Advierten que la carga pública perjudica a inmigrantes y a la recuperación del país del coronavirus

Expertos en California se pronunciaron este martes sobre la medida que reinstala la aplicación de la regla de “carga pública” para los servicios de salud a los aspirantes o beneficiarios de la residencia legal permanente.

“Hacer cumplir la regla de carga pública durante la pandemia perjudica no solo a los inmigrantes afectados, sino también las perspectivas de todos para una recuperación más rápida de esta pandemia”, declaró a Efe la investigadora Ninez Ponce de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

La reinstalación de esta limitación puede afectar no solo la recuperación ante la pandemia de COVID-19 sino generar más tensión y preocupación entre los solicitantes y proveedores de visas permanentes de inmigración, expuso Ponce, directora del Centro de Investigación de Políticas de Salud de la Escuela de Salud Pública Fielding de la UCLA.

Para la doctora Ponce, que también es profesora de Políticas y Manejo de la Salud en UCLA, cualquier medida que bloquee o restrinja el acceso a los servicios médicos en este momento afecta la protección de todas las personas.

“Desde una perspectiva de salud pública si algún residente de Estados Unidos no puede obtener la atención que necesita durante esta pandemia, entonces es como si el Gobierno rompiera su contrato para proteger la salud del pueblo estadounidense”, agregó.

Nelson Castillo, abogado de Los Ángeles especializado en inmigración, considera no obstante que la clave ante estos cambios es buscar la mejor asesoría posible antes de tomar o rescindir algún servicio público. “Cada persona es única y debería hacer todo lo posible por obtener la mejor asesoría legal migratoria”, recomendó Castillo en entrevista con Efe.

El jurista salvadoreño pidió a las personas que pueden estar afectadas por estos cambios en la reglas de inmigración “que si tienen una ayuda pública en este momento no la vayan a cancelar y que si no la tienen que no la pidan sin tener antes una asesoría legal particular específica para ellos, para determinar cómo les afectará en este marco legal que tenemos”.

Al enfatizar que cada caso es diferente, el abogado señaló que a algunos inmigrantes que reciben beneficios no para ellos sino para sus hijos ciudadanos esto no los afecta en su proceso.

“Hay personas que están recibiendo beneficios públicos no para ellos sino para sus hijos que son ciudadanos estadounidenses y a veces me llaman y me dicen, yo quiero cancelar estos beneficios. Para mí sería un tremendo error”, concluyó.

El Gobierno del presidente Donald Trump impuso la norma, inicialmente, en 2019, dando a los funcionarios de inmigración la autoridad de negar el trámite a los extranjeros que hayan solicitado asistencia gubernamental, y aun a aquellos que, a criterio del funcionario, puedan en el futuro convertirse en “carga pública”.

En febrero el Tribunal Supremo de Justicia autorizó la aplicación de la norma, pero en julio, el juez federal George Daniels dejó en suspenso su aplicación considerando que interfería con los esfuerzos para contener la propagación del coronavirus.

El juez atendió los argumentos de médicos y autoridades municipales quienes señalaron que los inmigrantes, temerosos de que se les niegue la residencia legal, podrían abstenerse de buscar la asistencia médica o la ayuda para la vivienda que necesitan.

Pero luego el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito invalidó el dictamen de Daniels permitiendo que el Gobierno de Trump aplique nuevamente la norma de “carga pública”.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) indicó en su página de internet que aplicará el criterio a todas las solicitudes pendientes y futuras de residencia legal (“green card”) presentadas después del 24 de febrero.