¿Biden ordenará cancelación de deudas por préstamos estudiantiles cuando asuma el poder en enero del 2021?
El plan del presidente electo tendría implicaciones legales
El llamado de demócratas y de organizaciones sin fines de lucro para que el presidente electo Joe Biden ordene la cancelación de deudas estudiantiles cuando asuma el poder en enero no es suficiente para darle paso al plan.
Antes de cualquier acción concreta, Biden y su equipo deben evaluar la viabilidad legal de la propuesta y las implicaciones a largo plazo.
El emplazamiento de senadores como Chuck Schumer y Elizabeth Warren va en la línea de que el próximo inquilino de la Casa Blanca firme una orden ejecutiva para cancelar la obligación de pago.
De seguir con la recomendación de políticos como Schumer y Warren, Biden condonaría las deudas en el primer día de su administración.
A primera vista, parece un paso simple. Pero no es lo que aparenta.
Ya expertos han alertado sobre los posibles efectos económicos y a la deuda nacional del plan.
Adicional, algunos han llamado la atención sobre el alcance del Acta de Educación Superior de 1965 que supuestamente le da autoridad legal a Biden para cancelar los pagos.
Bajo dicha ley, el Departamento de Educación implementó algunos alivios económicos para los deudores pero a un nivel selectivo no general en medio de la pandemia.
Y precisamente, ése podría ser el argumento que traigan algunos para impedir que Biden proceda con las condonaciones, lo que a su vez podría conducir a pleitos en los tribunales.
La propuesta de Biden incluye una condonación de $10,000 dólares para todos los prestatarios, y el resto de la deuda para estudiantes de colegios y universidades públicas de mayoría negra que generen menos de $125,000 al año.
Estadísticas apuntan a que la crisis por préstamos estudiantiles afecta particularmente a los estudiantes negros con cerca de un 85 % de graduados de colegios cargando con una deuda en comparación con un 69% de la comunidad blanca.
En una carta la semana pasada a Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris, más de 230 organizaciones, incluyendo Americans for Financial Reform, NAACP y National Consumer Law Center, le pidieron a los funcionarios que procedan con la conmutación.