Tarjetas de débito con cheque de estímulo dificultan reclamos de consumidores por cargos adicionales
La nueva forma de pago ha traído más inconvenientes que soluciones
Así lucen las tarjetas de débito prepagadas con dinero de estímulo que envía el Gobierno. Crédito: EIP Card.com | Cortesía
Los beneficiarios del cheque de estímulo que tengan alguna disputa relacionada con los pagos enviados en forma de tarjeta de débito y el uso de la misma deberán dilucidar los argumentos a través de un árbitro externo.
Un reporte este viernes de The American Prospect alerta que el procedimiento, aunque usual en la mayoría de reclamos por tarjetas de débito prepagadas, no lo es para un pago autorizado por el Gobierno de Estados Unidos, especialmente cuando solo a una mínima parte de los recipientes les llegaría el dinero en forma de plástico.
Según la publicación especializada en política, si un portador tienen alguna queja sobre cargos por tarifas no autorizadas o especificadas o mal funcionamiento de la tarjeta, por ejemplo; deberá conseguir un árbitro externo para que medie en la disputa.
“El hecho de que es relativamente común entre compañías de tarjetas privadas es cierto y es también un problema”, dijo Paul Bland, el abogado de Public Justice que en principio hizo pública la información sobre el acuerdo de arbitraje. “La compañía de tarjeta puede imponer varios cargos ilegalmente y los usuarios no podrán ser capaces de pedirle cuentas. Y para el Gobierno decir ‘tú solo vas a obtener este dinero si tú cedes al derecho de un juicio por jurado’, es realmente inusual”, puntualizó el experto.
En este sentido, los afectados por estas prácticas se verían obligados a reclamar de la forma menos conveniente para ellos, lo que significa que los consumidores no pueden unirse en una demanda de clase para resolver el pleito. En términos de litigaciones por tarjetas de débito, los reclamos menores usualmente son discutidos en privado y en secreto, a un costo económico muy alto, para recuperar una cantidad mínima de dinero.
A mediados de mayo pasado, el Departamento del Tesoro anunció que en coordinación con el Servicio de Rentas Internas (IRS) estaría enviando el “Pago de Impacto Económico” bajo CARES Act en la forma de tarjeta de débito prepagada a unos 4 millones de beneficiarios.
Aunque la intención era, supuestamente, facilitar los procesos, la confusión y falta de información han marcado el trámite.
La situación ha llegado al punto que beneficiarios han roto la tarjeta que envía el Gobierno pensando que se trata de correo basura o fraude. Entre otras razones, la dudas responden a la imagen genérica del sobre y de la tarjeta en sí. Las autoridades tampoco orientaron con anticipación a la ciudadanía sobre el alcance de las mismas y el modo de utilización.
Aunque muchas de las transacciones con la tarjeta no implican cargos adicionales, hay excepciones.
Aquí puedes leer una historia que explica los costos de algunos servicios.
