Partidarios de acabar con el confinamiento solitario dicen que ahorra $132 millones al año

El confinamiento solitario de presos en las cárceles de Nueva York pasa muchas facturas. La primera y más importante es el impacto negativo que tiene en la población reclusa una práctica que es considerada como tortura por la ONU cuando excede de 15 días. La segunda es para los contribuyentes ya que eliminarla supondría un ahorro de $132 millones al año.

Esas son las cuentas que presentó el lunes el grupo de estudio Partnership for Public Good, PPG en sus siglas en inglés. Este grupo con sede en Buffalo presentó un estudio en el que valoraba los costos del proyecto de ley que presenta una alternativa al confinamiento en solitario, HALT. El informe indica que más que gastos, el estado podría ahorrar $114 millones y los condados otros $18 millones al año.

En un momento de estrecheces fiscales, PPG afirma que cumplir con el imperativo moral de acabar con este trato deshumanizante podría además ahorrar unos $1,300 millones en una década.

Andrea Ó Súilleabháin, directora ejecutiva de PPG, explicaba que se podría acabar con un mal gasto y los gastos asociados de las unidades de confinamiento en solitario algo que supondría cerrar penales enteros. “Solo con el cierre de prisiones enteras se podrían ahorrar unos $80 millones”, explicaba.

La reducción de costos médicos, de la reincidencia, de las demandas contra las prisiones serían responsables de más ahorros. “No solo es lo correcto sino que también es lo responsable fiscalmente”, explicaba.

Activistas como Jerome Wright y el senador Luis Sepúlveda, uno de los patrocinadores de la ley que acaba con esta práctica, explicaban durante la presentación virtual de este informe que estos cálculos contradicen los aducidos por el gobernador Andrew Cuomo.

El Gobernador ha mencionado que la propuesta legislativa HALT supera los $1,000 millones. Sepúlveda dijo estar “respetuosamente en desacuerdo con estas cifras”. Otro de los promotores de esta ley que aún tiene ante sí un largo recorrido legislativo, Jeffrion Aubry, cree que el informe elaborado por PPG “contradice directamente la aseveración ejecutiva de que la propuesta HALT es muy cara. “Quienes han presentado la ley tienen el derecho y la responsabilidad de tener un debate y un voto sobre ello”.

HALT propone que se restrinja el uso del confinamiento en solitario, algo que afecta más a personas negras y latinas (el 81% de los que están en este régimen carcelario), y se creen opciones de rehabilitación y terapia alternativa, además establece un límite a esta forma de penar por los delitos y excluye a personas de riesgo de una práctica carcelaria que se ha dejado de usar en muchos países occidentales.

El informe del PPG encuentra que HALT no solo es una respuesta moralmente urgente sino que también lo es desde un punto de vista fiscal, algo a considerar en un momento en el que las cuentas públicas están en un momento muy comprometido y hay un movimiento que pide justicia racial.

Wright explicaba en la conferencia del lunes que es urgente que esta ley sea aprobada en enero cuando se reúna la Asamblea o en diciembre incluso. “No hay un argumento financiero para no apoyar esta ley”, dijo.