Al cine, la historia del éxodo de 14,000 mexicanos sin asilo en EEUU

MÉXICO – Guadalupe, en el Valle de Juárez, era un pueblo tranquilo salpicado  de calles polvorientas  a unos cuantos metros de la frontera con Texas donde se podía salir a cenar y comprar frutas, hasta que cayeron allí la policía Federal y el Ejército para combatir a los narcos en 2008.

O al menos esa es la versión oficial que se mantiene hasta la fecha –generalizada y con pocas sentencias–para explicar las balaceras, la quemazón de las casas, la muerte y la huida de más de 14,000 personas, muchas de las cuales, vieron en Estados Unidos el sitio más cercano para salvar sus vidas.

Pero Estados Unidos les ha tirado la puerta en la cara: el 99% de los asilos políticos que solicitan los mexicanos son rechazados a pesar de la documentación de las víctimas.

Historias que en esos años (entre 2008 y 2010) se dieron a conocer por este diario y ahora saltan a la pantalla grande con el documental El Guardián de la Memoria, dirigido por Marcela Arteaga, ganador en el Festival Internacional de Cine de Morelia, que se estrenara en salas del país este viernes.

El Guardián de la Memoria tiene como hilo conductor al abogado Carlos Spector, un abogado mexicano de ascendencia judía, fundador de la organización civil Mexicanos en el Exilio, empeñado en ampliar los criterios por los que Estados Unidos da asilo político.

Actualmente el asilo político sólo se otorga por persecución de raza, religión, minorías, opiniones políticas o de grupo social,  y se niega tajantemente si las causas son por acoso del crimen organizado, que es delito común. “¿Y qué pasa si el Estado es la causa?”, se pregunta el litigante. “Por ello creemos que se  le tiene que llamar  ‘crimen autorizado’ porque el Estado es cómplice por acción u omisión”.

De muestra hay miles de testimonios y denuncias. El documental da rostro y voz a casos como el de Rosa María Vázquez, a quien le mataron cuatro muchachos después de que éstos fueron a jugar a un parque y los policías se los llevaron. Ella llamó al teléfono de uno de ellos y un desconocido contestó. “Está equivocado”. 

Luego Rosa María fue a la central local de la policía, donde le dijeron que la redada la hizo un comando especial de la federal. Con algunos reporteros fue al centro de operaciones de éste, y su sorpresa fue mayor: la voz del directivo era la misma que respondió en el número de su hijo.

“Levante la vista y dígame que no fue usted”. El otro no respondió. Tampoco la miró.

Al continuar la búsqueda, interceptó al entonces gobernador César Duarte (quien hoy también busca asilo en EEUU por las acusaciones de corrupción que debe enfrentar en México) y a algunos diputados, frente a los que cayó de rodillas frente a la cámara de televisión, lo que le costó una amenaza de hombres encapuchados que la interceptaron en la calle.

“Váyase, todavía tiene un niño chiquito”.

Así pasó a ser parte de los solicitantes de asilo, junto a los Porras (36 miembros) y los Reyes y los Holguín. “Fui joven en el peor momento que hubo en el  Valle de Juárez. Yo tenía 16 y llegué a ver en un solo día 50 cuerpos acribillados, tirados, apilados”, recuerda Jorge Reyes, cuya madre fue asesinada en ese contexto, cuando tenía una campaña de denuncias por otras muertes de la familia. “Mataron a mi hijo con 19 tiros, le desfiguraron el rostro y a mi me mataron las ganas de todo, de emprender, de seguir”, agrega Alfredo Holguín.

Con el paso del tiempo, las familias y el abogado han buscado razones convincentes para echar a tanta gente de la región fronteriza porque la explicación de la lucha de cárteles no les convence del todo.

Así encontraron otra hipótesis que es a la vez una exigencia de protección: el ataque fue para quitar a los pobladores de un territorio con riquezas de otro tipo: por ahí pasan los gasoductos de petróleo de Texas, se construye el puente más grande del mundo y una carretera clave en el desarrollo regional. “Todo esto es parte de nuestra memoria y no se debe olvidar para que no se repita”.