Departamento de Justicia revisa política de deportación que implica a portadores de “green card”
El caso de un residente permanente desató las alertas
El camino para obtener una "green card" es más complicado. Crédito: uscis.gov
En octubre, el fiscal general William Barr emitió determinaciones que limitan las opciones de los inmigrantes para luchar contra la deportación que implican a extranjeros que han cometido algún delito considerado menor o tienen múltiples condenas por alcoholismo.
Sin embargo, la semana pasada, el fiscal Barr decidió revisar su propia decisión, ordenando a la Junta de Apelaciones de Inmigración ofrecer una postura sobre el Caso Reyes, en referencia a Reyes Onesta, conocido también como Sirano Onesta, un residente permanente que enfrenta deportación, acusado de robo, pero calificado como un delito mayor.
La determinación tendría un impacto importante, ya que los jueces migratorios, que dependen del Departamento de Justicia (DOJ), deberán decidir con base en estos argumentos si un inmigrante con Residencia Permanente puede ser expulsado por delitos similares.
El proceso contra Reyes está suspendido al menos hasta el 17 de enero de 2020, cuando será la fecha límite para que los defensores y la Junta ofrezcan mayores argumentos por el caso que sentaría precedentes para otros inmigrantes.
Según la petición, el fiscal Barr busca tener suficientes elementos para determinar el alcance de una condena por un delito considerado grave al nivel de afectar los procesos migratorios de indocumentados, incluso de portadores de “green card”.
La decisión tomada en octubre pasado había puesto en alerta a defensores de inmigrantes, al considerar que endurecía los procesos de deportación.
“Cientos de miles de inmigrantes en todo Estados Unidos se verán afectados por estas decisiones”, dijo en aquel momento Rose Cahn, abogada principal del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.
El fiscal Barr tiene el poder de “certificar” las decisiones de la Junta de Apelaciones y emitir sentencias vinculantes sobre cómo los tribunales de inmigración deben interpretar la ley.
