Si una abuelita le dice a su nieto indocumentado que se quede en EEUU, comete un delito
Corte Suprema rechaza un fallo de apelaciones que había anulado una ley que criminaliza el alentar la inmigración no autorizada
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos confirmó la vigencia de una antigua ley que criminaliza el hecho de alentar la inmigración no autorizada al rechazar el fallo de un tribunal de apelaciones que la había anulado hace dos años.
En ese sentido, si una abuelita le dice a su nieto indocumentado que se quede el país, estaría cometiendo un delito grave, según uno de los ejemplos que expusieron los jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito que habían considerado la ley como anticonstitucional.
Pero la decisión judicial que el pasado jueves 7 de abril tomaron los magistrados del máximo tribunal del país ratifica que el incitar o inducir a la inmigración indocumentada es un delito como lo enmarca la Sección 1324 del USC 8 de la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA) promulgada en 1986.
“Cualquier persona que alienta o induce a un extranjero a que venga, ingrese o resida en los Estados Unidos, sabiendo o haciendo caso omiso de manera imprudente del hecho de que dicho ingreso, entrada o residencia es o será una violación de la ley”, refiere el Código Penal.
En 2018 la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que dicho estatuto es demasiado amplio y que atenta a la libertad de expresión que establece la Primera Enmienda de la Constitución.
Expuso que los consejos legales, las declaraciones o las publicaciones por escrito de abogados, activistas y defensores de los inmigrantes serían delitos conforme la ley.
Y puso como ejemplos de conductas que podrían ser delictivas bajo esa norma:
- Una abuela amorosa que insta a su nieto a quedarse más tiempo de lo que indica su visa.
- Publicar en redes sociales mensajes que alientan a los indocumentados a permanecer en Estados Unidos.
- Un abogado que le dice a su cliente que no acepte irse del país mientras pelea su deportación.
Sin embargo, el caso fue llevado a la Corte Suprema donde el jueves los magistrados rechazaron por unanimidad ese fallo y lo devolvieron para que sea reconsiderado a la Corte de Apelaciones señalando que los jueces se excedieron en su decisión de considerar que la ley era demasiado amplia sobre los procesos migratorios y que violaba la Primera Enmienda de la Constitución.
A principios de febrero un tribunal federal en Arizona exoneró a cuatro mujeres activistas de la organización No More Deaths que habían sido sentenciadas por la administración del presidente Donald Trump bajo ese estatuto, acusadas de alentar los indocumentados a ingresar al país al dejarles agua y comida en una zona desértica por donde suelen cruzar la frontera de México a Estados Unidos.
En ese caso, la jueza del tribunal dictaminó que las activistas no habían violado la ley porque las acciones eran en el ejercicio de sus creencias religiosas.