Qué implica la “cruel” ampliación del programa que obligó a 56,000 inmigrantes a volver a México
La administración expone a la deportación a muchas de las personas que entran por la frontera sur
Con Nogales, Arizona, ya son site los puertos de entrada que envían migrantes a México. Crédito: Mani Albrecht | Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el pasado jueves la ampliación del programa conocido como ‘Quédate en México‘ al puerto de entrada de Nogales, en Arizona. Con la inclusión de este, un total de siete puertos de la frontera sur obligarán a los solicitantes de asilo a esperar en México que los tribunales de inmigración resuelvan sus casos.
Desde su activación el 20 de enero de 2019, el Protocolo de Protección del Migrante (PPM) ha regresado al país vecino a 56,000 inmigrantes, la mayoría de ellos procedentes de Centroamérica. Con esta ampliación, tal y como dice DHS, quienes piden asilo en el puerto de entrada ubicado al sur de Tucson también “puede ser devueltos a México […] para esperar sus procedimientos judiciales de inmigración”.
Las personas que pidan protección en Nogales “serán procesados dentro del sector de Tucson”, según dijo a Univision el propio departamento. Las audiencias, por su parte, se llevarán a cabo en El Paso, Texas. Serán los propios solicitantes de asilo quienes tengan que encontrar la forma de salvar las 342 millas (550 kilómetros) que separan el puerto de entrada de Nogales de la ciudad texana.
El gobierno no ha aclarado cómo notificará a los interesados sobre su cita ante la corte (NTA) ni si tendrán el tiempo suficiente para acudir a ellas a sabiendas de que si un inmigrante no se presenta a su audiencia en la fecha y hora estipulada, pierde automáticamente el caso y el tribunal le emite una orden de deportación en ausencia.
Aunque la noticia no sorprendió a activistas y abogados migratorios de ambos lados de la frontera, sí que expresaron su preocupación al citado medio ante la incertidumbre a la que quedarán expuestos los solicitantes de asilo afectados. “Dudo mucho que estos inmigrantes tengan los fondos necesarios para ubicar y pagar un transporte”, dijo la abogada Lilia Velázquez a Univision.
Desde la organización Families Belong Together de Tijuana recuerdan que algo similar pasa en Baja California, México. Los migrantes que tratan de entrar a EEUU por Calexico tienen que recorrer dos horas en autobús para ir a sus citas en los tribunales de San Diego. La directora de la ONG, Soraya Vázquez, señala que “se trata de una política cruel para desincentivar que las personas continúen con sus procesos de asilo“.
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