Corte Suprema revisará petición de republicanos para revivir regla de carga pública y complicar obtención de “green card” a indocumentados
La política, reforzada bajo la Administración Trump, permite negarle la residencia permanente a aquellos inmigrantes que se entienda son propensos a volverse una carga pública por recibir ayudas gubernamentales
Bajo la regla de carga pública los inmigrantes son evaluados para obtener la residencia permanente en EE.UU. Crédito: John Moore | Getty Images
La Corte Suprema de Estados Unidos revisará la solicitud de 13 estados gobernados por republicanos para que se reactive la regla reforzada por la Administración del expresidente Donald Trump conocida como “carga pública”.
La decisión este viernes del máximo foro busca determinar si estos estados pueden continuar aplicando la medida que complica la obtención de la residencia permanente para indocumentados que reciben ayudas del Gobierno.
En marzo pasado, a través de una petición al referido tribunal la Administración Biden pidió que la política fuera desechada bajo el amparo de la Regla 46.1 del Tribunal Supremo.
En febrero, Biden firmó una orden ejecutiva con la misma finalidad.
“Abordar las preocupaciones sobre el efecto de las políticas actuales de carga pública sobre la integridad del sistema de inmigración y la salud pública de la nación”, lee el documento. “Recomendar los pasos que deben tomar las agencias relevantes para comunicar claramente las políticas actuales de carga pública y los cambios propuestos, si los hay, para reducir el miedo y la confusión entre las comunidades afectadas”, añade.
Aunque el Gobierno federal cuenta con la facultad desde hace mucho tiempo de negarle la residencia permanente a aquellos inmigrantes que se entienda son propensos a volverse una carga pública, las autoridades nunca han definido el término de manera formal.
Antes de la reinterpretación que hizo la Administración Trump de la norma de carga pública, su alcance se limitaba a examinar si el solicitante de la “green card ” dependería de ayuda en efectivo. En el 2019, el Departamento de Seguridad Nacional la amplió para incluir otro tipo de beneficios no monetarios como Medicaid, cupones de comida y asistencia para vivienda.
Adicional, se añadió una evaluación de si la persona podría necesitar ese tipo de asistencia durante más de 12 meses en un período de tres años.
Tras una serie de demandas, varias cortes emitieron opiniones contradictorias sobre la legalidad de la medida de Trump. Pero antes de que se pudiera alcanzar un fallo final, el Gobierno de Biden decidió dejar bloqueada la disposición.
Ahora, tras el pedido de 13 fiscales generales republicanos, la Corte Suprema debe establecer si estas demarcaciones pueden continuar aplicando la medida.
Se espera que el foro judicial examine el caso durante la primavera del próximo año, y que tome una decisión en junio.
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