Una legislación que no funciona
El Departamento de Estado de Conservación Ambiental (DEC) estima que los habitantes del estado de Nueva York utilizan 63 billones de bolsas plásticas cada año. Si por cada bolsa se asigna un recargo de 5 centavos se aumentarían los ingresos en 500 millones de dólares al año.
Prohibición de bolsas plásticas y aranceles de 5 centavos para las bolsas de papel, en efecto para el próximo 1ro. de marzo del 2020. Crédito: Mariela Lombard | El Diario NY
La ley que prohíbe bolsas plásticas en el estado de Nueva York entró en efecto hace casi un mes y el veredicto es que no está funcionando.
Sencillamente la ley es confusa e impráctica para las pequeñas empresas que están a punto de sucumbir debido a la pandemia del coronavirus mientras sirven a las comunidades más vulnerables del estado. La prohibición de casi todas las opciones de bolsas antes disponibles para los consumidores en Nueva York ha creado una situación muy dificultosa para los comercios, a los cuales deberíamos estar apoyando -no penalizando- mientras contribuyen a la recuperación de nuestra economía.
Ha llegado la hora en que los legisladores deben tomar acción y cambiar esta ley por una donde se establezca un arancel con el objetivo de promover sustentabilidad mientras a la vez cree una nueva forma de ingresos dirigidos a la educación, servicios de salud y programas de seguridad pública.
El déficit de presupuesto del estado de Nueva York es de $14 billones y sigue creciendo y está claro que Washington no va a tener la habilidad de rescatar financieramente al estado de Nueva York. Por lo tanto, los legisladores tienen que cerrar esta brecha de ingresos –– reemplazar la prohibición por una tarifa puede ayudar a lograrlo.
El Departamento de Estado de Conservación Ambiental (DEC) estima que los habitantes del estado de Nueva York utilizan 63 billones de bolsas plásticas cada año. Si por cada bolsa asignamos un recargo de 5 centavos con una pequeña porción – un centavo- retenidas por los comercios para apoyar educación aumentaríamos los ingresos en 500 millones de dólares al año.
Este aumento de ingresos ayudaría a evitar recortes en programas importantes incluyendo muchos creados para promover un estado sostenible. Además, estudios muestran que los aranceles son más efectivos que prohibiciones en cambiar el comportamiento del consumidor, reduciendo a la misma vez el consumo de bolsas plásticas y la contaminación.
Aplaudo la valiente iniciativa de mis compañeros quienes inicialmente apoyaron este proyecto de ley para enfrentar las válidas preocupaciones que sustentan la política del medio ambiente. Enfrentando la contaminación ambiental en todas sus manifestaciones, pueden y deben ser un componente importante de la plataforma de la mayoría en la Asamblea y del esfuerzo de las políticas públicas.
Pero el mundo ha cambiado de una forma significativa desde que la ley que prohíbe las bolsas plásticas fue aprobada. Consumidores en nuestro estado y en nuestro país han demostrado durante la pandemia que quieren la opción de bolsas plásticas para protegerse y proteger a los trabajadores esenciales de contagiarse con COVID-19. Además, los gobiernos están desesperadamente necesitados de ingresos como resultado del daño económico que esta crisis de salud pública ha causado.
En agosto, un juez de la Corte Suprema del Estado dictaminó que DEC carecía de autoridad para establecer nuevas excepciones para ciertas bolsas – un intento fallido que la agencia trató de resolver debido a múltiples defectos dentro de la ley. La corte dictaminó que el estado debe hacer cumplir la ley uniformemente en contra del uso de todas las bolsas plásticas o del uso de ninguna.
Las tiendas y los mercados se han convertido en salvavidas para todas las distintas comunidades. Desde las bodegas en los distritos que yo represento hasta los supermercados en “upstate”, estos comercios y sus trabajadores, quienes continúan poniéndose en riesgo para mantener a sus familias, necesitan políticas públicas que los apoyen y ayuden, no que le hagan su trabajo más difícil y confuso.
Con el virus creciendo de nuevo y el aparente aumento de nuevas restricciones comerciales, DEC debería anunciar la suspensión de la ley hasta que la pandemia termine o los legisladores actúen creando un enfoque más factible que genere ingresos muy necesitados para servicios críticos y programas del estado. La ley actual no funciona. DEC debería darles a los legisladores tiempo y espacio para repararla.
-Victor M. Pichardo es asambleísta por el Distrito 86 de Nueva York