Narcos mexicanos en el negocio de subcontratar bandas de “coyotes”
Gobierno identifica a 12 grupos identificados como traficantes de indocumentados centroamericanos
El verano pasado arrestaron por tráfico humano a 23 marines de una base de San Diego. Crédito: Sargento Jordan Gilbert | Infantería de la Marina de EEUU
MEXICO – Las operaciones de traficantes de indocumentados que operan en México están fraccionadas en mil pedazos con pequeñas bandas regionales, que operan de manera independiente, como subcontratistas, y pagan cuotas a los cárteles en los territorios que éstos controlan de la ruta migratoria por lo que hace más difícil su control.
“Cuando aquí se detiene a un traficante vemos que es parte de una célula muy pequeña que paga en diversas postas o paradas a las grandes organizaciones del narcotráfico, por lo que en los hechos no es parte de un cártel sino una especie de outsourcing “, precisa Javier Urbano, profesor e investigador en estudios internacionales de la maestría en migración de la Universidad Iberoamericana.
“No se puede hablar de una gran organización dedicada al tráfico de migrantes en este país como se hace en otros”.
El gobierno mexicano dijo a mediados de enero pasado que existen 12 bandas que tiene identificadas como traficantes de indocumentados desde Centroamérica a las que ha congelado sus cuentas bancarias donde guardan sus ganancias por llevar a migrantes hacia Estados Unidos a través de México.
Sin embargo, cuando se pide detalles al Instituto Nacional de Migración sobre las personas involucradas, nombres de las organizaciones, vínculos con grupos criminales o zonas de operación la respuesta es tajante: “No hay más información”.
En los últimos meses, tanto en Centroamérica como en Estados Unidos, las autoridades federales han dado fe de grupos muy concretos, nombres y apellidos, de gente detenida, incluyendo funcionarios públicos como ocurrió recientemente en California.
El pasado 22 de enero se informó sobre la detención de Francisco Saúl Rojas Hernández tras una investigación militar que el verano pasado condujo al arresto de 23 marines en una base de San Diego: seis de los cuales, ya se declararon culpables.
En México, el asunto ha quedado en manos de los estados, donde los juicios en contra de diversos “coyotes” o “polleros” dan cuenta de dos situaciones: que no es posible rastrear detalles de su modus operandi, ni cifras de cuántos han sido juzgados salvo que la autoridad quiera darlos (las sentencias en México no son públicas).
“El gobierno hace trabajo de inteligencia y sabe lo que está pasando. […] Se atomizó la delincuencia a tal punto la delincuencia que es imposible controlarla: atrapan a unos y salen otros”, explica el investigador Urbano.
Los estilos de trabajo para el tráfico son tan diversos como el número de organizaciones, según algunos reportes de las fiscalías de cada entidad . En Baja California, por ejemplo, un reporte filtrado a medios de comunicación dio cuenta de que la mitad de los cruces de los últimos 20 años los hizo un tal Héctor Iván Portillo Pérez “El Iván”, quien pagaba a René Arzate “La Rana”, del Cártel de Sinaloa, para que lo dejara operar hasta su detención hace dos años.
La semana pasada en Puebla, la Guardia Nacional reportó la detención hombre de dos hondureños con documentos falsos en el aeropuerto de Huejotzingo que eran guiados por un sujeto al que los medios de comunicación llamaron “el pollero del aire”, cuyos vínculos y redes de sobornos aún se desconocen.
Por la vía terrestre, el tráfico se ha vuelto tipo “hormiga”, en vehículos particulares para suplir a los camiones que hasta el año pasado se movían con soltura por todo el país con grupos de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos de entre 20 y 30 personas, detalla Rubén Figueroa, de la organización civil Movimiento Migrante Mesoamericano.
“Por supuesto que nada de esto se puede explicar sin la complicidad de autoridades municipales, policías federales, estatales, gente del Instituto Nacional de Migración”, detalla.
