La reforma al sistema de fianzas

La carcel suministraba a ICE información migratoria de los reclusos.

La carcel suministraba a ICE información migratoria de los reclusos. Crédito: Archivo/La Opinión

 El 1 de enero, cuando Nueva York dio un enorme paso para tener un sistema de justicia penal más justo y equitativo, escuchamos las demasiado previsibles objeciones a la reforma de libertad bajo fianza. Ahora, junto con el clamor de quienes intentaron acallar a gritos las reformas durante la última sesión legislativa, escuchamos que algunos de los que las apoyaron desean echar atrás una política que toma en serio los derechos de los neoyorquinos de bajos ingresos y las comunidades de color — debido a un trágico accidente en Monsey, que de hecho nada tiene que ver con la libertad bajo fianza o la reforma.

Siendo un legislador estatal de color, que representa a los residentes latinos, africanos, afroamericanos y blancos de un distrito de El Bronx, cuyos ciudadanos hace mucho que sufren la opresión de políticas de libertad bajo fianza inequitativas e injustas, y como líder judío sin fines de lucro, cuya organización tiene su sede en este mismo distrito y que por décadas ha trabajado en cárceles y prisiones, estoy consternado por que el amargo dolor del racismo y el resurgimiento del antisemitismo se utilicen para dividirnos, en cambio de unirnos más.

Veamos los hechos. La fianza mediante el pago de dinero tiene como fin asegurar que los acusados — quienes solo están acusados de un crimen, y por lo tanto, legalmente se presume que son inocentes — se presenten ante el tribunal.

No pretende ser un castigo o una tarifa. Sin embargo, para muchas personas representa una barrera financiera insuperable para lograr la liberación, que conlleva consecuencias graves y perturbadoras para sus vidas. Hay muchos ejemplos de personas como Kalief Browder, y otras miles, que fueron arrestadas y retenidas, no por el riesgo de que se fugaran, sin simplemente porque ellas o sus familias no podían pagar la fianza. Kalief sufrió de tanta violencia y tortura durante su detención, que se quitó la vida luego de ser liberado. Layleen Polanco nunca pudo volver a casa, y murió detenida con una fianza fijada en $500.

No podemos ignorar el racismo, el sexismo y la discriminación por edad — históricos y sistémicos — que están en la raíz de muchas políticas de justicia penal, ni podemos pretender que la libertad bajo fianza no criminaliza la pobreza y perpetúa la injusticia, y debemos reconocer que la detención antes del juicio en realidad reduce la seguridad pública. Los datos de la Agencia de Justicia Penal (CJA) de la ciudad de Nueva York demuestran que es más probable que la detención ocasione crímenes, a que mejore la seguridad pública. Un informe similar, de la Fundación Arnold, reveló que las personas detenidas durante dos o tres días tienen un 40 % más de probabilidades de cometer un crimen antes del juicio que aquellas detenidas menos de 24 horas, y que aquellas detenidas más de un mes, tienen una probabilidad 74 % mayor de ser arrestadas por otro crimen.

¿Por qué sucede esto? Luego de transcurridos apenas unos pocos días de detención, las personas pierden sus trabajos, dejan de pagar sus alquileres o les quitan a sus niños. Luego de un mes, estas consecuencias son incluso más profundas, y amenazan los nexos con la comunidad, que son fundamentales para su estabilidad y bienestar. Para empeorar las cosas, las personas que están detenidas en espera de juicio son mucho más susceptibles a aceptar acuerdos judiciales, incluso si son inocentes, porque desean volver a casa — como el caso de la exoneración de los cinco de Central Park — o de ser condenadas por un crimen, que acusados similares quienes no son objeto de condiciones que perjudican su bienestar.

Contrario a la retórica que tienen muchos críticos, nuestra ley de libertad bajo fianza reformada no anima a los fiscales o jueces a dejar libre a “personas peligrosas”. Nueva York nunca ha permitido la detención preventiva basada en la predicción de “peligrosidad” futura. Hace mucho tiempo que los fiscales y jueces han trabajado con un sistema que les pide considerar únicamente si es probable que la persona regrese a presentarse ante el tribunal, y que ofrece muchas opciones para apoyar que dicha presentación no dependa de la capacidad financiera. La verdad es que la mayoría de los beneficios de la fianza con dinero eran para las compañías de seguros que tenían el negocio de los bonos de fianza, y que somos muy malos para predecir el comportamiento futuro. No debemos permitir que los actuales temores den lugar a políticas de detención y libertad bajo fianza más represivas y perjudiciales que las que reformamos en la última sesión.

Estamos unidos para apoyar reformas a la libertad bajo fianza y a todas las políticas que aborden las inequidades y sesgos subyacentes de nuestro sistema legal. Es hora de darle la oportunidad a la reforma de la libertad bajo fianza sin permitir que esta ley, construida concienzudamente, sea anulada bajo el pretexto de la lucha contra el antisemitismo.

Sí, hay mucho más por hacer. Debemos continuar implementando programas que aumenten la seguridad pública y a que a la vez aborden la inequidad. La ciudad de Nueva York ha trabajado para asegurar que a las personas que son liberadas en los tribunales o de las cárceles se les ofrezcan los servicios sociales necesarios, un enfoque que debe ser apoyado por quienes afirman estar tan preocupados por la liberación de personas que anteriormente estaban detenidas por un rescate que no podían pagar.

Esperamos que la sesión legislativa del 2020 sea productiva y progresiva, construyendo sobre las reformas de la anterior y continuando con el cambio para que Nueva York tenga un sistema jurídico más justo y equitativo.

-Michael Blake es asambleísta y Elizabeth Gaynes es CEO de Osborne

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