Alto a la Policía

Como si no fuese suficiente con los detalles del juicio que ahí se celebra contra el policía Derek Chauvin, quien mató a George Floyd, Minneapolis presenció esta semana el homicidio – tal fue la definición del forense – de Daunte Wright, de 20 años.

Ambos hechos son otros tantos ejemplos brutales de la violencia policial contra minorías. Una violencia que no solamente no parece tener fin sino que se intensifica.

Solo recientemente: Caron Nazario, un teniente del ejército negro y latino, abusado en Virginia por dos agentes a punta de pistola; en Maryland, un policía militar arrestado por doble asesinato; en Chicago, la policía mató a Adam Toledo, un latino de 13 años, porque según ellos, blandía una pistola. Hay más.

Parecería como si los policías que toman parte en estos terribles actos hacen oídos sordos al clamor de la sociedad civil y las protestas e iniciativas de cambios.

Pareciera sin fin su arrogancia y su convencimiento de que tienen el derecho de hacer lo que quieran, incluyendo aplicar fuerza excesiva y registros irrazonables.

Como si fuesen parte de una camarilla con intereses propios.

Como si no les interesase, que gradual pero inexorablemente, se está perdiendo la base de confianza que la policía necesita de la población para actuar contra el crimen.

Es más, muchos agentes de policía consideran las protestas que desencadenan sus acciones como una afrenta y amenaza personal.

El que los agentes rechazan con hechos, los intentos de limitar su derecho a ejercer fuerza, incluso la letal, es parte de la peligrosa división dentro de nuestro país.

Su actitud de violencia, intolerancia y hasta crueldad hacia afroamericanos y en muchos casos, latinos, no debería existir y menos, ser una cuestión de política nacional.

Las soluciones, entonces, deben partir ahora del gobierno federal.

Ejemplos de entre ellas son, primero, anular la inmunidad calificada. Esta es la doctrina o principio legal que  otorga a policías relativa inmunidad frente a demandas y acusaciones, y que los hace gozar del beneficio de la duda. La idea, inicialmente encaminada a  proteger a los encargados del cumplimiento de la ley de juicios frívolos, se está volviendo impunidad incondicional.

La reforma policial es una necesidad nacional, y como tal debería venir de la Casa Blanca y el Congreso en Washington, para que consecuentemente, los estados se proyecten en la misma dirección.

Pero nada cambiará si no cambia la orientación cultural e ideológica de los agentes. Estos deben entender que quizás más que el resto, deben cumplir la ley. Y que su trabajo consiste en proteger a la población y no a sí mismos. Que la comunidad los necesita genuinamente.

El cambio podría llevar años. Pero debe comenzar ahora. Para que las nuevas camadas de cadetes de la Policía se formen bajo nuevos estándares. Para que no lamentemos más muertes de inocentes.