En qué consiste el castigo a inmigrantes que solicitan la ‘green card’ que republicanos piden a la Corte Suprema

Parecía que el castigo a inmigrantes que han pedido ayudas sociales y buscan obtener una ‘green card’ había sido cancelado, luego de que el presidente Joe Biden terminara con la regla en marzo pasado que enfrentó varios desafíos en tribunales.

Sin embargo, el problema está todavía lejos de terminar, pues un grupo de 13 fiscales generales estatales republicanos, encabezado por el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, pidió a la Corte Suprema escuchar argumentos, para tomar una nueva decisión. La moción fue aceptada y resurge el peligro de una posible decisión en contra de inmigrantes.

El escenario es incierto, sobre todo luego de algunas decisiones migratorias importantes de la Corte Suprema sobre programa iniciados por el expresidente Donald Trump que la Administración Biden ha intentado terminar, como los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) o Permanecer en México, el cual debe ser repuesto con base en un nuevo acuerdo con México.

La decisión de los jueces del Máximo Tribunal ocurrirá hasta la primavera del siguiente año sobre el plan que, según varios expertos, no solamente es un castigo por solicitar ayudas sociales, como cupones de alimentos o ayuda para vivienda, sino incluso por el historial de un inmigrante, incluyendo sus estudios, edad y estado de salud.

La regla que fue cancelada por el presidente Biden, la cual ya tenía lista para implementar la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), destacaba que la evaluación a un no ciudadano también daba autoridad a los oficiales que evalúan cada caso “para emitir bonos de carga pública” durante el ajuste de estatus para la Residencia Legal Permanente.

Se trata de varios elementos que se sumarán a su evaluación para determinar si estas personas son factibles de recibir la ‘green card’ o incluso la extensión de alguna visa.

Cuando estuvo a punto de entrar en vigencia la nueva regla, este diario consultó a los abogados Lynn Neugerbauer, abogada supervisora y de defensa de deportación de Servicios Católicos de Inmigración (CMS, en inglés); Nina R. McDermott, abogada gerente de la Línea de Ayuda de Catholic Charities Community Services y Dan Smulian, abogado senior de la misma organización, quienes coincidieron en que la evaluación de la situación de cada inmigrante es única y por ello era importante pedir asesoría.

“Hay varios factores en esta regla, cada caso es único, y cuando una persona aplique se van a evaluar estos factores, como la edad… pero no es el único, el gobierno mirará otros factores y al final los considerará todos para una decisión (de otorgar el beneficio)”, indicó McDermott.

La regla estaba a punto de iniciar el 24 de febrero del 2020, pero fue detenida por la Administración Biden, aunque nuevamente podría ser retomada.

En un amplio documento, USCIS contempla varios aspectos sobre cómo debía aplicar la regla, indicaron abogados:

Ayudas públicas.- La personas que reciben apoyos de programas sociales, como Medicaid, cupones de alimentos (SNAP), ayudas para vivienda, durante 12 meses en un periodo de tres años.

2. Edad.- Se contaría si el solicitante es menor de edad y quién mantiene a esa persona; también si es mayor de 62 años. Los expertos combinaron este factor con la salud de la persona, lo que sumaría a un elemento positivo o negativo, según fuera el caso.

3. Salud.- Inmigrantes con enfermedades crónicas, como un problema del corazón, enfrentarían complicaciones, sobre todo si el seguro médico con el que reciben atención es subsidiado.

4. Estudios.- Los oficiales evaluarían el grado educativo de la persona, así como su nivel de inglés para considerarlos factores positivos o negativos. La capacitación se volvería un elemento esencial, ya que podría considerarse que esa persona puede integrarse más fácilmente al mercado laboral.

5. Estados financieros.- La revisión de los bienes de los inmigrantes sería un elemento clave, así como el dinero que tenga ahorrado y los ingresos familiares. Los importante sería que una persona pudiera pagarse una vivienda, alimentación y atención médica.

6.- Trabajo.- Aquellos no ciudadano que no hayan tenido, por ejemplo, un trabajo en los últimos dos años –sin ninguna justificación válida– podrían enfrentar problemas, sobre todo si no hay una oferta laboral visible.

7. Familia.- La situación familiar también podría ser evaluada, ya que los oficiales considerarían si un inmigrante forma parte de una familia grande con pocos recursos o pequeña, pero con suficientes ingresos.

La demanda de los fiscales republicanos afirma que los estados podrían ahorrar hasta $1,000 millones de dólares al año si se aplicara la regla.

Aunque los argumentos en la Corte Suprema se escuchen en marzo, una decisión podría ocurrir hasta junio del siguiente año.

Existe una regla de “carga pública”

Los extranjeros que solicitan la Residencia Permanente todavía deben demostrar que tienen capacidad para mantenerse sin ayuda gubernamental, debido a existe una regla de ‘carga pública’ en la Ley de Inmigración y Ciudadanía (INA), aunque son menos duras que el intento de la Administración Trump.

La evaluación corresponde a oficiales de USCIS y a los oficiales consulares que evalúan las peticiones de cualquier tipo de visa, incluso de turista, pero sobre todo la llamada ‘green card’ u otros beneficios migratorios.

“Cualquier extranjero que, en opinión del funcionario consular en el momento de la solicitud de visa, o en opinión del Fiscal General en el momento de la solicitud de admisión o ajuste de estatus, es probable que en cualquier momento se convierta en una carga pública sea excluible”, indica el INA.

Por ello, en las solicitudes ante USCIS, incluso de ciudadanía, tener un patrocinador financiero o suficientes recursos, son elementos clave.