Uber responde contra nueva ley en California: conductores seguirán como contratistas, no empleados
Para darle la vuelta a las nuevas medidas, cambiará política de precios
Uber insiste en que los conductores son empleados. Crédito: Spencer Platt/Getty Images
SAN FRANCISCO.-La plataforma de transporte de vehículos con conductor Uber anunció hoy que ya no ofrecerá a los pasajeros un precio cerrado antes de realizar el trayecto en California, sino que les dará una estimación, en respuesta a una nueva ley estatal que entró en vigor a principios de año.
Así, la firma de San Francisco abandona en el estado más poblado del país la que había sido una de sus señas de identidad desde el principio y que la diferenciaba de los taxis, para pasar a ofrecer un rango de posibles precios que dependerán de las circunstancias que posteriormente se den en el trayecto.
La compañía explicó que ha tomado esta decisión, junto a otras, para dar respuesta a la ley 5 de la Asamblea estatal, que obliga a las llamadas empresas colaborativas a contratar formalmente a quienes prestan servicios para ellas para que dejen de ser contratistas y se conviertan en empleados.
Con el cambio de la política de precios y el resto de modificaciones introducidas, Uber espera poder evitar esta reclasificación de la ley y seguir operando como hasta ahora en California, es decir, que los conductores sigan teniendo estatus de contratista y no de empleado.
Además de abandonar los precios cerrados, Uber también permite con su nueva política que los conductores rechacen recoger a ciertos viajeros sin ser penalizados por ello, aunque ello implique un potencial aumento de los tiempos de espera por parte de los usuarios.
Otra de las novedades es que los pasajeros pueden incluir a conductores en una lista de favoritos, de manera que estos tendrán prioridad para volver a ofrecer sus servicios en trayectos futuros.
Las nuevas reglas de Uber afectan solo a los usuarios y conductores en California y, por el momento, se desconoce si su gran competidor, Lyft, ha adoptado medidas similares.
Uber, Lyft y otras empresas de la economía colaborativa se han opuesto ferozmente a la nueva ley desde antes de que esta fuese aprobada, la han llevado a los tribunales y han prometido destinar $90 millones de dólares en conjunto para promocionar una iniciativa legislativa popular que tumbe sus efectos.
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