3 acciones de Biden contra inmigración de indocumentados

A la par que el presidente impulsa una reforma migratoria para abrir el camino a la ciudanía a personas sin documentos, el Departamento de Seguridad Nacional endurece las acciones en la frontera para reducir el cruce de no-ciudadanos en forma irregular

La Administración Biden mantiene la detención de inmigrantes en la frontera.
La Administración Biden mantiene la detención de inmigrantes en la frontera.
Foto: John Moore / Getty Images

Aunque el gobierno del presidente Joe Biden empuja una reforma migratoria que abra el camino a la ciudadanía a inmigrantes indocumentados en el país, sus esfuerzos también se enfocan en reducir la inmigración de indocumentados y endurecer la vigilancia en la frontera.

En medio de críticas de republicanos y de una estrategia contra no-ciudadanos del gobernador de Texas, Greg Abbott, por el supuesto ingreso “en masa” de indocumentados, la Administración Biden ha implementado una estrategia de detención que ha resultado en la expulsión de más de un millón de extranjeros tras su encuentro con personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Según estadísticas de la misma agencia, hasta junio 1.2 millones de personas con ingreso irregular fueron procesadas por autoridades migratorias, de las cuales más de un millón fue devuelta a sus países de origen.

Aunque los primeros tres meses del año fiscal 2021, que comenzó en octubre pasado, correspondieron al gobierno del presidente Donald Trump, la actual administración ha enfrentado el mayor pico de llegadas de extranjeros que intentan ingresar en forma irregular, lo que derivó en un récord de 188,000 el mes pasado.

Los altos funcionarios de la Administración Biden, incluido el mandatario, la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, han insistido a inmigrantes que no viajen a EE.UU., porque “serán devueltos” a sus países.

Los números hablan por sí solos, como se ha visto, pero un documento recién difundido por el Gobierno federal, se destacan las acciones en la frontera, en un mensaje a los críticos que acusan una “oleada incontrolada” de inmigrantes.

“Estados Unidos puede permitir que las personas ejerzan su derecho legal a solicitar asilo al mismo tiempo que reduce la migración irregular y mantiene una frontera ordenada, segura y bien administrada”, indica el reporte, donde se destacan las acciones.

1. Vigilancia fronteriza

La Administración Biden presume hacer un mejor uso de los recursos de aplicación de vigilancia existentes, sin proyectos que se consideran innecesarios, como el muro fronterizo, cuyo contrato recién fue terminado.

Destaca que desde el año fiscal 2011, el presupuesto CBP ha crecido de $9,900 millones a $15,000 millones de dólares en el año fiscal 2021, pero las propuestas para el 2022 es redirigir los fondos.

“El presupuesto del presidente redirecciona recursos de un muro fronterizo innecesario para realizar inversiones sólidas en medidas de seguridad fronteriza más inteligentes, como la tecnología fronteriza y la modernización de los puertos de entrada terrestres, que han demostrado ser más eficaces para mejorar la seguridad”, presume. “Estas inversiones servirán como un multiplicador de fuerza para los más de 19,500 agentes de la Patrulla Fronteriza”.

Asegura que eso también permitirá mayores controles de seguridad para combatir el tráfico y la trata de personas y la entrada de migrantes indocumentados.

2. Expulsión acelerada

El lunes pasado, el DHS determinó la implementación de la deportación acelerada a unidades familiares que no pueden ser expulsadas bajo el llamado Título 42, el cual aplica por la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

“Ciertas unidades familiares que no pueden ser expulsadas bajo el Título 42 serán colocadas en procedimientos de deportación acelerados”, adelantó.

Esa acción será mejorada en los años siguientes, según el plan del DHS.

“La Administración está trabajando para mejorar el proceso de expulsión acelerada en la frontera para determinar de manera justa y eficiente qué personas tienen solicitudes legítimas de asilo y otras formas de protección”, afirmó. “Aquellos que no busquen protección o que no califiquen serán trasladados de inmediato a sus países de origen”.

Esta estrategia ha sido criticada por activistas, quienes consideran que la medida mantiene el “espíritu xenofóbico” del gobierno de Trump.

“Esta política es una vía rápida para deportar a niños y familias al peligro del que estaban huyendo y pone vidas en riesgo”, consideró Jess Morales Rocketto, cofundador de la coalición Families Belong Together. “La Administración Biden… está aprovechando el complicado y quebrado sistema de inmigración con un objetivo: expulsar a los necesitados para sumar puntos políticos”.

A esa postura se sumaron Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo (ASAP); Guerline Jozef, cofundadora y directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, y Mark Hetfield, director ejecutivo y presidente de HIAS, y Robyn Barnard, asesora principal de defensa de la protección de refugiados en Human Rights First.

“El proceso de expulsión acelerada es fundamentalmente defectuoso y probablemente conducirá a un aumento de familias detenidas y al regreso de los refugiados a la persecución”, acotó Barnard.

3. Mensajes coherentes

El presidente de Guatemala, Alejandro Giamattei, consideró que la Administración Biden debería enviar mensajes claros sobre la inmigración, para desalentar a indocumentados, esto luego de que la vicepresidenta Harris dijera en su visita a esa nación que no viajaran a EE.UU., por los “iban a regresar”.

“(Se busca) reforzar los mensajes públicos sobre migración garantizando mensajes coherentes, para desalentar la migración irregular y promover una migración segura, legal y ordenada”, dice ahora la Administración Biden.

Otras acciones que el DHS busca fortalecer están enfocados a la coordinación con otras autoridades para mejoramiento de la infraestructura y tecnología fronterizas, así como fortalecer las operaciones contra el tráfico ilícito y la trata de personas.