranjero
• Cuando un extranjero solicite su extensión de estancia en el país o su “green card”, si el funcionario de USCIS considera que es una “carga pública” y le niega la petición, esa determinación pondrá al inmigrante en proceso de deportación
• Es importante destacar que ninguna aplicación presentada antes del 15 de octubre de 2019 será revisada bajo la nueva regla de “carga pública”, aunque ya existen criterios sobre “carga pública” que los oficiales aplican

Qué se debe hacer si actualmente recibe beneficios públicos

• El consejo número 1 es que consulte un abogado inmediatamente porque cada caso es distinto. Puede encontrar uno gratuito llamando a la línea 311 diciendo “Carga pública”.