Corte Suprema da esperanza a ciertos inmigrantes en proceso de deportación
Jueces discutirán caso relacionado con "el buen carácter moral"
La Corte Suprema discutirá el caso de un inmigrante indocumentado que enfrenta deportación que podría tener implicaciones para otros extranjeros en la misma situación.
En el expediente Pereida v. Barr, los jueces decidirán si un inmigrante que es condenado por un delito estatal puede solicitar el alivio de la deportación, como el asilo o la cancelación de la expulsión, cuando el registro de la corte estatal es ambiguo sobre si su condena corresponde a un delito enlistado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Clemente Pereida fue condenado en Nebraska por “intento de suplantación criminal”, al utilizar un número de Seguro Social para trabajar, un delito menor por el cual recibió una multa de $100 dólares.
Aquella disputa se centra en si la condena fue un “delito de depravación moral”, lo que impediría a Pereida solicitar alivio de la deportación, considerando los lineamientos de “buen carácter moral” (GMC, en inglés) que establece el INA.
El gobierno federal está de acuerdo con la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito que determinó que Pereida no es elegible para el alivio de la deportación, pero permitió que el inmigrante llevara su caso al máximo tribunal.
La discusión de este caso será hasta marzo, cuando se presente los argumentos.
Será hasta el 10 de enero del 2020 cuando el máximo tribunal de los Estados Unidos evalúen si aceptan nuevos casos.
Cabe destacar que la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) destaca algunas faltas que evitarían a cualquier inmigrante obtener un beneficio, incluida la Residencia Permanente o la naturalización, incluida la cometida por Pereira.
Algunas de las faltas que destaca son: evadir la corte tras pagar fianza por un delito; fraude bancario; conspiración para distribuir una sustancia controlada; no presentar o pagar impuestos; reclamo falso de ciudadanía estadounidense; falsificación de registros; falsificación para fraude; fraude de seguro; obstrucción de la justicia; agresión sexual; fraude de la Seguridad Social; acoso; registro ilegal para votar; votación ilegal; y violación de un embargo estadounidense (en cualquier país).