República Dominicana: la incertidumbre del empleado público en tiempos de elecciones

Con un eventual cambio de gobierno y en consecuencia de partido a partir del próximo 16 de agosto, me surgen algunas interrogantes
República Dominicana: la incertidumbre del empleado público en tiempos de elecciones
El 5 de julio los dominicanos van a las urnas.
Foto: AFP

Desempeñar un cargo en la Administración Pública supone orgullo y admiración en muchos países, sobre todo en aquellos donde se ha desarrollado un sistema basado en la meritocracia.  Sistema que permite ingresar a un puesto público por el mérito y la idoneidad demostrada a través de procesos técnicos científicos como los concursos de oposición, donde todo ciudadano que reúna los requisitos puede acceder sin necesidad de contar con medidas clientelares y el paternalismo que pueda imperar en algunos casos, y hacer carrera dentro de la administración.

De manera que todo servidor público que, habiendo agotado un proceso de concurso, adquiere el estatus de servidor de carrera y se siente seguro y estable en su puesto de trabajo. De la misma manera, goza de unas prerrogativas especiales y distintas a las de aquellos que ingresaron al Estado mediante el clientelismo y el paternalismo, no tendría que sentirse amenazado frente a los cambios de gobierno. 

En la República Dominicana cada cuatro (4) años con esos eventuales cambios un gran número de servidores al servicio del Estado vive la incertidumbre de ser separados de sus funciones por cuestiones políticas. Este 2020, no es distinto, solo que en esta oportunidad trae un matiz muy especial y pondrá a prueba veinte años de estabilidad laboral de miles de empleados, tanto de carrera administrativa como de aquellos que no ostentan el estatus, quienes amparados en la Ley 41-08 de Función Pública, defenderán los derechos que dicha Ley consagra.

De 2012 al último trimestre de 2019, la nómina pública tuvo un crecimiento muy elevado según Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo que divulga el Banco Central, unos 631,369 mil servidores aproximadamente, con un aumento de casi 100 mil en los últimos seis años, dicho sea de paso, un alto porcentaje de estos ingresaron con el partido de turno, ya que han estado gobernando durante los últimos 20 años. Para ese año, cerca del 82% de los puestos clasificados de carrera pertenecía al oficialismo, pero sus ocupantes no eran de carrera. Ocho años después la situación probablemente no haya tenido mucha variación, solo con el Ministerio de Educación con una nómina rondando cerca de los 200 mil servidores, por citar un caso.

Con un eventual cambio de gobierno y en consecuencia de partido a partir del próximo 16 de agosto, me surgen algunas interrogantes.  

¿Qué pasaría con todos aquellos empleados que no pertenecen a carrera y, por ende, no gozan de estabilidad en sus puestos? ¿Será el nuevo partido capaz de mandar a la calle cerca de 400 mil servidores públicos?

Es justamente en ese momento donde se pondrá a prueba la Ley 41-08 de Función Pública la cual en 12 años de promulgada estaría en su prueba de fuego, porque no es lo mismo pescar en mar en calma, que en el revuelto. 

Ahora bien, es propicio aclarar que habrán puestos que por su naturaleza no continuarán en el gobierno con un nuevo partido, la propia ley los categoriza, estos son, cargos de libre nombramiento y remoción, los cargos de confianza, y una serie y clase cargos que tienen funciones de apoyo y, en consecuencia, no tienen vocación a la permanencia. Igualmente, aparecen uno que otros cargos que se hayan creado sin la necesidad, sino más bien para ayudar a los compañeros de partido, esto ocurre con todos los gobiernos. Cuando hago mención al clientelismo o paternalismo me refiero a los grupos de libre nombramiento y remoción: Ministros, Viceministros, Directores Nacionales y Generales, Gobernadores, Asesores, Asistentes etc.

Si bien es cierto que se ha avanzado bastante en el tema de la profesionalización de la Función Pública, sobre todo en el periodo 2004-2008, no obstante, a partir del 2008, el ingreso por mérito tuvo una época de letargo dando cabida a que el ingreso se hiciera basado en medidas clientelares, el amiguismo y el paternalismo presente durante tanto tiempo en la Administración Pública dominicana y que no se supera en su totalidad, dejando de lado el proceso del mérito.

Se han realizado estudios, existe una propuesta sobre el tamaño del Estado, la macroestructura, y se ha llegado a la conclusión de que la Administración Pública puede funcionar de forma eficiente con la mitad del personal con que cuenta hoy día, pero eso es una utopía, ningún partido hará más chico su principal fuente de obtención de votos.  Sobre todo, porque se es conocido que el Estado es el mayor empleador, para lo cual ha basado su política de ingreso a los puestos públicos en el clientelismo y el paternalismo. 

Los tiempos electorales en la isla caribeña traen consigo infinidades de campañas que buscan “alertar” o inducir el voto de los servidores del Estado bajo la amenaza o infundir miedo sobre perder sus empleos ante un cambio de gobierno, esta campaña 2020, bajo una pandemia por la Covid19, no ha sido diferente.

Sobre todo, cuando en las últimas semanas uno de los candidatos opositores se muestra puntero en las encuestas que se han venido publicando, el oficialismo ha sacado a unos escasos 10 días para las elecciones una campaña fundamentada en la amenaza que representa un gobierno contrario para miles de empleados al servicio del Estado, condicionando su voto al candidato oficialista. En ese sentido varios funcionarios del gobierno han aupado estos comentarios, haciendo que el órgano electoral (JCE) se pronuncie de manera categórica.

Al parecer muchos olvidan lo consagrado en la Constitución dominicana en su Art. 208, sobre el Ejercicio del sufragio. “Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”.

Un nuevo gobierno tiene potestad para cambiar una serie de funcionarios y servidores amparados en la Ley y la Constitución, ya que solo consagran la estabilidad en sus puestos de trabajo de todos aquellos servidores que ostente el estatus de Carrera, y solo podrán ser removidos de sus espacios si cometen falta grave demostrada por ante las instancias correspondientes.

Finalmente, pienso que ningún gobierno se echaría en sus espaldas la separación de aquellos servidores que no obedezcan a los grupos a que he hecho mención, y más aún, salir de un gran número de servidores en los cuales el Estado ha invertido en su formación y constante capacitación, eso tendría un gran impacto y significaría un retroceso para la Administración Pública la cual ha logrado dar pasos de avance en su transformación y modernización, sería empezar de cero. Además, no olvidemos que todos los ciudadanos dominicanos tienen el derecho de acceder a los puestos públicos, que esto no se trata de color o partido, que los cargos no son herencia, de lo que se trata es de garantizar un Estado, social, democrático de derecho para todos. 

Un eventual nuevo gobierno a partir del próximo 16 de agosto, debe considerar una serie de cuestiones referentes a la función pública y su empleomanía, los avances que se han logrado en materia de entrega de los servicios, las cuantiosas inversiones realizadas en miles de servidores (ciudadanos dominicanos) en su formación y desarrollo profesional. El servidor público de hoy no es el mismo que el de hace 20 años atrás, está empoderado y conoce cuales son sus derechos, y las instancias para elevar un recurso en caso de que esos derechos se vean afectados. De tal manera que en estos procesos debe primar la sensatez, ante todo. 

El Artículo 208 de la Constitución Dominicana de 2015, sobre el Ejercicio del sufragio. “Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”.

Eridania Bidó Fernández es cofundadora y Vicepresidenta Ejecutiva del Centro de Políticas Públicas, Desarrollo y Liderazgo RD (CPDL-RD). Tiene una Máster en Alta Gerencia Pública, es Especialista en Función Pública y Gestión de la Calidad, Redactora para Política Comunicada, y tiene más de 10 años de trayectoria profesional a nivel público. Bidó es también una Observadora electoral internacional para Latinoamerica. Twitter @EridaniaBidoF