Libertad sin fianza

Vivimos en un país en donde las libertades individuales son el fundamento de la constitución, en donde el derecho del individuo contra la potestad omnipresente del estado es la meta del contrato social. Donde la presunción de la inocencia es la esperanza del acusado, aún cuando el encarcelamiento refleja lo contrario.

Es decir, vivimos bajo la constitución estadounidense.

Nueva York por fin reconoció esto el año pasado cuando en Albany se aprobaron reformas del sistema de fianza para las personas acusadas, no convictas de delitos bajo el sistema penal. La presunción de inocencia se hizo realidad al otorgar libertad sin fianza a cada persona acusada de un delito no violento. Este fue, y sigue siendo, un cambio enorme al sistema penal, con el que Nueva York se unió a otros lugares que hace tiempo decidieron poner fin a la criminalización de la pobreza.

¿Cómo podemos racionalizar un sistema en el que las personas peligrosas como el depredador Harvey Weinstein pudo pagar por su libertad mientras esperaba su juicio, mientras que miles de latinos pobres enfrentan el peligro de la cárcel de Rikers Island por razones económicas? ¿Cómo justificar un sistema que penaliza la pobreza y traiciona los valores de las libertades individuales que forman parte de la ley orgánica de esta república. Un sistema que divide familias en base a una simple acusación es un sistema que merece ser desmantelado.

Eso es lo que sucedió el año pasado cuando los poderes en Albany por fin tomaron consciencia y eliminaron el requisito de fianza en la mayoría de los casos. De inmediato, la población de encarcelados antes de juicio disminuyó en un treinta por ciento – casi 6,000 personas por día a nivel estatal.

Esta reforma penal, al igual que otras en Nueva York, (tales como la disminución de “Stop & Frisk” y la eliminación de las leyes con sentencias excesivas por posesión de drogas, conocidas como la ley Rockefeller) no aumentaron la tasa de criminalidad en el estado. Es decir, las reformas penales y la seguridad pública van de mano en mano.

Ahora, a sólo dos meses de su implementación, la reforma de la libertad sin fianza está siendo atacada de una manera feroz y con fines políticos que tienen más que ver con el control partidista del Senado de Nueva York que con la seguridad pública. Y el vehículo que lleva a esta reacción es el miedo. El miedo a la criminalidad.

La reforma de la libertad sin fianza apenas tiene dos meses de existencia. Hacer cambios ahora es traficar el miedo, ese miedo irracional que nutre al sector de la fiscalía y de la policía quienes niegan todo lo que tiene que ver con la consecuencias dañinas y permanentes de un sistema que castiga insaciablemente.

Hoy día, la cárcel en Rikers Island es el lugar en que la ciudad ha convertido en sede de su sistema de tratamiento de enfermedades mentales, sus programas para los desamparados, sus programas contra la adicción de drogas. Las cárceles son lugares que ocultan los peores aspectos de la condición social.

Y en más de un ochenta por ciento de las veces, estos “pacientes” son condenados a vivir entre rejas, en un lugar sumamente peligroso, aún cuando tienen la presunción de inocencia. Nuestras cárceles no pueden continuar operando de esta manera. Tenemos que invertir las ganancias que vienen de la población minoritaria de nuestras cárceles en los programas comunitarios de rehabilitación.

Un liderazgo que se levante en contra de la injusticia y en favor del derecho constitucional. Un liderazgo capaz de poner fin a la criminalización de la pobreza. Es decir, tenemos que regirnos con compasión y restauración, no con miedo. Para lograrlo tenemos que exigir un liderazgo firme en Albany. Un liderazgo que se levanta contra la injusticia y en favor del derecho constitucional. Un liderazgo capaz de ponerle fin a la criminalización de la pobreza.

(Juan Cartagena, President and General Counsel at LatinoJustice PRLDEF)