Biden puso freno a una norma de Trump que prohibía fondos públicos a clínicas que asesoraran sobre procesos de abortos
La regulación anulada por Biden de prohibir fondos a clínicas de asesoramiento de abortos restaura el mecanismo de planificación similar al del gobierno de Obama, informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS)
El mandato aprobado por Biden se da en medio de tensiones legales por estas prácticas en el país. Crédito: Nicholas Kamm | AFP / Getty Images
El presidente Biden frenó este lunes una norma aplicada por el exmandatario Donald Trump que prohibía destinar fondos públicos a clínicas de planificación familiar que desviaran procesos de aborto a otros especialistas, en medio de pugnas políticas y legales por la interrupción del embarazo en el país que han llegado hasta la Corte Suprema.
Esta regulación restaurará el programa federal de planificación familiar con mecanismos similares a los del gobierno de Barack Obama, cuando las clínicas podían referir a las mujeres que quisieran abortar con proveedores de servicio, indicó el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) mediante un comunicado.
Informaron además que emitieron una norma que entrará en vigor el 8 de noviembre, y que pretende fortalecer el programa conocido como “Título X”, destinado a la financiación federal para servicios de salud preventiva y planificación familiar, indicó la agencia EFE.
A pesar de que el programa prohíbe pagar con fondos públicos el proceso para realizar el aborto, la medida que impuso Trump impedía que los centros financiados con estos recursos trasladaran a sus pacientes a otros lugares para realizarse la práctica del aborto.
Entretanto, la organización Plannet Parenthood, dedicada a proveer servicios de aborto, indicó desde su cuenta en Twitter que sus centros de salud esperan regresar, pero sostuvieron críticas por parte del reglamento que permite a médicos particulares que se oponen al aborto no proporcionar referencias.
Bajo el mandato del expresidente Donald Trump, se prohibió a las clínicas de planificación familiar enviar a las pacientes con proveedores de abortos, lo que provocó una salida masiva de profesionales de este servicio afiliados a Planned Parenthood, así como de varios estados y otras organizaciones independientes.
Los grupos de mujeres tacharon la política de Trump de “ley mordaza”, y las organizaciones médicas la calificaron de violación de la relación médico-paciente. Pero los conservadores religiosos y sociales elogiaron la política por imponer una estricta separación entre los servicios de planificación familiar y el aborto.
Además, de acuerdo con la ley federal, las clínicas no podían utilizar dinero público para pagar estos procesos de aborto, reseñó The Associates Press.
Esta medida se ha implementado tras disputas por legislaciones del aborto tras la aprobación de un mandato en Texas que prohíbe esta práctica a partir de la sexta semana de gestación, período en el que muchas mujeres aún no saben que quedaron embarazadas.
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