Estados Unidos pone en “lista negra” a dos funcionarios de Nayib Bukele vinculados con la delincuencia organizada en El Salvador
La Administración Biden integró a Osiris Luna Meza y Carlos Marroquín, quienes trabajan en el sistema de seguridad y justicia de El Salvador, en una "lista negra" de funcionarios corruptos vinculados al crimen organizado; hay versiones que parte de las sanciones también obedecen a negociaciones con las pandillas MS-13 y Barrio 18
Estados Unidos integró a su “lista negra” a dos funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, quienes habrían participado en un esquema de robo de alimentos y otros actos de corrupción.
El Departamento del Tesoro integró a la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) a Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de Centros Penales AdHonorem, y Carlos Marroquín, director de Reconciliación del Tejido Social.
También se sumó a la madre de Luna Meza, Alma Yanira Meza Olivares, quien habría formado parte de un esquema para lucrar con alimento de un programa especial durante la pandemia de COVID-19, según una investigación de la unidad especial de la fiscalía creada por el exfiscal general Raúl Melara, donde incluso se mostraron grabaciones telefónicas, documentos oficiales, registros de controles de entrega y fotos de camiones con los alimentos de la cárcel La Esperanza.
Aunque el Gobierno de Estados Unidos no lo menciona, según José Luis Sanz, corresponsal en Washington, D.C. de El Faro, medio que dio a conocer la investigación en El Salvador, afirma que los señalamientos contra los funcionarios también son por sus negociaciones con las pandillas MS-13 y Barrio 18.
El secretario de Estado, Antony Blinken, destacó la designación de estas personas y otras 13 de Kosovo y Serbia vinculadas a la delincuencia organizada transnacional.
“Estados Unidos impone hoy sanciones a 16 personas y 24 entidades de varios países de Europa y el hemisferio occidental”, destacó el secretario.
La decisión, defiende, se basa en la Orden Ejecutiva 13818 del presidente expresidente Donald Trump, que retoma la Ley de Responsabilidad Global Magnitsky sobre los Derechos Humanos.
También cita a la Estrategia de EE.UU. para combatir la corrupción, publicada el 6 de diciembre pasado por el presidente Joe Biden.
“El crimen organizado transnacional es desestabilizador, y estos grupos a menudo se confabulan con los funcionarios públicos para protegerse del enjuiciamiento y la rendición de cuentas”, lamenta Blinken. “Las organizaciones criminales transnacionales también operan a través de las fronteras… el crimen organizado respaldado por actores corruptos puede desestabilizar el estado de derecho, erosionar la confianza en las instituciones públicas y debilitar la gobernabilidad democrática”.
Bukele, quien es un asiduo usuario en Twitter, no ha comentado sobre las sanciones, pero la relación con EE.UU. tiene un historial complicado, debido a los señalamientos contra el Gobierno salvadoreño de socavar la libertad de expresión y atacar a medios de comunicación, lo que incluso ha derivado en recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.