Tribunal de Apelaciones avala otra vez castigo de Trump a inmigrantes con carga pública

Continúa la batalla legal en cortes

Tribunal de Apelaciones avala otra vez castigo de Trump a inmigrantes con carga pública
La actual Administración ha complicado la obtención de la 'green card'.
Foto: uscis.gov

El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito emitió una suspensión administrativa sobre la decisión de un juez de Distrito de Illinois, lo que permite a la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplicar la regla de carga pública.

La normativa permite a las autoridades descalificar a inmigrantes que solicitan Residencia Permanente si han pedido ayudas sociales, como Medicaid, apoyo para vivienda o cupones de alimentos, durante 12 meses en un periodo de tres años.

Adicional a ello, la regla integra una serie de “bonos” que califican a los extranjeros y permiten a los oficiales considerarlos una posible carga para las finanzas federales.

El martes, en el condado de Cook, el juez Gary Feinerman sostuvo que la regla violó la Ley de Procesos Administrativos, que exige a las oficinas federales presentar un plan sobre la aplicación de cualquier programa, así como su impacto en las comunidades a las que está dirigido.

Las nuevas disposiciones de USCIS obligan a inmigrantes y quienes los patrocinan presentar más pruebas de que no la persona que solicita la “green card” no será una carga pública.

A los extranjeros se les pide reportar ingresos, bienes, recursos y situación financiera del hogar, incluso cada miembro de la familia debe enumerar sus activos y recursos, pasivos y deudas, puntaje e informe crediticio, información sobre el seguro médico, cualquier uso de los beneficios públicos y educación y habilidades.

Abogados han destacado que este proceso complica el proceso para la Residencia Permanete, además de castigar la pobreza.

La regla de carga pública ha estado en batallas legales desde 2018, aunque la Corte Suprema autorizó al Gobierno federal su aplicación, también abrió la puerta a que los opositores manmtengan la batalla legal en tribunales.