Juez anula juicio por pago de $1 dólar por día laboral a inmigrantes bajo custodia de ICE
El jurado no pudo alcanzar un acuerdo contra las acciones de la empresa GEO, que controla prisiones migratorias y emplea a los detenidos sin el pago del salario mínimo
Muchos detenidos de acuerdo con la denuncia son dados como "desaparecidos" Crédito: John Moore | Getty Images
El juicio contra el Grupo GEO, acusado de violar los derechos a los inmigrantes detenidos que trabajaban en sus instalaciones al no pagarles el salario mínimo establecidas en el estado de Washington, fue declarado nulo después que el jurado de nueve personas no llegara a un acuerdo.
El juez federal Robert Bryan, del Tribunal de Distrito en Tacoma, Washington, declaró nulo el juicio contra GEO la semana pasada, una empresa privada que opera decenas de centros a donde oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevan a indocumentados de toda la nación.
La demanda presentada en 2017 por el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, cuestiona si GEO actuó como un empleador que pagaba un dólar por día a inmigrantes detenidos que trabajaban en los mismos centros, lo que habría violado derechos laborales al no respetar la ley de salario mínimo de 12 dólares por hora del estado de Washington, en ese entonces.
En un comunicado en su cuenta de Twitter, Ferguson explicó que la anulación del juicio le permite volver a llevar a GEO a juicio frente a un nuevo jurado.
“Esperamos proseguir con la segunda mitad de nuestro caso y nuestra demanda de que GEO se enriqueció injustamente a través de la explotación de sus trabajadores (inmigrantes detenidos)”, añadió.
Según la acusación hecha por el fiscal, GEO ha pagado a los inmigrantes que hacen estos trabajos voluntarios como cocinar o limpiar un dólar diario desde 2014, lo que ha podido suponer un ahorro de millones de dólares para la compañía durante esos años.
El grupo, con sede en Florida, intentó en varias ocasiones que el Tribunal desestimara las acusaciones, pero no lo logró.
En 2019 la empresa atacó a Ferguson por presentar la demanda, alegando que lo hizo “con fines políticos” y “de mala fe”, y que “el estado emplea a reclusos de prisiones estatales pagándoles por debajo del salario mínimo”.
En una sentencia anterior, el juez Bryan dictaminó que GEO no aplicó la ley federal que prohíbe emplear a personas que acceden al país ilegalmente, sanción que concierne al Gobierno federal más que al estado.
