Multas de $30,000 para dos procesadoras de carne donde murieron trabajadores por COVID-19

Las procesadoras de carne JBS en Greely, el estado de Colorado, y la de Smithfield en Sioux Falls (Dakota del Sur) han conocido cuál es el precio a pagar por no cuidar la salud de los trabajadores durante la pandemia de COVID-19, incluso cuando se registran fallecimientos, un total de algo menos de $30,000.

La Oficina de Seguridad y Salud Laboral (OSHA) ha propuesto una penalización valorada en $15,615 para la primera y en $13,494 para la segunda.

Es el máximo que permite la legislación se explica en los comunicados de prensa dados a conocer oficialmente a última hora del viernes y son cantidades que rondan otras multas en otros centros de trabajo por no asegurar condiciones laborales que permitan evitar contagios de COVID pero en estas procesadoras de carne se registraron miles de contagios y 12 fallecimientos.

El fin de semana el sindicato United Food and Commercial Workers (UFCW) en Greely expresaron su rechazo diciendo que esta multa llega “siete meses y ocho muertes, muy tarde”. En el caso de Smithfield al menos 1,294 trabajadores contrajeron la enfermedad y cuatro de ellos murieron en primavera. La UFCW considera las multas “insuficientes” e “insultantes”.

OSHA ha reconocido en sus inspecciones que las empresas operaron sin garantizar que se protegía la salud de los trabajadores. Es algo que hacen evidente las cifras de contagios y muertos en todo el país por motivo del coronavirus. Según un reporte de la publicación de investigación Propublica publicado en agosto, en el que se revela que desde la Administración de George Bush estas plantas evitaron prepararse para una situación como la actual, más de 39,000 trabajadores del sector de empaquetado de carne en todo el país contrajeron el virus y más de 170 han fallecido por esa causa.

Desde el sindicato se confirma que solo entre los trabajadores que representa 122 han muerto por la enfermedad y más de 18,000 están infectados.

Buena parte de la mano de obra de estas empresas son inmigrantes latinos.

Cuando empezaron a detectarse los problemas masivos en estas plantas y los primeros problemas de abastecimiento de carne en los almacenes en abril, el presidente firmó una orden usando el Defense Production Act para mantener las compañías abiertas y trabajando pese a los fallos de seguridad en el trabajo. El paso del tiempo ha permitido comprobar que algunos de estos casos de infecciones masivas han sido  algunos de los grandes centros de contagio de la enfermedad en el país.

El valor de la vida

El UFCW considera que estas sanciones son apenas una ligera bofetada en la mano de los empresarios por parte de la Administración de Donald Trump, la misma que forzó la rápida apertura de las plantas pese a la situación. Marc Perrone, presidente del sindicato se preguntaba cuánto vale la salud, la seguridad y la vida de un trabajador esencial. “Con base en las acciones de la Administración de Trump, claramente no mucho”, se contestaba.

Tanto JBS como Smithfield son grandes empresas con ingresos de miles de millones al año.

En Greely lamentan que esta situación inmoral y que muestra una clara falta de ética no sea ilegal y sobre todo se quejan de que OSHA aguardara siete meses para investigar las condiciones que dieron lugar a la peligrosa y fatal situación.

“Por ese fracaso, JBS Greeley, es la procesadora de carne con más muertes en la nación debido al COVID-19”, explican desde un sindicato en el que recuerdan la difícil situación de las familias de los fallecidos y las consecuencias devastadoras “de la negligencia y falta de acción de JBS”.

El sindicato sigue proponiendo medidas de seguridad como que as empresa den el equipamiento PPE de máximo nivel a los trabajadores, se haga tests diarios a los trabajadores y sus comunidades además de proveer de seguro de salud asequible y entre otras cosas que no se aceleren las cadenas de producción, algo que la Administración quiere permitir elevando el máximo de producto empaquetado permitido por hora.

La situación en las empresas de procesamiento de carnes se ha agravado en la pandemia con las dificultades operativas de OSHA una agencia que según reportaba el diciembre del año pasado el NELP (National Employment Law Center) tiene menos inspectores que hace 40 años a pesar del aumento de la actividad y la fuerza laboral en estas cuatro décadas. Según las cifras de esta organización en 1979 había 1,441 inspectores en OSHA, en marzo de 2019 apenas 870.