La “guerra declarada” que se vive en el Chapare de Bolivia, el bastión de Evo Morales que acusan de ser un nido de mafias y terrorismo
El gobierno boliviano acusa a los cocaleros leales de Evo Morales de "terroristas", mientras ellos aseguran que van a combatir "hasta las últimas consecuencias"
Crédito: Getty Images
Cinco huérfanos dejó Julio Pinto la anterior semana, después de casi siete meses padeciendo los efectos de un disparo que recibió en la cabeza.
Era un productor de hoja de coca de la región del Chapare, en el centro de Bolivia, la selva que en su momento fue uno de los grandes bastiones de Evo Morales.
Con el expresidente boliviano fuera del país, en la zona aseguran que viven una “guerra declarada” con el actual gobierno de Bolivia.
En el velorio de Pinto, los cocaleros se reunieron y aplaudieron a una de las huérfanas que ensayó una declamación entre lágrimas despidiendo a su padre.
El Chapare es, muy probablemente, el sitio de Bolivia donde se vive con más dureza la fuerte polarización política en Bolivia en medio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
Donde los campesinos denuncian que son víctimas de una masacre y el gobierno los acusa de “terroristas” y de desacato.
Y donde la presencia policial y militar se vuelve cada vez más fuerte.
La selva
Las poblaciones que componen el Chapare se multiplicaron a finales de la década del 70 e inicios de la del 80, cuando la pobreza empujó a miles de bolivianos a cambiar las frías alturas andinas por los cultivos de coca en tierra caliente.
Las crónicas de ese entonces relatan que llegó a ser prácticamente un mercado abierto de cocaína y fuente de materia prima del Cartel de Medellín cuando en Colombia no existía “una sola mata” de la hoja, en palabras del mismo narcotraficante Pablo Escobar.
Y fue uno de los escenarios más violentos de la llamada “guerra contra las drogas” iniciada por Estados Unidos. Allí cientos murieron o resultaron heridos en operativos que contaban con presencia de la DEA y otras entidades de seguridad enviadas por Washington.
Sin embargo, los cocaleros no se rindieron durante años de “erradicaciones forzosas” y planes de “coca cero”, desde allí impulsaron el liderazgo de uno de ellos hasta que llegó a ser presidente de Bolivia.
De hecho, Morales ni siquiera en sus años de mandatario dejó de ser el máximo dirigente de las Federaciones de Productores de Hoja de Coca de esa zona.
Es más, se convirtió en el abanderado de los cocaleros en su reivindicación de un producto que en Bolivia es apreciado por sus propiedades nutritivas y medicinales, además de que le dan uso en rituales y le dicen la “hoja sagrada”.
La coca, en Bolivia, Colombia y Perú, es uno de los productos que mejores réditos genera en comparación al café, arroz o banano, según múltiples reportes de organismos internacionales.
Se debe a la cantidad de cosechas que se pueden realizar por año, pero fundamentalmente por su demanda.
Y el narcotráfico, como lo señalan reportes como de la Unión Europea, parece tener mucho que ver con ello…
Décadas después
Visitar el Chapare en los últimos años no se parece en nada a lo que era en los 90.
“Leos”, en referencia a leopardos, era como les decían los cocaleros a las fuerzas policiales que se dedicaban a las tareas de erradicación y operativos antidroga.
Se trataba de la unidad policial que muchas veces fue señalada por violentas represiones contra los campesinos allí presentes.
La agresividad era tal que pasar por la zona podía significar que corten tu maleta con una bayoneta con la explicación que era parte de la lucha contra el narcotráfico.
Mucho de eso cambió con Evo Morales, quien incluso convirtió una pista de aterrizaje administrada por Estados Unidos en un aeropuerto
Acostumbrados a sentirse en el poder dese 2006 a 2019, los cocaleros son el sector que más rebeldía muestra contra el gobierno de Jeanine Áñez, mandataria interina que tomó el control del país tras la renuncia de Evo Morales.
Para los productores de coca no existe “ninguna prueba” de que el expresidente fue favorecido por un fraude electoral en las elecciones de 2019 y aseguran su caída fue producto de un “golpe de Estado”.
Ese sigue siendo objeto de discusión en Bolivia entre los detractores y partidarios de Morales.
“Los manda a morir”
En conversación con BBC Mundo, el viceministro de Régimen Interior boliviano Javier Issa acusó a Evo Morales de empujar a sus bases del Chapare a ir a morir contagiándose de coronavirus.
La autoridad boliviana afirmó que desde Argentina, donde el expresidente se encuentra refugiado, se instruye que sus leales desacaten las normas de restricción emitidas por el gobierno actual ante la pandemia.
“Evo Morales está dispuesto a mandar a morir a su gente”, señaló Issa.
El viceministro señala, además, que por “razones de seguridad del Estado” no puede revelar la cantidad de policías y militares desplegados en la zona, pero que es un “fuerte contingente” para evitar nuevos conflictos.
El gobierno de Bolivia acusó de “terroristas” a los autores de una destrucción de una antena de transmisión de señal televisiva el lunes en una población en inmediaciones del Chapare.
Para Issa se trata de una situación sostenida de rebelión de los productores de coca que apunta a desestabilizar al gobierno.
Y apunta que los partidarios de Evo Morales “muy lamentablemente” han creado un alto foco de contagio de la covid-19 por su poca atención a las normas de prevención.
Issa consideró que el Movimiento Al Socialismo (partido del exmandatario) busca que las elecciones se realicen lo más antes posible, en medio de la pandemia, por temor a perder más seguidores.
La gente, según señala, “se está empezando a dar cuenta que el MAS en realidad era un movimiento de mentiras”.
La autoridad boliviana puso como ejemplo el fallecimiento de un alcalde de la región que en las primeras semanas de la cuarentena “alentaba” a no cumplir con el encierro.
“Guerra declarada”
Por otro lado, la diputada Juana Quispe, que es representante del Chapare, asegura que sus vecinos son víctima de una “represión enorme” bajo el nuevo gobierno.
Los anuncios del gobierno de aumentar la presencia militar y policial son considerados por la representante como una nueva forma de hostigamiento a su región.
“Covid-19 es una excusa para reprimirnos y prorrogarse en el gobierno”, indica la entrevistada.
Quispe hace referencia a la controversia que se vive en la actualidad por la fecha de realización de elecciones presidenciales que los evistas reclaman realizar “lo antes posible”.
Quispe relata que desde el segundo día de la renuncia de Evo Morales sus compañeros son víctimas de acoso gubernamental.
Y asegura que, entre las decenas de muertes que sucedieron en su región en los graves enfrentamientos de noviembre, muchas se debieron a balas de policías y militares.
Lo último que cuenta es cómo fue el último día de Morales en su Chapare, cuando partió para un refugio que empezó en Ciudad de México y ahora prosigue en Buenos Aires.
“Desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche hemos acompañado, llorando en la pista del aeropuerto. ‘No te vayas, papá Evo’, le decían los niños”, recuerda Quispe sobre ese 11 de noviembre del año pasado.
El gobierno también en la mira
Los recurrentes incidentes en el Chapare han llamado la atención de diferentes organismos internacionales.
A finales de 2019, los cocaleros protagonizaron marchas y bloqueos carreteros como una de las últimas muestras de resistencia del “evismo”,
En los incidentes de ese momento, en los que hubo intervención policial y militar, fallecieron al menos 30 personas, según lo reportó la Defensoría del Pueblo de Bolivia y otras entidades.
El gobierno atribuyó la mayoría de esos fallecimientos a “autoatentados”, pero no existe fallo judicial todavía que verifique que los muertos se produjeron por fuego amigo.
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No solo la Oficina del Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos se pronunció al respecto de esas acciones gubernamentales, también lo hizo Human Rights Watch (HRW).
“Al menos 21 personas murieron en incidentes donde participaron las fuerzas armadas y, al menos en un caso, también la policía”, afirma José Miguel Vivanco, director de la región América de esa entidad.
Consultado por BBC Mundo, Vivanco agregó que cuando HRW visitó la zona identificó graves problemas en la “investigación de esa masacre”.
“Como los retrasos en la realización de peritajes y las escasas municiones recogidas en el lugar del crimen. Un obstáculo fundamental en ese caso y en la investigación”, indicó.
Vivanco anticipó que en los próximos meses se presentará un reporte con las conclusiones del trabajo de campo realizado.
“Es enormemente frustrante que las investigaciones de esos casos no hayan avanzado más y que aún no se hayan identificado y castigado a los culpables de todas las muertes ocurridas a fines del año pasado, sin importar la posición política de las víctimas”.
El diector de HRW coincide en que Bolivia atraviesa una “gran polarización, división social y falta de confianza entre los actores políticos”.
“El gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez tenía una oportunidad de establecer una clara diferencia con su antecesor y reafirmar el respeto al estado de derecho y la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, no es eso lo que ha hecho”, concluye Vivanco.
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