Legisladores exigen el cierre de cárceles de ICE en California
En una misiva legisladores expusieron los graves abusos dentro de las cárceles de ICE, así como malos tratos a los migrantes detenidos, falta de protocolos de seguridad ante el covid-19, condiciones insalubres, entre otras deficiencias
Legisladores piden a Alejandro Mayokas el cierre de centros de procesamiento de ICE en Adelanto y Otay Mesa. Crédito: Bryan Cox | Getty Images
Este viernes más de 20 legisladores demócratas exigieron al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el cierre inmediato de dos centros de detención de inmigrantes en California, los cuales estarían siendo operados por compañías privadas.
Los congresistas Lou Correa y Zoe Lofgren junto a otros 22 legisladores, hicieron un llamado a Mayorkas para que cierre inmediatamente los centros de procesamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Adelanto y Otay Mesa.
A través de una misiva los legisladores denunciaron los graves abusos, malos tratos a los migrantes detenidos, falta de protocolos de seguridad ante el covid-19, condiciones insalubres, entre otras deficiencias descritas en informes recientes de la Oficina del Inspector General (OIG) en dichos estos centros.
En el texto los legisladores detallan que en el caso de la Cárcel del condado de Yuba, las condiciones insalubres y la población baja de la instalación la convierten en “un microcosmo de los muchos problemas con las instalaciones de detención de ICE en todo el país“.
Asimismo, afirman que las personas detenidas en Yuba no han tenido atención médica adecuada, además de que se encuentran en condiciones insalubres, han comido alimentos en mal estado y existe un “uso excesivo del confinamiento solitario”.
En el caso de los centros de detención de Otay Mesa y Adelanto, los legisladores informaron que las instalaciones penitenciarias privadas han sido objeto de mucho escrutinio por parte de oficinas independientes dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y agencias externas.
“ICE paga un estimado de $ 1.34 millones de dólares todos los días en camas no utilizadas a través de contratos mínimos garantizados, como los de Otay Mesa y Adelanto“, expresa la misiva.
Al menos 60 organizaciones defensoras de DD.HH. en todo California respaldaron el comunicado expuesto por parte de los legisladores y aseguraron que esta petición muestra “un mensaje unificado contra la detención de inmigrantes” en el estado.
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