Acusan a matrimonio guatemalteco de California de secuestrar y abusar de madre e hijas migrantes bajo visa temporal
Los sospechosos, que poseían un restaurante y una empresa de limpieza, sometieron a abusos físicos, psicológicos y verbales a las víctimas y separaron a la mujer de sus hijas para obligarlas a trabajar
MIAMI, Florida – Un matrimonio de origen guatemalteco que poseían un restaurante y una empresa de limpieza en California fueron acusados de secuestro, trabajo forzoso y dar albergue a extranjeros, informó este viernes el Departamento de Justicia (DOJ).
Según documentos judiciales, Nery A. Martínez Vasquez, y su esposa, Maura N. Martínez, poseían el restaurante Latino’s y una empresa de limpieza que prestaba servicios a varios negocios en la localidad de Shasta Lake, en el norte de California.
La acusación asegura que los sospechosos conspiraron para traer a una mujer guatemalteca y sus dos hijas menores a los Estados Unidos con visas temporales de visitante.
Tras expirar su permiso de estancia en los Estados Unidos, las obligaron a trabajar entre septiembre de 2016 y febrero de 2018 largas horas en un restaurante y servicio de limpieza por un pago mínimo o nulo.
Según el DOJ, los acusados impusieron una deuda a las víctimas para evitar que regresaran a Guatemala, las sometieron a abusos físicos, psicológicos y verbales y separó a la mujer de sus hijas, todo ello para obligarlas a trabajar.
Denuncias de abuso sexual contra menores
Previamente y en otro caso, en enero de 1997, supuestamente se llevaron a una niña de 13 años desde Las Vegas (Nevada) a su casa en California, donde la retuvieron contra su voluntad y la de sus padres durante casi dos años, destaca la acusación.
Durante ese tiempo, presuntamente obligaron a la niña a limpiar concesionarios de automóviles y trabajando muchas horas los siete días de la semana sin paga.
El DOJ indica además que Martínez Vasquez supuestamente abusó sexualmente y violó a la niña de manera rutinaria.
Si son declarados culpables de albergar a un extranjero y de trabajos forzosos, los acusados enfrentan una pena máxima de hasta 30 años, mientras que la acusación de secuestro acarrearía una posible pena a cadena perpetua.