Los dos cambios legislativos que darían ciudadanía a 2.3 millones de indocumentados

La Ley LIFE y retirar el castigo de tres y diez años permitiría a inmigrantes sin documentos lograr un camino a la ciudadanía, según un reporte del Center for American Progress

Los inmigrantes indocumentados enfrentan castigo por tres o diez años para volver a EE.UU.
Los inmigrantes indocumentados enfrentan castigo por tres o diez años para volver a EE.UU.
Foto: John Moore / Getty Images

Expertos en inmigración consideran que la reinstalación de la Ley de Equidad Familiar de Inmigración Legal (LIFE) y la eliminación de las normas de castigo de tres y diez años a indocumentados podrían establecer una ruta a la ciudadanía para 2.3 millones de indocumentados.

“Estos cambios permitirían que hasta 2.3 millones de inmigrantes casados ​​con ciudadanos estadounidenses o titulares de una tarjeta verde, o que tengan empleadores que puedan patrocinarlos, soliciten una tarjeta verde”, indica el análisis del Center for American Progress (CAP).

Detalla que 1.4 millones de personas tienen un cónyuge ciudadano estadounidense o que es residente permanente, mientras que 1.1 millones pueden tener un empleador dispuesto a patrocinarlos.

“Estas soluciones de sentido común destacadas en esta columna tienen una historia bipartidista y serían fundamentales para dar forma a nuestro sistema de inmigración de una manera más humana y justa”, consideró Sofia Carratala, asistente de investigación del equipo de Política de Inmigración de CAP y coautora del análisis.

Agrega que la estimación no incluye a los padres indocumentados elegibles de hijos ciudadanos estadounidenses solteros de 21 años o más, ya que éstos pueden solicitar a sus padres ante Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“Es una tragedia que las actuales leyes de inmigración de los Estados Unidos no brinden una forma práctica para que los ciudadanos estadounidenses y los titulares de tarjetas verdes o empleadores soliciten a sus cónyuges o empleados indocumentados”, consideró Silva Mathema, directora interina del equipo de Política del CAP. “El Congreso debería adoptar estas soluciones”.

El CAP destaca que ambas propuestas “han tenido apoyo bipartidista” en forma histórica, pero las leyes de inmigración actuales no brindan a los ciudadanos o empleadores de EE.UU. una vía viable para patrocinar a sus familiares o trabajadores indocumentados para la residencia permanente.

La trampa de la “green card”

El análisis destaca que actualmente los inmigrantes indocumentados primero deben salir del país y solicitar una visa de inmigrante en un consulado en el extranjero, ante la posibilidad de que los oficiales rechacen su retorno al país, debido a la ley Catch-22, implementada en 1996, que castiga el retorno.

“Esto hace que obtener una tarjeta verde sea realmente imposible para millones de personas que deberían tener una vía legal para hacerlo”, indican las expertas.

Se reconocen los esfuerzos en la discusión en el Congreso sobre varias leyes de inmigración, incluida la reforma integral bajo la Ley de Ciudadanía 2021, impulsada por el presidente Joe Biden, pero consideran que en el debate podría sumarse sobre la Ley LIFE y la eliminación del castigo.

De hecho, la propuesta de eliminación de la llamada “ley de castigo” está contemplada en la reforma migratoria del presidente Biden, pero no en otros proyectos que se discuten en el Congreso, como la Ley de Trabajadores Esenciales.

“El restablecimiento de la Ley LIFE o la eliminación de las prohibiciones de tres y diez años, o ambas, debe ser parte de cualquier solución legislativa para la inmigración, ya sea por sí misma o como parte de un paquete”, expresaron.

Una gran ventaja de restablecer la Sección 245 (i) de la Ley LIFE permitiría a los inmigrantes indocumentados solicitar la “green card” sin salir del país.

“Restablecer la Ley LIFE o eliminar las barreras de entrada haría posible que millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos sigan un camino hacia el estatus legal”, dijo la coautora Nicole Prchal Svajlenka, directora asociada de investigación del CAP.