La violencia institucionalizada en las cárceles de Nueva York al banquillo

NUEVA YORK.- Las organizaciones de derechos civiles y humanos, grupos comunitarios y defensores públicos en todo el estado exigen que se publique los archivos disciplinarios del personal de las cárceles en una base de datos de acceso público, una de los objetivos que se plantearon tras la derogación de la Ley 50-A.

Este jueves, casi un centenar de organizaciones hicieron la petición en dos cartas separadas al gobernador Andrew Cuomo y al alcalde Bill de Blasio, para que creen y mantengan una base de datos de los archivos disciplinarios y de mala conducta de los oficiales en servicio en el sistema de correccionales.

Los defensores exigen que la base de datos esté disponible gratuitamente para el público, antes del 15 de septiembre de 2020. Esta base de datos incluiría registros disciplinarios de los empleados del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York (DOCCS) y el Departamento de Corrección de la Ciudad de Nueva York (DOC).

La lucha que libraron las organizaciones por la derogación de la Ley 50-A de Secreto Policial duró varios años. Finalmente, tras las protestas a nivel nacional contra la brutalidad policial,  generadas a raíz de la muerte en mayo del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis, la Legislatura de Nueva York aprobó la anulación de la ley, lo cual se hizo efectiva el 12 de junio, cuando el gobernador Andrew Cuomo firmó la promulgación de la legislación.

Un mandato público

“El voto abrumador para derogar la Ley 50-A debe considerarse un mandato público para sacar a la luz no solo información sobre la policía, sino también información sobre los agentes del orden que operan fuera del público y que se conoce, mantienen patrones similares de violencia institucionalizada. La impunidad de esta cultura de violencia en nuestras cárceles se basa en el secreto. La rendición de cuentas comienza con el acceso público a la información sobre las injusticias perpetradas en las instalaciones de DOCCS”, establece uno de los párrafos del documento enviado al gobernador Cuomo.

En respuesta a la derogación el Police Benevolent Association, la Correction Officer Benevolent Association y la Uniformed Firefighters Association of Greater New York, los principales sindicatos de la policía, bomberos y agentes de correccionales presentaron una demanda colectiva el 14 de julio, para impedir la implementación de la legislación.

La Ley 50-A estuvo en vigencia desde 1976, permitió que no se hagan públicos los archivos disciplinarios, investigaciones y acciones tomadas sobre la mala conducta de los agentes del orden. Esta legislación amparaba también a bomberos y oficiales de las cárceles para mantener en secreto sus archivos a menos que un juez ordenara lo contrario, pese a la existencia de la Ley de Libertad de Información (FOIL).

Violencia desenfrenada

Entre tanto la  carta dirigida al alcalde De Blasio aboga en similares términos por la vigencia de la legislación, ratificando que la brutalidad contra las personas encarceladas a manos de los oficiales del DOC ha sido desenfrenada durante muchos años.

El documento hace énfasis en que el Departamento de Corrección de la ciudad DOC) está sujeto a una ‘Sentencia por Consentimiento’, que requiere que esa agencia revise sus prácticas para reducir los niveles inconstitucionales de violencia en las cárceles de la ciudad.

Así mismo, la carta sostiene que, de acuerdo al noveno informe del Monitor Independiente en ese caso encontró que, a partir de mayo de 2020, el DOC no ha cumplido continuamente con los requisitos básicos de la ‘Sentencia por Consentimiento’.

Después de cinco años, el DOC todavía no ha implementado sistemas efectivos para investigar la mala conducta violenta por parte del personal, supervisar al personal para prevenir dicha mala conducta o imponer la disciplina apropiada, afirma la carta dirigida al alcalde.

“La derogación de la Ley 50-A era necesaria pero no suficiente para responsabilizar a la policía. Para garantizar que los archivos de mala conducta no sigan estando protegidos por las denegaciones y demoras que afectan a las solicitudes de la FOIL, es fundamental que se publique afirmativamente los archivos disciplinarios y las acusaciones de mala conducta de los oficiales del DOC”, subrayó el documento.

Una victoria de las minorías contra la violencia

Como corolario de la lucha, por un lado, de las organizaciones defensoras que abogan por la transparencia de las fuerzas del orden en su interacción con el público, y por otro, los sindicatos que defienden se revierta la derogación de la Ley 50-A, la semana pasada, una Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito falló en contra de la demanda planteada por la Asociación de Oficiales de Bomberos Uniformados y de varios sindicatos de policías que buscaba restringir que la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) publique los archivos de la Junta de Revisión de Quejas Civiles (CCRB) obtenidos a través de la FOIL.

El Center for Community Alternatives, Legal Aid Society, The Bronx Defenders, Brooklyn Defender Services, Make the Road New York, Black Lives Matter, LatinoJustice PRLDEF, Immigrant Defense Project y la New York Immigration Coalition, entre las principales organizaciones involucradas, afirman que la derogación de la Ley 50-A fue un paso fundamental para levantar el velo del secreto que rodea la violencia institucionalizada contra negros, hispanos y otras personas marginadas por el sistema legal penal, insisten que buscan que Nueva York se una a los otros 48 estados que no mantienen tales registros en secreto.

Finalmente, los defensores de derechos civiles y los grupos comunitarios, sostienen que el acceso público a los archivos, también proporcionará a las personas encarceladas y sus defensores, acceso básico a una herramienta fundamental para buscar reparar las injusticias perpetradas contra ellos y brindar a la comunidad una herramienta para el cambio.